El auditor externo Deloitte & Touche S.A. confirmó este jueves a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que el Seguro de Salud de la institución no está en “quiebra”.
Así se desprende de un informe de auditoría en poder de este Semanario que fue elaborado por Deloitte tomando como base los estados financieros del Seguro de Salud de la CCSS 2022 y 2021, los cuales, son considerados por la firma como «razonables»; es decir, que cumplen con los criterios más sustanciales e importantes.
De acuerdo con este informe, la CCSS reportó para 2021 un patrimonio de ¢5.231.600 millones, cifra que ascendió a ¢6.141.030 millones para 2022.
En el caso de los excedentes, por ejemplo, para 2021 se reportaron ¢419.561 millones, así como ¢734.150 millones para 2022, los cuales podrían ser utilizados para mejorar la prestación de los servicios de salud.
Durante la presentación de este viernes, el socio de la firma, José Amador, indicó a los directivos que los estados financieros del Seguro de Salud al 31 de diciembre del 2022 y 2021, estaban preparados en todos sus aspectos importantes de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados Aplicables al Sector Público en Costa Rica a excepción de nueve asuntos en los que se realizaron observaciones.
“Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría detectará siempre un error material cuando exista”, externó Amador.
Tanto el presidente de la República, Rodrigo Chaves, como la actual presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, han dicho en varias ocasiones que la institución está en «quiebra».
Durante la sesión de este jueves, incluso los representantes del Gobierno en la Junta Directiva presentaron una moción para que no se aprobaran los estados financieros auditados por esta firma correspondientes al Seguro de Salud, Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen No Contributivo. Esta fue rechazada por 4 votos en contra y 3 a favor.
Deuda del Estado
Durante su exposición, Amador expuso nueve puntos importantes sobre los estados financieros del Seguro de Salud, entre los cuales no se pudo determinar “razonabilidad”.
Uno de estos elementos es la deuda del Estado con la CCSS. De acuerdo con Deloitte, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el Seguro de Salud presentaba cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda por ¢1.715.181 millones y ¢1.416.259 millones, respectivamente, correspondientes a la cuota estatal, población asegurada por el Estado, Ley de Paternidad Responsable, Código de la Niñez, Leyes Especiales, Ley Control de Tabaco, convenios no negociados 2007 y 2011 y convenios negociados 2011.
Estos saldos, según el ente auditor, no fueron confirmados por parte del Ministerio de Hacienda, entidad que les indicó que los “montos se encuentran en un proceso de revisión por parte del Ministerio de Hacienda – C.C.S.S.”.
“Debido a que dicho proceso aún no ha culminado y no nos fueron confirmados los saldos mencionados anteriormente, no pudimos satisfacernos sobre la razonabilidad y recuperabilidad de dichas cuentas por cobrar, así como su respectivo efecto en los resultados de los períodos 2022, 2021 y períodos anteriores”, concluyó Deloitte.
A este elemento se suma otra cuenta por cobrar al Ministerio de Hacienda por ¢563.259 millones y ¢529.220 millones, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, respectivamente. Estos montos corresponden a los gastos de personal que se trasladó a laborar en un programa específico del Ministerio de Salud, según la Ley 7374. A la fecha esta cuenta por cobrar se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Sobre este punto, Deloitte indicó nuevamente que no se pudo satisfacer sobre la razonabilidad del registro de la cuenta por cobrar, así como su respectivo efecto en los resultados de los períodos 2022, 2021 y períodos anteriores.
La firma tampoco pudo determinar razonabilidad en cuanto a saldos relacionados a inventarios en proceso y mercaderías, así como sobre provisiones para contingencias legales y de vacaciones, inventarios de bodega, entre otros.
Esta situación nace debido a la falta de información suministrada por diferentes dependencias de la CCSS. Esto fue criticado por algunos directivos, quienes indicaron que esta práctica ha sido muy “recurrente” entre funcionarios de la institución.
