El proyecto 24088, que pretende trasladar recursos que actualmente administra el Instituto Costarricense Sobre Drogas a un fondo de recompensas por información sobre miembros de organizaciones criminales declarados en fuga o rebeldía, avanzó este lunes en la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico.
A pesar de la oposición de la oficialista Pilar Cisneros y la independiente Gloria Navas, el proyecto recibió el visto bueno de su proponente y presidente de la comisión, Gilbert Jiménez; el liberal Gilberto Campos y el socialcristiano Horacio Alvarado.
La iniciativa pretende crear el “Fondo de Recompensas contra el Crimen Organizado y todos aquellos delitos asociados a la actividad del Narcotráfico”, cuyo fin es otorgar beneficios monetarios a las personas, “que brinden información que conduzca a la detención de miembros del crimen organizado y redes de narcotraficantes que operen dentro y/o fuera del en el país y que se encuentren en estado de rebeldía así señalado por un juez competente de la República”.
Para nutrir ese fondo, explica el texto, se toma un 10% de la totalidad del dinero de decomisos, que actualmente se destina a la operación del ICD y se dirige al fondo. Además se detalla que de trascurrir cinco años, si no se han ejecutado los dineros del Fondo, la mitad se destinarán al Ministerio de Seguridad Publica y Gobernación para cubrir necesidades de cuerpos policiales.
La oficialista Cisneros objetó la medida pues consideró que el ICD “está haciendo un trabajo muy importante y que necesitamos más que nunca”, por lo que votó en contra.
Por su parte, Navas dijo que las recompensas económicas “son peligrosas” pues a pesar de que a las personas se les advierte de las consecuencias si mienten, siempre hay quien lo hace “con tal de ganarse la recompensa”. “La experiencia nos muestra que esa gestión de denuncia en esa forma por medio de recompensa no es útil, ni tiene eficacia”, indicó.
Jiménez intervino para detallar el porcentaje que se tomaba y aclaró que sería posible en adelante hacer observaciones y cambios para que ambas diputadas estuvieran satisfechas con la versión final.
Tras la votación se dio la discusión de otros proyectos, de los cuales fueron aprobados uno del Frente Amplio que elimina los tipos penales de rapto -que existen solo sobre mujeres y usan lenguaje obsoleto como “mujer honesta”- para “armonizar el ordenamiento jurídico” a estándares internacionales.
También se aprobó una iniciativa de Campos que obligaría a todo el personal del OIJ, Fuerza Pública y Policía Penitenciaria a rendir declaración patrimonial ante la Contraloría General de la República para evitar casos de corrupción y se rechazó de plano, por unanimidad de votos, el expediente 24094, que pretendía la eliminación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado (DIS).
