La Defensoría de los habitantes pide al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) que identifique los beneficiarios finales de avales, capital semilla y capital de riesgo.
En une estudio sobre la colocación de fondos entre 2015- 2018, la Defensoría solicita que el Consejo Rector del SBD incluya dentro de sus informes y en su sitio web “nombre y número de cédula de la persona física o jurídica, el monto del financiamiento, plazo, ubicación geográfica (distrito), sector de actividad, operador que colocó el crédito”, y la fuente de financiamiento que reciben.
“Esta desagregación es lo que nos va a permitir generar trazabilidad de uso efectivo de recursos y, además, a quienes se les está dando”, explicó la directora del área de control de gestión administrativa de la Defensoría, Hazel Díaz.
El estudio de la Defensoría afirma que, dentro de las poblaciones beneficiadas por Banca para el Desarrollo, solamente un 9% de los recursos se colocan en “zonas de menor desarrollo del país”. El mismo estudio describe que existen limitaciones para usar el sistema, en tanto usuarios relatan que los requisitos son más “complicado” con el SBD que con el restos del Sistema Financiero Nacional.
Díaz explicó que la Defensoría de los Habitantes solicitó información específica a la secretaría técnica de Banca para el Desarrollo. La primera respuesta que recibieron fue que era “imposible” y el SBD se amparó en el “secreto bancario”.
La Defensoría consultó experiencias previas de la Procuraduría como de la Contraloría General de la República y consultaron a la Agencia de Protección de Datos sobre los alcances del secreto bancario en el caso de un proyecto público como Banca para el Desarrollo. La Agencia resolvió que la información que le interesa a la Defensoría de los Habitantes “no constituye secreto bancario (…) y no es calificable de confidencial”, según explicó Díaz.
La directora de la Defensoría de los Habitantes aseguró que la información solicitada al SBD se puede usar para verificar el cumplimiento del artículo 7 de la Ley del Sistema. Dicho artículo establece como sectores prioritarios de sus beneficios a “los proyectos impulsados por mujeres, adultos mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas, los consorcios pyme (…) así como los promovidos en zonas de menor desarrollo relativo”.
La Defensoría asegura que la “falta de transparencia genera especulación”.
“Cuando no tenemos información, nos imaginamos cualquier cosa”, dijo Díaz.
“En la posibilidad más positiva, se puede confirmar que el sistema cumple con su objetivo o se puede confirmar que pueden existir irregularidades en el otorgamiento”, añadió.
