La pandemia exacerbó muchas disparidades en las sociedades de América Latina y el Caribe y también puso en evidencia la creciente vulnerabilidad en la que viven más de 800 pueblos indígenas en la región, frente a los desafíos que experimenta los países para lograr una mejor cobertura de los sistemas de protección social.
Así lo destacó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su más reciente estudio Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina: La protección social como ruta hacia una recuperación inclusiva frente a la pandemia de COVID-19.
“La crisis ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan en el acceso a la atención de salud y a la seguridad social, consecuencia de la discriminación y marginación histórica”, indicó el documento.
En la región hay casi 55 millones de mujeres y hombres indígenas, representando el 8,5% del total de la población latinoamericana, y el informe mostró que se está produciendo una tendencia importante, como es el crecimiento de la población indígena que vive en centros urbanos, pues aproximadamente el 52% de la población indígena vive en estas zonas y el 48% en las rurales.
El estudio de OIT señala que hay tendencias globales que se reproducen en la región, como la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y entre los más pobres, el bajo acceso al trabajo decente, así como los obstáculos a su acceso a la educación y a la participación política.
La migración hacia zonas urbanas está impulsada por la búsqueda de mejores oportunidades de generación de ingresos y por factores impulsores como el despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, los desplazamientos debido a conflictos y violencia, entre otros.
El 85% de las mujeres y hombres indígenas en América Latina y el Caribe están ocupados en la economía informal, muy por encima de la tasa de alrededor de 50% para la población ocupada en general.
Además, los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población. De acuerdo con los datos disponibles el 16% de los indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del 4%.
En cuanto a la protección social, los pueblos indígenas de la región son en menor proporción aportantes y pensionistas que los no indígenas y tienen menor acceso a los sistemas de salud, y según el informe, las mujeres y hombres indígenas dependen más de los sistemas de ayuda social.
