La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunció el pasado 10 de julio ante el Ministerio Público la adjudicación realizada por la Junta Directiva de la institución a tres cooperativas y una asociación por un monto cercano a los ₡470 mil millones.
Así se lee en el oficio AI-1099-2024, con carácter de “confidencial”, en poder de este Semanario.
“Se requiere respetuosamente a esa autoridad que dentro del ámbito de competencias y potestades jurisdiccionales que le otorga el ordenamiento jurídico pueda valorar lo expuesto en este documento y adopte las acciones que en derecho corresponda”, indicó la Auditoría Interna de la CCSS, en el oficio presentado ante el Ministerio Público.
En los hechos mencionados en la denuncia se encuentran mencionados la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, así como directivos y ex directivos de la institución como María Isabel Camareno, Roberto Quirós, Juan Ignacio Monge, y las funcionarias Karla Solano y María de los Ángeles Gutiérrez, entre otros.
Esta adjudicación, que ya se encuentra formalizada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), corresponde a la administración de las Áreas de Salud de Barva, San Pablo, Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás a las cooperativas y asociación Coopesana RL, Coopesiba RL, Coopesalud R.L, y Asemeco.
Hechos
En el oficio, la Auditoría Interna de la CCSS enumeró uno a uno hechos que este Semanario ha divulgado en los últimos meses respecto a esta polémica adjudicación.
Entre ellos, los estudios de costos realizados por dependencias de la CCSS que demostraron precios excesivos en las ofertas de las cooperativas, un “debilitamiento” en el cartel de licitación (según hizo constar una funcionaria de la institución) en un informe, así como un análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros realizado por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud tras solicitud de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, entre otros.
La Auditoría, por ejemplo, señaló que en la sesión de Junta Directiva N° 9311 celebrada el 09 de febrero del 2023 -a pesar de que la institución dispone de una estructura formal para el trámite de los procedimientos de contratación administrativa- este órgano designó una comisión conformada por los directivos María Isabel Camareno, Roberto Quirós y Juan Ignacio Monge, con la finalidad de que analizaran la ejecución de contratos vigentes por servicio de salud por terceros.
Días después, el 20 de marzo, en la sesión N° 9320, la Junta Directiva acordó instruir a la Gerencia Médica anular el proceso de licitación No. 2021LN00034-0001101142 Prestación de los servicios integrales de salud en un primer nivel de atención. Esto se acordó con base en una moción presentada por los tres directivos.
La Auditoría indicó también que le “llama la atención” el oficio DRSS-AGAST-0311-2024, enviado al gerente médico a.i. Alexander Sánchez por la directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, Karla Solano, quien indicó que “en atención a solicitudes planteadas por miembros de la Junta Directiva de manera informal, se procedió a efectuar cambios al pliego de condiciones correspondientes a la compra 2023LY-000002-0001101142, lo anterior, con la finalidad de dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a 10 años; así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, disminución en el monto de la garantía de cumplimiento y la potestad del oferente de consolidar los procesos en casos de ser adjudicado con más de una partida”.
Este nuevo cartel o pliego de condiciones, que menciona Solano, fue elaborado luego de que la Junta Directiva de la CCSS aprobara, el 20 de marzo del 2023, en la sesión 9.320, dejar sin efecto la licitación anterior, la cual había recibido un sinnúmero de objeciones por parte de la CGR.
Esta información fue publicada por UNIVERSIDAD el pasado 26 de junio; sin embargo, pocos días después, la misma Solano, en un derecho de respuesta a este medio de comunicación se contradijo, indicando que “es importante destacar que el proceso de licitación mencionado en la noticia se ha llevado a cabo con estricto apego a la normativa y con supervisión correspondiente de un equipo técnico interdisciplinario. La licitación 2023LY-000002-0001101142 fue objeto de una evaluación integral que procura garantizar la transparencia y la correcta adjudicación de servicios”.
La Auditoría Interna destacó también al Ministerio Público que la Junta de Adquisiciones, en sesión extraordinaria N° 005-2024, celebrada el 8 de mayo de 2024, recomendó declarar la compra n.º 2023LY-000002-0001101142 infructuosa, “siendo que producto de los análisis técnicos ejecutados se determinó que los precios ofertados eran excesivos”; sin embargo, tres días después, en la sesión N° 9446, cuatro de los directivos de la CCSS presentaron mociones.
En esa sesión, la Junta Directiva acordó solicitar a la Gerencias de Logística y Financiera, efectuar un análisis de los estudios de razonabilidad de precios y aprobar una prórroga al plazo para el dictado del acto final hasta el 26 de junio de 2024.
Sobre el análisis de razonabilidad de costos, la Auditoría Interna indicó al Ministerio Público que el Área de Contabilidad de Costos, adscrita a la Dirección Financiero Contable, presentó el pasado 11 de mayo a la Junta Directiva, en la sesión N° 9446, un estudio que revelaba que las ofertas de los proveedores se consideraban como excesivas.
En esa sesión, precisamente, el máximo órgano colegiado acordó solicitar una revisión del criterio de razonabilidad de costos fundamentado en una moción presentada por cuatro de los directivos de la CCSS.
Días después, el 22 de junio, en la sesión de Junta Directiva N° 9459, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, solicitó a la directora de Proyección de Servicios de Salud, María de los Ángeles Gutiérrez, «para la otra semana» la elaboración de un estudio de conglomerados de las 105 áreas de salud, así como de oferta de servicios.
Tras la solicitud, según indicó el ente auditor, se conformó el equipo de trabajo para atender lo peticionado por la Junta Directiva. el cual generó el «Análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros», sin embargo, “no se corrobora que el citado documento se ajuste a la metodología establecida institucionalmente para el desarrollo de esos análisis técnicos”.
La Auditoría Interna de la CCSS agregó que Gutiérrez, en el oficio GMDPSS-0331-2024 fue quien finalmente recomendó a la Junta Directiva adjudicar la Licitación Mayor N° 2023LY-000002-0001101142 “Servicios de Primer Nivel de Atención en Salud de diez (10) Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social”.
“El 06 de julio de 2024, según se aprecia en la grabación de la sesión de Junta Directiva N° 9464, ese máximo órgano colegiado acordó adjudicar la compra denominada «Servicios de Primer Nivel de Atención en Salud de diez (10) Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social», asimismo, una vez realizado el voto por parte de los señores directivos, la Licda. María Isabel Camareno Camareno; emitió criterio aclaratorio respecto a la inexistencia de un eventual conflictos de interés de su parte, en este proceso de compra”, externó el subauditor.
En esta sesión estuvieron presentes como directores los representantes del Estado, Marta Esquivel y María Isabel Camareno; los representantes de los patronos, Zeirith Rojas, y Johnny Gómez y Jorge Luis Araya, encontrándose ausente la representante de los trabajadores, Marta Rodríguez.
Según indicó la CCSS en un comunicado de prensa, en total se invertirá un monto de ₡3.929.628.164.72 al mes durante un período de 10 años.
A inicios del mes de julio, la Contraloría General de la República (CGR) abrió una investigación contra la CCSS luego de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunciara el pasado 15 de mayo la supuesta pretensión de directivos de modificar informes técnicos para presuntamente favorecer a las cooperativas.
Este mismo sindicato solicitó el pasado 12 de julio al mismo órgano contralor investigar la adjudicación por presuntas irregularidades.
Actualización: Esta nota fue actualizada a las 2:20 p.m. del lunes 22 de julio del 2024 con la versión de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
