El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, respaldó esta tarde el proyecto de ley 21.177: la iniciativa que buscaría rebajar las tasas que se cobran por el uso de datáfonos en el país.
Cubero señaló que “el mercado sin regulación normalmente genera comisiones de intercambio más altas que las que son socialmente óptimas”, una enseñanza de la literatura económica que, según dijo, justifica impulsar las modificaciones propuestas.
Así lo señaló este martes en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, espacio en el que actualmente se reciben los primeros criterios formales sobre la iniciativa.
Cubero indicó que muchos de los porcentajes que se cobran por el uso de los datáfonos se suelen utilizar para brindar otros beneficios a los tarjetahabientes; sin embargo, ese beneficio recae solo sobre un sector de los consumidores (los que usan tarjetas de crédito).
Además, dijo que esto representa una especie de “transferencia implícita”; es decir, que los propietarios de tarjetas de crédito terminan recibiendo los beneficios de una inversión colectiva, que los bancos cargan a los negocios y estos, a su vez, a los precios.
“Lo que se ha visto es que para estimular el uso de tarjetas, los bancos tienden a otorgar puntos y sobreincentivar por ese medio. En otras palabras, subsidian el uso de las tarjetas de crédito a expensas de los comercios, porque para financiar ese estímulo cobran comisiones de intercambio muy alto a los comercios, lo que significa que los costos para los comerciantes se inflan”, explicó
“(Por eso) los comercios transfieran parte de esos costos a los precios de ventas de los bienes y servicios, y quienes pagan con efectivo no se ven beneficiados con el sistema de puntos a los tarjetahabientes, pero sí tienen que pagar los altos precios igual”, añadió.
A pesar de este punto de vista, el presidente del Central sí señaló que ve necesario que la regulación se base en criterios técnicos y que la definición final de las tasas quede en manos del Banco, pues se deben evitar posibles efectos negativos de que podrían surgir de cualquier control de este tipo.
En total, las transferencias con tarjetas de crédito y débito implican el cobro de dos comisiones: una de adquirencia y otra de intercambio. La primera es la que cobran los bancos operadores de datáfonos por brindar el sistema de pago (en cada transacción), mientras que la segunda es la retención que realiza cada datáfono en favor de los bancos que proveen las tarjetas.
Estas comisiones actualmente se rigen de forma privada por los bancos, algo que este proyecto buscaría dejar en manos del Banco Central y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), encargado de regir la competencia.
Según datos recopilados de la Cámara de Comercio y del Banco Central, el Banco Central Europeo establece topes del 0,3% para las comisiones en tarjetas de crédito y del 0,2% para las comisiones en tarjetas de débito. En países más cercanos como México, Argentina y Colombia, las tasas oscilan entre 1,4% y el 2,3% para tarjetas de crédito, y entre el 0,3% y el 1% para las tarjetas de débito.
En esa comparación, la Cámara de Comercio asegura que en el país los comercios pagan tasas que promedian el 5%, un impacto que se traslada a los precios y a las utilidades de las empresas, que incluyen las comisiones como ‘costos de operación’.
En la práctica, dice el BCCR, las tasas han oscilado entre el 1% y el 7%, dependiendo de factores como el tamaño de los negocios, pues con los más grandes los bancos oferentes acceden a una mayor flexibilidad (por los volúmenes de compras).
Lea también: ¿Qué comisiones cobran los bancos por el uso de datáfonos y por qué quieren regularlas?
Algunos cambios y mucha cautela
El Presidente Ejecutivo del BCCR además detalló algunas recomendaciones para “afinar” el proyecto, como delimitar las responsabilidades que tendrían el MEIC y el Central de mejor manera, establecer tasas máximas y no generales, y permitir al Central que tome en cuenta las realidades técnicas de todos los actores posibles, para “hacer un balance”.
Según Cubero, esto es necesario porque la aplicación de regulaciones podría tener efectos no deseados si no se modifican algunos detalles, como podría ser el aumento de tasas para algunos tipos de negocios que actualmente reciben tarifas menores (por acuerdo de bancos), la reducción en los incentivos de las tarjetas de crédito o la caída en las rentas de los bancos estatales.
Otro punto que señaló Cubero fue la necesidad de establecer sanciones por los incumplimientos, pues si no el texto sería de aún más difícil aplicación.
Además, el economista trató con cautela las impresiones de quienes aseguran que el proyecto significaría un rebajo directo en los precios o en los costos operacionales de las empresas, pues la evidencia de normativas similares aplicadas en países como Australia y Estados Unidos advierte que los cambios pueden ser más bien leves.
Eso sí, Cubero reconoció ante una pregunta del diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), que los casos citados partían de condiciones totalmente distintas, pues las tasas actuales en el país son bastante altas.
Villalta además cuestionó que el BCCR no regule de inmediato las tasas por su cuenta, algo que el frenteamplista ya reclama en los estrados, pero que el Central asegura no poder realizar aún por falta de sustento jurídico.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado Welmer Ramos, exministro de Economía, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Él sostiene que las condiciones actuales son oligopólicas, especialmente en un mercado en el que los mismos bancos que brindan los servicios de datáfonos establecen las tasas que cobran por ello.
En el país, los únicos bancos que ofrecen el servicio de datáfonos son el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional (BNCR), el BAC, Skotiabank y Promérica. Además, 27 entidades financieras ofrecen tarjetas de débito y 31 emisores ofertan plásticos de crédito.
