La crisis migratoria que enfrenta Costa Rica en el 2024 podría ser al menos del doble del problema que se presentó en el año pasado, con el tránsito de más de 700 mil personas buscando trasladarse a América del Norte, o solicitar la condición de refugiado político que tiene citas para diez años plazo.
En cualquier caso, Costa Rica no tiene los recursos para atender esta situación, advirtió el canciller Arnoldo André a los diputados de la comisión de Puntarenas, que lo convocó para conocer el enfoque del Gobierno ante las denuncias de vecinos del cantón de Corredores, en el sentido de que la situación se desborda. André llegó acompañado de Marlen Luna, viceministra de Gobernación y Policía.
Luna dimensionó el aumento que muestra el problema migratorio: «Del 2020 al 2021, se atendieron 30 mil personas. En el 2022, fue todo un reto logístico, porque aumentó en más de 10 veces el número anterior, y este año, creemos que va a llegar al doble del año pasado», dijo.
André especificó que el país enfrenta un desafío migratorio en dos direcciones opuestas. «De norte a sur, recibimos un volumen de un cuarto de millón, que vienen principalmente de Nicaragua, pero también de Cuba, que han generado una presa en solicitudes de refugio de más de 200 mil, con citas de atención a 9 y 10 años plazo. De estos, suelen calificar para la condición de refugiados entre un 10 y 15%. Y de sur a norte, hay un fuerte flujo que para agosto había alcanzado las 300 mil personas, y se podría proyectar a unos 500 mil», dijo.
El canciller también indicó que el flujo que se presenta para transitar el país hacia Estados Unidos no es un fenómeno limitado a venezolanos. «El año pasado eran casi todos venezolanos, ahora se reporta que alrededor de un 66% son venezolanos, un 12% son ecuatorianos, un 7% son haitianos, un 5% viene de China, un 3% de Colombia, y hay un 1% de la India, de Afganistán, Perú y Chile, y otros países asiáticos como Vietnam», manifestó.
Ante esta situación, alertó que deben existir grupos criminales y de trata de personas propiciando el flujo de inmigrantes desde América del Sur hacia Estados Unidos.
Fue claro en que el país no tiene control ni recursos para enfrentar esta situación. «Ambas fronteras y las costas son absolutamente porosas, no existe capacidad del Estado para tener un control de ambas fronteras», manifestó ante consultas de los diputados.
En ese sentido, mencionó que desde la Cancillería ha gestionado apoyo de la comunidad internacional para un problema que el país no originó y que tampoco tiene los recursos para atender. Mencionó dos préstamos por $20 millones, uno del Banco Mundial y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que deberían respaldar la atención del fenómeno migratorio y las poblaciones que dan acogida a estos grupos en tránsito.
También manifestó que medidas unilaterales que adoptó Panamá para restringir el movimiento que se realiza desde el Tapón del Darién podrían aliviar el panorama, pero ello llevaría tiempo.
Entretanto, Luna indicó que la mayoría de del flujo sur-norte solo permanece pocas horas en el país, si tienen los recursos ($30) para pagar un autobús que los lleva directamente a la frontera norte. No obstante, admitió que alrededor de un 10% no tienen esos recursos, lo que genera una población de entre 1.600 y 3 mil personas en la frontera sur, mientras consiguen recursos para movilizarse. Adicionalmente, si llegan a la frontera norte, ahí se presenta otro «rebote», ya que algunos no tienen los fondos que solicitan las autoridades de Nicaragua, por lo que otro porcentaje se mantiene en el país.
André también indicó que hay opciones que se están sobre la mesa: Panamá adoptó medidas unilaterales para restringir el paso migrantes ilegales desde el Tapón del Darién (limitación que Costa Rica no realiza), lo que podría desestimular el movimiento, pero no a corto plazo. Entretanto, se exploran medidas para reducir los problemas en el país, como la posibilidad de que los buses panameños no se detengan en la frontera sur y pasen directamente hasta la frontera norte.
