La imagen de país pacífico de Costa Rica enfrenta el desafío del crecimiento desbordado de las balaceras, que están aumentando sus repeticiones e inciden de manera directa en el histórico aumento de los homicidios en el país.
Los datos de reportes de balaceras al 911 interanuales de agosto evidencian esta aceleración, al pasar de 13.042 en el 2021 a 14.085 en el 2022, un alza de un 7,9%, pero al registrar 17.364 para agosto del 2023, se concretó un aumento de un 23,2% (ver gráfico).
En caso de que los reportes mantengan el ritmo de este año, podrían terminar el 2023 con más de 26.600 reportes, superando los 21.618 con los que finalizó el 2022.
Hay una relación directa con los homicidios, que presentaron un comportamiento similar: un aumento de un 9% en el dato interanual del 2022, que se disparó a un 41% para agosto del 2023 (ver gráfico).
Y así como los homicidios muestran un incremento histórico, también ocurre con estas balaceras, que oscilaban entre 1.400 y 1.500 al mes en el primer semestre del 2021, para alcanzar un promedio de 2.150 en el primer semestre del 2023.
Especial mención requiere abril del 2023, cuando se alcanzó la cantidad récord de 2.494 casos reportados. No parece casualidad que ese mes también registrara la mayor cifra de homicidios en la historia del país en un solo mes con 87.
Ese abril sangriento también representó el mes con más balaceras y homicidios en San José y Guanacaste, y el mes con más homicidios en Alajuela, y más balaceras en Puntarenas, lo que evidencia la conexión.
Empero, los datos de todo el país dan cuenta de la extensión de esta epidemia de pólvora. Ninguna provincia escapa al creciente fragor de las armas de fuego: para el corte de agosto, Puntarenas vio crecer estos incidentes un 48%, seguida de un 25% de Alajuela, San José y Guanacaste. Cartago se quedó con un 13% y con un 9% Heredia y Limón (ver nota aparte).
La estela de las balas
El criminólogo Erick Villalba comentó que existe una relación evidente entre el aumento de las balaceras y el de los homicidios en el país, e indicó que en Costa Rica hay elementos que lo potencian. “El perfil del sicario en Costa Rica no es profesional, como el que se ve en las películas. Aquí va mentalizado solo en eliminar a su objetivo, sin prestar atención a las víctimas colaterales, que también van en aumento”, dijo.
Agregó que el crecimiento de grupos de delincuentes también propicia los choques armados. “El crimen organizado se mueve por territorios, si un grupo quiere extenderse a un área donde ya existe otra, suelen terminar en un conflicto: si se elimina a un adversario, su grupo responde”, manifestó.
A esto se debe agregar la ausencia de una política pública de seguridad. “Lamentablemente, la seguridad no ha sido prioridad para este gobierno. Si se reducen los presupuestos, la capacitación, los recursos, pues se puede tener voluntad, pero es muy difícil remar contra la corriente”, indicó Villalba.
Adicionalmente, tampoco hay indicios de que se esté avanzando contra la epidemia de las armas de fuego: los decomisos de armas de fuego en el país apenas rozan los 2 mil al año, tendencia que pareciera mejorar levemente en este 2023, al proyectar las cifras a julio (ver gráfico). No obstante, en ninguno de los casos los decomisos logran superar siquiera el 10% de los incidentes reportados con armas de fuego.
Estado al banquillo
La seguridad no figuró entre las prioridades del presidente Rodrigo Chaves, ni en su campaña ni en su primer año: el primer presupuesto de la administración presentó reducciones en los planes de financiamiento de los ministerios de Seguridad y Justicia y Paz, e incluso el 13 de abril del 2022 el presidente Chaves indicó que los medios querían hacer ver que existía una crisis de seguridad.
Pero, pocos días después, el 19 de abril presentó el proyecto “Costa Rica segura”, que incluiría la presencia de alrededor de 10 mil policías en la calle y un presupuesto extraordinario para contratar policías. La propuesta de horarios policiales colapsó en menos de un día, y el ministro de Seguridad José Torres dejó el cargo el 8 de mayo.
No obstante, no se trata de una responsabilidad de corto plazo. La Contraloría General advirtió en el 2022 que el país no cuenta con una política pública de seguridad ciudadana desde el 2014, y hay advertencias de esa ausencia desde el 2007.
Adicionalmente, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, declaró en el Tercer Foro Académico de Seguridad y Convivencia, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, que el mismo Estado promovió un cisma en las posibilidades reales de las autoridades encargadas de perseguir el crimen, por medio de reformas legales que precarizaron a estas instituciones. Mencionó la reforma a las pensiones del Poder Judicial, la ley de finanzas públicas y la ley de empleo público y regla fiscal, que desincentivaron al empleo en estas instituciones o les redujeron el acceso a recursos.
Ante estas situaciones, se han presentado oleadas de renuncias en entidades que deben combatir un crimen al alza, con menos recursos y personal menos capacitado. Y con menos posibilidades de investigación, señaladas por el OIJ, la impunidad se vuelve cómplice para que crezcan estos delitos.
Y en línea con las advertencias de la Contraloría, los criminólogos también resaltan que las políticas para prevenir la delincuencia y la violencia tienen dos niveles: la preventiva, que implica la inversión pública en educación, empleo y oportunidades en las comunidades para que los jóvenes no adopten la ruta de la criminalidad; y la represiva, de corto plazo, que requiere perseguir y sancionar los hechos contra la ley. En ambos casos, el país presenta desafíos crecientes, con la inversión social pública a la baja, que alcanzó en el 2023 sus menores niveles de la historia.
Sin embargo, al menos en la parte del discurso, pareciera prepararse alguna reacción: para el presupuesto del 2024, el Ministerio de Hacienda enfatizó que se destinará un 7,9% de ese plan de gastos del Gobierno central para seguridad, por un monto de ₡995.502 millones.
Reportes de disparos crecieron en todas las provincias: 48% en Puntarenas, 9% en Heredia y Limón
Reportes de balaceras aumentan en forma continua desde 2021. En los promedios de incidentes por mes, despuntan los casos de San José, al pasar de 515 a 722, y Puntarenas, de 133 a 248. Limón mantiene relativa estabilidad, al pasar de 220 a 236.
