Comisión de nombramientos revisará atestados durante ocho días

Asesores de Restauración, exjerarca de Gobierno y director del OIJ se postulan para magistrados

Nueva metodología califica a candidatos con base en cualidades profesionales y desempeño en entrevista; terna recomendada se elige entre los diez mejores puntuados.

Dos asesores de diputados y líderes del Partido Restauración Nacional (PRN), un ex viceministro del gobierno de Luis Guillermo Solís y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) son algunos de los candidatos para ocupar el puesto de magistrado o magistrada en las salas III y IV.

Los aspirantes buscarán ocupar las vacantes que dejaron Carlos Chinchilla (expresidente de la Corte), Celso Gamboa (exmagistrado despedido) y Ernesto Jinesta (exmagistrado constitucional).

El primero de ellos, Robert Beers, trabaja actualmente en la Asamblea Legislativa, específicamente en el despacho de la diputada Ivonne Acuña, del PRN. Beers es licenciado en derecho de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia. Fue investigador y letrado en la Sala Constitucional, antes de llegar al Congreso.

Dentro de su currículum, Beers destaca una asesoría por tres años en la Universidad Cristiana de Panamá. El candidato también tiene una página en Facebook bajo el nombre “Robert F. Beers – Escritor, conferencista, analista”, en donde comenta temas políticos e invita a actividades del partido, como la celebración del “Día de la vida antes de nacer”.

Beers manifestó que no existe un conflicto de interés por el hecho de que haya dos diputados de la fracción a la que pertenece en la Comisión que lo entrevistará para el puesto.

«En términos generales, salvo personas que están en el Poder Judicial, cualquier otro candidato se puede vincular con partidos políticos. Yo soy un profesional en Derecho, esas valoraciones no tienen que caber”, dijo Beers, quien aspira a ser juez de la Sala IV.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Nombramientos, Ana Lucía Delgado, afirmó que la nueva metodología brinda elementos para objetar candidaturas y garantiza la objetividad y transparencia del proceso.

“Hay discusiones que tenemos que abrir dentro de la Comisión. Si existe un tráfico de influencias que pueda traer al traste la transparencia del proceso, debe discutirse”, comentó.

Otro de los candidatos con vínculos con Restauración es el litigante Ronald Po Wo On, quien presentó la carta enviada por Avendaño ante el Tribunal Supremo de Elecciones el pasado 30 de julio, y recogida por el diario La Nación, en donde se señala a la fórmula presidencial (compuesta por el excandidato Fabricio Alvarado, su excandidato a vicepresidente, Francisco Prendas y la diputada Ivonne Acuña) de montar una estructura paralela de financiamiento con la cual se hicieron contrataciones que no tenían la venia del comité ejecutivo.

De acuerdo con Po Wo On, para presentar esta carta había un equipo de cinco abogados que asesoró a Avendaño; sin embargo, a él le correspondió ir al Tribunal Supremo de Elecciones y presentar los documentos. “Yo no me encargo de ningún asunto en Restauración”, aclaró.

“Yo soy un mensajero, no soy el vocero ni me tienen que notificar. Ni siquiera recibo notificaciones en mi oficina. Solo aporté en esa carta algunos criterios para que no se cayera en alguna aseveración con consecuencias penales, luego pasé y lo tiré, pero no tengo ninguna vinculación en esa parte”, agregó el abogado, quien figura en todos los concursos abiertos de Sala III y Sala IV.

El abogado Allan Arburola, quien asiste legalmente al diputado Geovanni Gómez en la acusación de la Fiscalía por supuesta tala ilegal de árboles, también es candidato en los concursos abiertos de Sala III.

Arburola también es conocido por presentar un recurso de amparo contra el Tribunal Supremo de Elecciones, por permitir el cambio de nombre en las cédulas de identidad a las personas trans.

Por otro lado, Luis Paulino Mora Lizano, exjerarca del gobierno de Luis Guillermo Solís, quien a su vez es hijo del fallecido expresidente de la Corte, Luis Paulino Mora, también se postuló para el cargo de magistrado de la Sala Constitucional.

Mora fue viceministro de Asuntos Políticos y Legislativos durante el gobierno anterior y ahora fue designado como jerarca de la Dirección Nacional de Pensiones.

Otra de las postulaciones más llamativas es la de Wálter Espinoza, actual director del OIJ.

El abogado figura en los dos concursos para llenar las vacantes en Sala III que dejaron los exmagistrados Celso Gamboa y Carlos Chinchilla, sancionados a nivel administrativo por acciones relacionadas al caso del “cementazo”.

De hecho, fue el informe de llamadas del OIJ el que puso en entredicho las acciones de Gamboa y Chinchilla, así como de otros miembros y exmiembros de la Sala III y, especialmente, del Ministerio Público.

“Esta es una posibilidad de aportar al régimen democrático y poner al servicio del país mis conocimientos”, dijo Espinoza. El director de la policía judicial afirmó que su participación en la investigación de las anomalías del tema del “cementazo” ha sido objetiva y transparente.

La metodología

Los diputados de la Comisión de Nombramientos utilizan una nueva metodología para la escogencia de magistrados. A partir de esta semana se revisarán los atestados académicos, posteriormente se publicará una lista con los candidatos que obtuvieron una nota mayor a 75 puntos, de acuerdo con una tabla de evaluación elaborada con base en insumos del Foro de Justicia.

Una vez que esta lista se publique, los ciudadanos tendrán un periodo para objetar las candidaturas y argumentar, con pruebas, por qué alguna es inconveniente o no.

En caso de que sea necesario, el candidato tendrá un espacio para defenderse de cualquier señalamiento o acusación. Después, los diputados decidirán si esa candidatura se puede mantener y llegar a la fase de entrevistas.

La fase de entrevistas consiste en audiencias de 20 minutos, en donde los diputados de la Comisión tendrán 10 minutos para hacer preguntas, mientras que el tiempo restante será para que el aspirante argumente por qué debe ser escogido para el puesto.

Una vez que se concluyen las entrevistas, los candidatos recibirán una calificación final que se repartirá en un 40% para la entrevista y en 60% de atestados académicos. Los diputados deberán escoger, entre los diez mejor calificados, una terna para recomendar al Plenario, el cual puede escoger libremente a cualquiera de los candidatos, o apegarse a uno de los de la terna.



 

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