Los tiempos en la resolución de casos en el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, tanto de amparos de legalidad como de conocimiento, se extienden “más allá de lo razonable” y representan un peligro en materia de tutela de los derechos de las personas ciudadanas ante el acciones de la administración.
Esta información se extrae del IV Informe del Estado de la Justicia, presentado el pasado 6 de julio y elaborado por el Programa Estado de la Nación, del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
En su segundo capítulo, el documento analizó en detalle el funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, con especial interés en el mencionado tribunal, tras el paso de más de una década desde que se aprobó e implementó la reforma de lo contencioso administrativo.
Según detalla el estudio, este despacho ve dos tipos de procedimiento: el amparo de legalidad en el que se analizan posibles violaciones del derecho fundamental de petición y pronta respuesta: y los procesos de conocimiento, en el que hay disputa entre particulares y la administración pública, y en el que es más frecuente el fenómeno de demandar a personas funcionarias, con el fin de reclamarles responsabilidad personal.
En ambas arenas, existen atrasos que ponen en riesgo el cumplimiento efectivo de derechos ante el poder de la administración, concluye la investigación.
En el caso de los amparos de legalidad, la resolución tiene una duración promedio de 149 días cuando hay conciliación y 220 días, si se genera fuera de la provincia de San José. Cuando hay sentencia, la duración promedio es de 224 días (309 días si es fuera de la capital).
Dos factores en particular se asocian, según el documento, se asocian a una mayor duración de los casos: cuando no se cumplen los requisitos de la demanda o si la situación se genera fuera de la provincia de San José.
En el caso de los casos de conocimiento, el informe señala que los tiempos “presentan duraciones que se extienden más allá de lo razonable”.
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Si bien puede haber una variabilidad enorme de acuerdo con el tipo de procedimiento y su resolución, el equipo investigador aplicó metodologías para mitigarla y concluyó que existen dilaciones importantes en el plazo desde que ocurren los hechos y hasta que se presenta la demanda, lo que atrasa la percepción pública de resolución.
Esto, aseguran, puede deberse a que las personas agotan la vía administrativa antes de interponer el reclamo, aunque esto no es un requisito.
Posteriormente, señalan, entre el momento que se presenta la demanda y la declaración de inadmisibilidad pasan en promedio 2.279 días y cuando hay sentencia, la duración promedio es de 553 días. Para los 5 casos donde hay recurso de casación, pasan en promedio 549 días entre la interposición del recurso y su admisión, y 386 días entre su admisión y la sentencia de casación, es decir, un lapso de 3,6 años, duraciones que se consideran preocupantes pues son iguales o mayores al tiempo requerido para dictar la sentencia inicial.
“Es claro que no toda la dilación es atribuible al TCA, pues si bien en muchos casos se trata de aspectos que se salen del control del TCA y demás órganos de la jurisdicción, no cabe duda de que otros son simplemente la consecuencia del exceso de demanda de los justiciables, aunque no podría afirmarse que el número de casos entrantes por año esté creciendo exponencialmente”, reza el texto.
Para atender estos atrasos, el Estado de la Justicia realizó una serie de recomendaciones entre las que se encuentran procesos de capacitación, automatización, reforzamiento del personal y establecimiento de indicadores de eficiencia de la jurisdicción con base en los internacionalmente aceptados
