La Asamblea Legislativa le dió el segundo debate en primera legislatura a la propuesta de la diputada oficialista Pilar Cisneros para introducir en la Constitución Política la posibilidad de extraditar costarricenses, en los casos de narcotráfico y terrorismo.
Los 44 diputados presentes le dieron apoyo unánime al proyecto 23.701, la reforma al artículo 32 de la Constitución Política para la extradición de nacionales, presentado por Cisneros el pasado 23 de abril del 2023.
El presidente legislativo Rodrigo Arias declaró que el proyecto se remitirá a la Comisión Especial de Redacción, que deberá presentar el texto definitivo para que el 25 de noviembre se realice el debate por la forma. Posteriormente, el texto deberá remitirse a Casa Presidencial, para que la reforma se incluya en el informe presidencial de mayo, y posteriormente requiere de tres debates en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el camino parece allanado, dada la ausencia de votos en contra. Esto contrastó con el inicio del proyecto, en el que principalmente las bancadas del Frente Amplio (FA) y el Partido Liberal Progresista (PLP) externaron dudas.
Esta situación fue recordada por varios diputados durante el debate. Priscila Vindas, del FA, indicó que aunque todavía tenían «ciertas reservas», lo votarían a favor, porque luego de externar dudas en materia de defensa de los derechos fundamentales, consideraron que un pronunciamiento de la Sala Constitucional, con el voto 026373-2024, dejó claro que la iniciativa mantenía la seguridad jurídica.
En una dirección similar, Jonathan Acuña, del FA, indicó que consideraron que el proyecto permitía tener garantías de que se protegerían los derechos fundamentales y el debido proceso, por lo que podían apoyarlo «sin subirse al patín del populismo punitivista».
En las filas del PLP, Gilberto Campos también rememoró que al principio el proyecto presentó muchas dudas, principalmente en materia de si era posible realizar esta reforma mediante el trámite de cambio parcial a la Constitución Política, o si estaba reservada para una Constituyente. Posteriormente, el trabajo de la comisión especial que tramitó la reforma, y por la que desfilaron especialistas nacionales y de otros países como Colombia, hizo que la oposición a la reforma se diluyera. «Eso quedó completamente aclarado», afirmó Campos. Así, la comisión dictaminó el pasado 8 de julio, en forma unánime, para recomendar al Plenario la aprobación de esta reforma.
Adicionalmente, la delimitación de la posibilidad de extradición a los temas de narcotráfico y terrorismo terminó por derribar las objeciones, en el sentido de que la extradición no se justificaría para situaciones de motivación política, y tendría la garantía adicional de que solo podría concretarse con países con los cuales Costa Rica tenga acuerdos en ese sentido.
