La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) hizo un llamado este viernes a sus afiliados para que se unan “al movimiento de protesta social que se desarrolla desde el pasado 10 de setiembre” contra la reforma fiscal que se tramita en el Congreso.
Desde el lunes de la semana anterior, varios sindicatos de empleados públicos realizan una huelga con la cual pretenden que se deseche por completo el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20.580.
Según un comunicado de Acojud, dicho plan de ley cambiaría la estructura salarial del Poder Judicial “alterando la seguridad jurídica de la remuneración de jueces y juezas de la República, sin que dichas modificaciones hayan sido consultadas a la Corte Suprema de Justicia”.
Específicamente, la Asociación cuestiona que el proyecto establece un tope de remuneración por dedicación exclusiva que es del 30% para quienes tienen título de licenciatura y 15% a quienes tienen grado de bachillerato, para aquellos funcionarios públicos que tengan prohibición en el ejercicio liberal de la profesión. Además, que se establecen sanciones penales para quienes violenten este tope.
La agrupación también critica que el proyecto aplica una reducción en el pago de cesantía, de 12 a ocho años, según dice el comunicado.
El proyecto de ley establece un tope de cesantía de ocho años, pero establece un transitorio: “se exceptúan aquellos funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a más de ocho años de cesantía, los cuales podrán seguir disfrutando de ese derecho, mientras se encuentren vigentes las actuales convenciones que así lo contemplen, pero en ningún caso la indemnización podrá ser mayor a los 12 años. En los casos en que se haya otorgado un derecho de cesantía superior a los ocho años por instrumentos jurídicos diferentes a convenciones colectivas, y que se encuentren vigentes, la cantidad de años a indemnizar no podrá superar los 12 años en el caso de aquellas personas que ya hubiesen adquirido ese derecho; para todos los demás casos, quedará sin efecto cualquier indemnización superior a los ocho años”.
“Además, el proyecto excluye el beneficio de la anualidad para aquellos funcionarios que no sean sometidos a evaluación de desempeño y establece que será un monto fijo y no un porcentaje”, dice el comunicado.
De la misma manera, Acojud reprocha que los complementos salariales actuales se transformarán en montos fijos y que se prohíbe la creación de nuevos complementos salariales a menos de que sean por ley.
Acojud afirma que el proyecto afecta la autonomía del Poder Judicial y de la administración de justicia.
(…) Exijamos que, la reforma fiscal que sabemos, es urgente y necesaria, sea canalizada a través de un proceso que contemple las opiniones de todos los actores involucrados, incluyendo nuestro Poder Judicial. Estaremos coordinando en las diferentes filiales del país las acciones a partir del próximo lunes”, anunció la Acojud.
El Frente Gremial del Poder Judicial, que reúne a varias asociaciones y sindicatos judiciales, ha compartido información en redes sociales sobre funcionarios que participan de la protesta.
Sobre esto, Sandra Castro, vocera del Poder Judicial, dijo este viernes a UNIVERSIDAD que se tienen reportes de que en la huelga están participando algunos funcionarios judiciales de Guanacaste, Limón y San Carlos. No obstante, indicó que según la Contraloría de Servicios, no hay suspensión completa de servicios ni se han dejado de brindar servicios esenciales.
