La cuarta planta de asfalto del Ministerio de Obras Públicas (MOPT), en Buenos Aires de Puntarenas, nunca llegó a funcionar como se anunció en junio de 2018, durante la presidencia de Luis Guillermo Solís.
En su lugar, para julio de 2018, frenadas sus operaciones por gestión del ministro Rodolfo Méndez Mata, la producción de asfalto para las carreteras quedó condicionada a los privados del país, mayoritariamente en manos de la constructora Meco, de acuerdo con un mapeo realizado por UNIVERSIDAD.
Pese a que existen pruebas de que las omisiones y fallos del MOPT tropezaron sus plantas, un informe de investigación de los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, pendiente de lectura y votación en la Asamblea Legislativa, afirma que “la producción en las plantas asfálticas estatales es más barata por tonelada que la producida por la empresa privada, por lo que la racionalidad de la decisión política del ministro Méndez Mata de su paralización no es consecuente con los argumentos dados en su comparecencia”.
“La producción en las plantas asfálticas estatales es más barata por tonelada que la producida por la empresa privada, por lo que la racionalidad de la decisión política del ministro Méndez Mata de su paralización no es consecuente con los argumentos dados en su comparecencia”, Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Así es como el incremento de plantas privadas coincide con un cambio de política tomado por el ministro Méndez Mata, quien primero anunció su decisión en declaraciones al diario La Nación, el 14 de julio de 2018.
Alrededor de esta fecha, entre el 19 y 23 de julio, dos informes de la auditoría general del MOPT señalan incumplimientos básicos en condiciones operativas y legalidad ambiental en sus centros de Siquirres y Cañas.
“La fabricación del asfalto para TODAS LAS RUTAS NACIONALES Y MUNICIPALES, quedó a la libre para empresas como Meco, H Solís, y Hermanos Herrera, quienes son las que cuentan con TAN PRECIADO BIEN, el cual les permite ganar LICITACIONES MILLONARIAS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO RUTINARIO, CONCESIONES (sic), ETC. CONVIRTIENDO AHORA SÍ, el tema de las plantas de asfalto NO EN UN NEGOCIO, SINO MÁS BIEN EN UN SÚPER NEGOCIO, no solo para la venta de tan importante y costoso material, sino también por convertirse en una herramienta de descalificación en temas cartelarios, lo cual imposibilita la libre participación de todas las empresas constructoras, muchas de ellas se han ido a la ruina por esto”, acusa un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de enero de 2021, contenido dentro del expediente penal conocido como el caso “cochinilla”.
El mismo expediente acusa que, entre otras presuntas prácticas corruptas de las constructoras privadas descubiertas por medio de llamadas telefónicas, “se empezaron a evidenciar comunicaciones y comentarios entre los intervenidos, relacionados con la calidad asfáltica que llegaba a los frentes de trabajo en los proyectos que tenían activos a lo largo de todo el país. Además, se empezaron a evidenciar las relaciones de amistad y confianza entre funcionarios de la constructora Meco y los funcionarios de los laboratorios de control y verificación de calidad”. El asfalto de privados, dice el OIJ, “INCUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NI DE CALIDAD para establecer el bien público”.
La constructora Meco, como se evidencia en el mapa que acompaña este artículo, opera en un total de 11 plantas asfálticas, de las cuales cuatro son fijas, y están distribuidas en cinco provincias del país.
De ellas, ocho iniciaron operaciones desde el 2015, mientras que tres plantas del MOPT (en San José, Guanacaste y Colima) producían menos toneladas de la mezcla requerida para las municipalidades y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Informes de auditoría del MOPT señalan, entre otros fracasos institucionalizados, la carencia de personal bien capacitado —por ejemplo, al 2018 solo cinco personas trabajaban en la planta de El Chopo, en Cañas, dos con tareas de “Misceláneo”—, el incumplimiento de normativa ambiental —en Siquirres, esto provocó la suspensión de un contrato con la Refinadora de Petróleo Recope, “la Administración nunca se preocupó por hacer estas mejoras hasta que se condicionó el permiso de funcionamiento” a tener contenedores cisterna para los derivados de petróleo, en lugar de tanques—, y malos controles en la entrega de la mezcla —en Colima, para diciembre de 2017 se señala “incumplimiento de funciones de los encargados de llenar los formularios y ausencia de supervisión de la Jefatura” para esa entrega—.
MOPT nunca levantó producción de asfalto pese a costosos intentos
Colima fue la primera planta que instaló el MOPT, en San José. Desde este lugar, se operó intermitentemente desde 1995. Tras instalar nuevo equipo en el 2012, su penúltima “resurrección” fue en el año 2014, para proporcionar mezcla asfáltica a las municipalidades de la Gran Área Metropolitana (GAM). Ese mismo año, la planta estuvo cerrada cuatro meses, entre abril y septiembre (en el periodo de transición de la administración de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís).
“La planta desde octubre de 2017 a la fecha no ha producido mezcla, solamente la semana del 13 al 20 de febrero de 2018”, dice un informe de auditoría del MOPT que se envió al despacho del ministro Méndez Mata el 23 de julio de 2018.
Para el 2005, el traslado entre Colima y Guanacaste dificulta la construcción de carreteras, debido a que la mezcla asfáltica llegaba fría hasta las vías en construcción, por lo que el material no pegaba, según dicen periódicos de la época.
Ese mismo año, las municipalidades y el MOPT acordaron instalar una máquina procesadora entre Tilarán y Cañas, en el Tajo El Chopo. La máquina se anunció con un costo de ¢45 millones, para ser sufragada con presupuesto municipal, con el propósito de brindarle asfalto a Guanacaste, Puntarenas y la Zona Norte.
En marzo de 2017, el MOPT anunció una inversión de ¢800 millones para instalar una nueva máquina. En diciembre, un informe de la auditoría del ministro señaló que “los 5 funcionarios asignados ocupan clases que no requieren formación técnica, y además carecen de capacitación”, en esa misma planta. La auditoría dice que un informe previo del 2015 señalaba la “carencia de un plan de mantenimiento preventivo para el equipo, necesidad de la implementación de un sistema de información y deficiencias en el control de calidad de la mezcla”. Asimismo, señalan que “En la planta no se tiene servicio de internet”, entre otras carencias.
En el caso de Siquirres, el MOPT trasladó el equipo viejo de Colima hasta Pacuarito de Siquirres en 2012, para dar mezcla al Atlántico.
“Se evidencia que el personal asignado a las labores de producción y de operación de la planta no es el más idóneo, y por diversas razones la capacitación a los mismos ha sido prácticamente nula para los efectos de mejora en el proceso (…). No hay un diseño de los objetivos estratégicos, ni un diagnóstico de riesgos efectivo del proceso, por lo que se carece de un plan de mitigación para estos”, señala la auditoría que se envió a Méndez Mata el 19 de julio del 2018.
El último caso, la planta de Buenos Aires, en la comunidad de Paso Real, la inversión estimada de la administración Solís fue de ¢1.183 millones. La planta fue inaugurada en junio de 2017 sufrió el embate de la tormenta Nate, y nunca fue abierta porque no se terminó su instalación en 2018, cuando ingresó el ministro Méndez Mata a dirigir el MOPT.
