El pasado 23 de julio, el Superintendente General de Valores, Tomás Soley Pérez, ordenó a BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (BCR SAFI) aumentar su capital social, por lo cual, el Banco de Costa Rica (BCR) anunció que acatará la orden y aportará ¢22 mil millones para fortalecer su patrimonio en un plazo máximo de cinco meses.
La Superintendencia además de pedir el aporte del BCR, exigió a la BCR SAFI que debía utilizar las utilidades retenidas, no distribuir dividendos a sus accionistas, presentar un informe de auditoría externa sobre las provisiones a pagar y registrarlas cuando correspondan, producto de procesos judiciales y administrativos o por la disposición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
El Banco de Costa Rica (BCR) aportará hasta ¢22 mil millones de capital social a su subsidiaria BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) para fortalecerla patrimonialmente.
De acuerdo con voceros del BCR el monto que aportará el banco será capitalizado una vez que se apruebe el presupuesto extraordinario para dicho fin y fueron enfáticos en señalar que el monto a transferir a la subsidiaria no impactará a las utilidades de la entidad, ni tiene efecto en los productos y servicios que mantiene con sus clientes
Según el BCR SAFI, desde su junta directiva y la Administración, han centrado sus esfuerzos en fortalecer el valor a los activos administrados y que tras la solicitud de Sugeval utilizará todas las utilidades retenidas al cierre del período 2023 para reforzar la partida de capital social.
Además, afirmó que acatará todas las disposiciones planteadas por la Superintendencia, como prohibir la distribución de dividendos, mantener en inversiones en valores de alta calidad crediticia el monto equivalente a los aportes de capital requeridos y presentar el informe anual.
Estas medidas solicitadas por la Sugeval son parte de la supervisión que ha mantenido sobre dicha entidad desde finales del 2022 hasta la fecha, luego de que inversionistas de la SAFI-BCR denunciaran que la compra del PEP –realizada en febrero de 2020 – se realizó por $70,8 millones; pero avalúos posteriores tasan el mencionado parque en $27,4 millones (tema que se encuentran en investigación).
La Superintendencia aseguró que estas medidas son una manera prudencial para reforzar el capital de la administradora del fondo ante eventuales responsabilidades, producto del ajuste en el valor del PEP y para luego de que las instancias judiciales y administrativas que se encuentran en curso determinen dicho valor en el momento que corresponda.
Actualmente, la Sugeval mantiene investigaciones y procedimientos administrativos en curso, al tiempo que colabora con las autoridades judiciales competentes en relación con BCR SAFI y las compras de inmuebles efectuadas por esa entidad para sus fondos, mientras que de manera complementaria se han solicitado acciones respecto a situaciones particulares encontradas en el proceso de supervisión.
