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Sin rumbo claro, Comisionado de Inclusión Social promete «luchar por la justicia» aunque le «cueste la vida»

Sossa demostró su desconocimiento en derechos humanos ante la comisión legislativa, insistiendo repetidamente en que "discriminación positiva" (acciones que pretenden corregir desigualdades) significa que una población avance mientras otras se quedan atrás, "como sucedió en el gobierno pasado"

A pesar de no tener una ruta clara de trabajo, ni una agenda de problemáticas por atender o iniciativas por promover, el Comisionado Presidencial de Inclusión Social prometió a la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos luchar por la justicia para las poblaciones que representa, aún si eso implica «dejar mi sangre, mi piel, mis pulmones, aunque me cuesta la vida».

Ricardo Sossa, quien es periodista de profesión y asumió el cargo el pasado 18 de julio, compareció ante la mencionada comisión para conversar con sus integrantes sobre sus propuestas y planes de trabajo, así como del rumbo legislativo en materia de derechos humanos.

Cabe destacar que este intercambio se dio en el contexto de una comisión que no tiene en el período presente ningún expediente para analizar, pues entre los expedientes convocados por el Ejecutivo (que tiene la decisión en sesiones extraordinarias), no hay ninguno que se haya definido, le corresponda.

Sossa comenzó su intervención presentándose y explicando que su oficina representa a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades LGBTQAI (lesbianas, gays, bisexuals, trans, queer, asexuales e intersexuales) del país, previamente atendidas por comisionados específicos (en el caso de comunidades LGBTQAI y afro) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, que sigue funcionando, en el caso de las poblaciones indígenas.

«Desde la presidencia de la República y desde mi oficina la tarea será gestionar esfuerzos para garantizar el acceso a derechos humanos de esas poblaciones mediante acciones coordinadas con el Poder Ejecutivo, las instituciones públicas y las mismas comunidades», dijo.

Agregó que su trabajo estará guiado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (obviando otros tratados y convenios suscritos por el país) y dijo que la administración Chaves Robles considera que «todos los derechos tienen la misma importancia» y que las poblaciones se tratarán «de modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis».

El diputado frenteamplista Antonio Ortega pidió al comisionado ahondar en una frase que dijo al periódico La República días atrás, afirmando que “no habrá más discriminación positiva para un grupo, en detrimento de otros sectores”.

Puntualmente, Ortega le pidió definir discriminación positiva (que de acuerdo con la RAE se trata de medidas para dar acceso preferencial a derechos a personas de un grupo que tradicionalmente han sido discriminado para crear una sociedad más igualitaria), a lo que el comisionado indicó que usa el término para referirse a «cuando se beneficia a una población dejando atrás a otras, como pasó en la última administración pues no veo avances signficativos para la comunidad afro pero si para la de la diversidad».

Sin rumbo definido

Tanto Ortega como Rosalía Brown (de Nueva República) y la liberacionista Sonia Rojas, consultaron al comisionado sobre reuniones específicas que haya sostenido con las poblaciones que su oficina atiende y sobre los proyectos puntuales que pretende impulsar en beneficio de las mismas.

Ante esas consultas, Sossa insistió en su compromiso con la justicia, la lucha por la igualdad y su empatía por el sufrimiento que provocan diversas situaciones que afectan a los grupos mencionados, al tiempo que dijo que ha sostenido «conversaciones informales» y destacó su participación en espacios como la Mesa técnica para asuntos indígenas. Eso sí, no puntualizó ninguna iniciativa específica o plan de acción con respecto a los derechos de estas poblaciones.

Confrontado por Brown con la vaguedad de sus planes indicó que su tarea principal a corto plazo es la «escucha activa» con organizaciones con las que se encuentra coordinado pero «las agendas son compejas» y agregó que «las políticas impuestas son ilegítimas, esa no sera la tónica de este comisionado».

En tiempo cedido por otros diputados para continuar con sus cuestionamientos, Ortega pidió al comisionado referirse al proyecto para prohibir las torturas o mal llamadas «terapias» de conversión. Sossa consideró que esos procedimientos no pueden llamarse terapias y agregó que «la naturaleza sexual no es algo que se deba curar».

«Yo soy del criterio que la sexualidad no es una inclinación, porque no es estar torcido; no es una orientación porque yo no elegí ser homosexual, no es una decisión. La homosexualidad, bisexualidad, etc., es parte de la naturaleza sexual, como el color de mi cabello», dijo.

Ortega señaló al comisionado que desde que asumió la actual administración, se han dado situaciones que afectan a las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH ), mediante el desfinanciamiento de las organizaciones por parte de la JPS, el hecho de que el INS le prohibiera a la organización Transvida seguir usando un inmueble y que los tratamientos para el virus, así como el programa de Prep (profilaxis prexposición) en la CCSS estuvieran en riesgo. «Creo que no es casualidad que hayan ataques sistemáticos», dijo el diputado.

Sossa respondió que su oficina no representa ni a la JPS, ni al INS, ni a la CCSS pero dijo que lucharía «porque los programas y el tratamiento de la salud no se vea vulnerado». Sobre la situación con Transvida dijo que invitó a su presidenta para conversar y que está «haciendo llamadas para hablar con el gerente del INS para tener un panorama objetivo antes de pronunciarme».

«Sobre lo de la CCSS lucharé con toda mi alma para que este medicamento que salva vidas no falte», dijo.

Nuevamente consultado por el frenteamplista sobre propuestas específicas en la corriente legislativa que considerara que ameritan especial atención, sea por fortalecer o amenazar derechos humanos, el comisionado solamente mencionó el expediente 22833 que pretende reconocer el estatus de refugio a causa de migraciones climáticas, que dijo era una prioridad.

Sobre la vacunación obligatoria y la no compra, por parte del estado, de vacunas contra la viruela símica, el funcionario dijo nuevamente que «no representaba» a la Comisión de Vacunación o al Ministerio de Salud y que «no le corresponde» hablar por el gobierno al respecto, pero agregó que «desde una perspectiva de derechos humanos libertad y la igualdad deben permanecer (sic) en todas las personas».

La última intervención estuvo a cargo de la presidenta de la comisión, Montserrat Ruiz, quien le pidió a Sossa definir nuevamente y en vista de su error qué es discriminación positiva, referirse a la mejor atención que recibirían las poblaciones con comisionados específicos, puntualizar cuál ha sido el acercamiento con organizaciones que trabajan en derechos humanos e indicar porqué solamente se refirió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, obviando otros convenios.

También le pidió detallar si ya ha definido decretos o políticas públicas en materia de derechos humanos, explicar la pertinencia de su curriculum para el cargo y finalmente,le consultó si considera que la designación de un representante nominado por la dictadura nicaragüense para la presidencia del SICA podría ser «lesivo para el estado de los derechos humanos de la región».

Por falta de tiempo el funcionario no respondió todas las preguntas, pero sí insistió en la definición errada de discriminación positiva como «proponer el avance de una comunidad dejando atras a otras comunidades» a lo que la diputada pidió al panel entender en su definición correcta y reconocer su importancia, por ejemplo, en la historia de los derechos de las mujeres. «Este concepto debe tenerse en cuenta para legislar», dijo.

Sobre su curriculum, Sossa dijo: «soy un ser humano más allá de un título universitario o un título que me conceda la presidencia, un ser humano sirviendo a seres humanos» y detalló que es periodista con una licenciatura en ciencias sociales y económicas, una maestría en la misma materia y un doctorado en administración de recursos humanos. Además destacó su experiencia con niñez y adultos mayores, aunque según sus propias palabras, estas poblaciones no son las que atenderá su oficina.

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