“El acusado Chaves Robles, abusando del ejercicio del más alto cargo en la función pública, en virtud de su condición de presidente de la República, actuando de común acuerdo con el acusado Rodriguez Vives y el coimputado Federico Cruz Saravanja, alias Choreco (a quien se les sigue causa por aparte), llevaron a cabo un plan para asegurar que, de manera indebida, resultara un beneficio económico para el coencartado Cruz Saravanja derivado del denominado ‘Contrato Marco de Prestación de Servicios de Consultoría’, que otorgaría el BCIE. Esto como reconocimiento a la efectiva colaboración prestada por Cruz Saravanja a la campaña electoral donde resultó electo el coencartado Chaves Robles, la asesoría personal que le brindaba en Casa Presidencial y la relación íntima de amistad entre ambos”.
Así se lee en el tercer punto de los “hechos acusados” de la Fiscalía General de la República contra el presidente Chaves en la primera semana de abril por un caso de supuesta corrupción asociada al Banco Centroamericano de Integración Centroamericana (BCIE). Este alzó vuelo tras publicarse unos audios grabados a inicios de gobierno por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro. El delito señalado es “concusión”, que consiste en obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial.
La acusación la firmó el fiscal general, Carlo Díaz, ante la Corte Plena para iniciar el trámite especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes, lo cual pasa también por la posibilidad de retiro de la inmunidad del presidente por parte de la Asamblea Legislativa con la eventual coincidencia con el año electoral.
La pieza acusatoria también fue comunicada a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, “a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil”, según el comunicado hecho público este lunes. La noticia llegó después de la manifestación que dirigió el presidente contra el Poder Judicial con cientos de seguidores para exigir la renuncia del fiscal general.
El comunicado judicial se conoció en paralelo a la divulgación de un video tomado el 21 de marzo, en el cual se ve un encaramiento que hace el presidente Chaves a Christian Bulgeralli, el publicista dueño de la empresa RMC La Productora S.A., quien dio servicios a la Presidencia financiados por $400.000 donados por el BCIE y utilizado como “testigo de la corona” por parte de los fiscales.
Según la acusación que consta en el expediente “25-000019-033-PE”, Bulgarelli confesó a la Fiscalía que por petición de Chaves giró $32.000 al exasesor presidencial Federico Cruz como canje para adjudicar el concurso de servicios de comunicación a RMC La Productora S.A. en apariencia hecho a la medida, según instrucciones dadas por la Presidencia de la República, como había contado el publicista.
“En fecha 24 de febrero del 2023, el señor Bulgarelli Rojas, obligado e inducido por el encartado Chaves Robles, le entregó el beneficio patrimonial indebido exigido al imputado Cruz Saravanja (…) después de las acciones realizadas por el acusado Rodriguez Vives, de acuerdo con el plan de autor preestablecido. Dicho beneficio consistió en la suma de treinta y dos mil dólares americanos ($32.000,00), monto solicitado por el imputado Cruz Saravanja, como parte de los ‘cariñitos’ exigidos por el acusado Chaves Robles. Dicho monto fue utilizado por Cruz Saravanja para pactar un contrato de alquiler con opción de compra venta del inmueble del partido de Cartago, La Unión (residencial Barlovento)”, dice el informe de la Fiscalía en alusión a un enganche para compra de casa.
“Cariñitos” fue una de las palabras mencionadas por Chaves en los audios grabados por la entonces ministra Navarro y publicados por el diario La Nación a finales de 2023. Chaves se refería a aparentes beneficios a favor de su amigo Federico Cruz, quien fue jefe de estrategia electoral en 2021-2022 y asesor de Chaves durante la mitad del gobierno, supuestamente ad honorem.
Durante la tarde del lunes, antes del cierre de esta edición, la Presidencia de la República no había emitido criterio alguno sobre la acusación formal por parte de la Fiscalía. En los últimos meses Chaves ha intensificado sus mensajes contra Díaz y el Poder Judicial que lo defiende en el ejercicio de su cargo como fiscal general.
La acusación contiene información no publicada hasta ahora, lo relacionado con el depósito del dinero. Se indica que Cruz quiso evitar que el dinero no se registrara a su nombre y pidió a Bulgarelli que firmara el contrato de alquiler con opción de compraventa, pero este se negó. Entonces se hizo la transferencia bancaria directo a la cuenta de la propietaria de la casa en el Banco Popular el 24 de febrero del 2023 a las 09:35 de la mañana, indica el expediente.
“De esta forma los encartados Rodrigo Chaves Robles, Jorge Rodriguez Vives y Federico Cruz Saravanja lograron cumplir satisfactoriamente el plan delictivo”, concluye la pieza acusatoria contra Chaves y contra Jorge Rodriguez Vives, que ahora es ministro de Cultura, pero en los momentos de los hechos era ministro de Comunicación y coordinaba con Bulgarelli los términos del polémico contrato, según el expediente.
La acusación menciona numerosas pruebas testimoniales y documentales, además de los controversiales audios obtenidos por Navarro, los cuales según la Fiscalía sustenta el delito de concusión, que implicaría prisión de entre dos y ocho años.
