La rectoría de la Universidad Nacional y la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC) solicitaron de forma vehemente al presidente Carlos Alvarado vetar la ley derivada del expediente 21.478 “Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Arrastre de Camarón en Costa Rica”.
Asimismo, el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica y la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica (Canatur), manifestaron públicamente su oposición a la aprobación del proyecto de ley.
Rectoría de la Universidad Nacional
Primero, la rectoría de la UNA recordó que la Escuela de Ciencias Biológicas y otras unidades académicas trabajan desde 1985 con el estado y comunidades en diferentes campos de las pesquerías, apoyando a la Dirección de Pesca -posteriormente Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca)-, “siempre buscando los principios del desarrollo sostenible, con equidad social, el bienestar económico de la ciudadanía y la protección del medio ambiente”.
Según el pronunciamiento emitido por la Rectoría de la UNA desde 1990 las y los investigadores de la UNA han alertado de la sobreexplotación de varias especies marinas, como el camarón, a través de diversos estudios e informes científicos, en los que se solicitaba un cambio en las políticas públicas de la actividad pesquera.
“La pesca de arrastre desobedeció los llamados de la sociedad civil, y agravó la situación cuando sus ingresos principales, cambiaron de la especie objetivo (camarón) por los peces de interés comercial que capturaban (pargos, corvinas, cabrillas, robalos), afectando los ingresos del sector de pescadores artesanales, sumándose a la carencia de Incopesca para vigilar y sancionar las actividades ilegales, no declaradas, no documentadas”, criticó la UNA.
También apuntó que cuando en el 2013 la Sala Constitucional prohibió pemitir o renovar nuevas licencias, recalcando los daños severos al fondo marino, la Junta Directiva del Incopesca optó por crear nuevas licencias, después de tratar infructuosamente de cambiar la prohibición.
Comisión Política del PAC
En su pronunciamiento, la Comisión Política del PAC acordó exhortar al presidente para que vete el expediente legislativo de pesca de arrastre y apoyar “la justa lucha que están llevando adelante las y los pescadores artesanales”.
De acuerdo con la Comisión, la fracción legislativa dio una lucha consecuente contra la pesca de arrastre durante la tramitación del expediente evidenció que proyecto tendría nefastas consecuencias ecológicas, y más pobreza y desempleo en las zonas costeras.
Indicaron que durante la campaña electoral el PAC fue claro sobre su oposición a la pesca de arrastre como uno de sus compromisos públicos. Y agregaron que en su Estatuto Orgánico el partido dice que “(…) las propuestas formuladas en campaña electoral serán de acatamiento obligatorio para los representantes y funcionarios que accedan a cargos públicos en virtud del apoyo de la ciudadanía a tales planteamientos”.
Colegio de Veterinarios
Por su parte, el Colegio de Médicos Veterinarios manifestó públicamente su oposición a la aprobación del proyecto. Su presidenta, Silvia Coto, manifestó: “La pesca de arrastre traería consecuencias nefastas y daños probablemente irreparables en los ecosistemas marinos. Recordemos que Costa Rica a pesar de ser un país pequeño se vende al mundo como un país verde, defensor de su naturaleza. Por favor, les pedimos coherencia con ese discurso”.
El Colegio hizo un llamado vehemente a las autoridades, al Poder Ejecutivo y a los diputados que aprobaron esta decisión a que reconsideren.
Cámara Nacional de Turismo
La Canatur manifestó su preocupación por el probable impacto que ocasionaría la pesca de arrastre en actividades turísticas asociadas al aprovechamiento de los recursos marinos, las cuales se destruirían por la disminución de especies, producto de la captura de fauna acompañante derivada de este tipo de pesca.
Mencionaron pesca deportiva, buceo, tours de avistamiento de especies como delfines, ballenas, tortugas, rayas, moluscos y crustáceos.
Canatur solicitó al Incopesca “que se aseguren de que no se otorgarán licencias para la pesca semi-industrial del camarón, hasta tanto no se cuente con los estudios científicos y técnicos, idóneos, transparentes y suficientes, y que confirmen la viabilidad de este tipo de pesca sin mayor daño a la ecología, de previo a la aplicación de la ley aprobada”.
El proyecto que reactivaría la pesca de arrastre se aprobó el jueves 22 de octubre y hoy la secretaría del directorio legislativo lo enviaría al Poder Ejecutivo. A partir de ese momento, el presidente Carlos Alvarado tendría un máximo de 10 días hábiles para decidir si veta o no la iniciativa.
