Asesinato de Sergio Rojas impulsa indígenas a incrementar recuperación de tierras

Comunidades bribris expresaron dolor y consternación ante el crimen. Más de 200 personas asistieron al funeral del líder indígena.

“Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir en la resistencia. La muerte de él más bien va a crear en este pueblo, en las comunidades bribris, coraje, valor, decisión para seguir adelante con la defensa de nuestras tierras y de los derechos de los pueblos indígenas”.

Mariana Delgado, del territorio indígena de Salitre, más que pronunciar, debió empujar las palabras con que manifestó esa convicción por la reivindicación territorial.

Minutos antes, junto a más de 200 personas, participó de la ceremonia funeral en que se dio sepultura el pasado 21 de marzo al cuerpo de Sergio Rojas, fundador y parte de la coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), y sin duda una de las figuras más visibles del movimiento indígena nacional por la recuperación de tierras.

Delgado desde el 2015 había advertido a UNIVERSIDAD sobre la posibilidad de que en ese territorio aumente el nivel de violencia, pues los actos de agresión de todo tipo quedan normalmente en impunidad.

Poco antes del mediodía llegó al cementerio la procesión ritual con el cuerpo de Rojas. (Foto: David Bolaños).

Al referirse al asesinato de Rojas, la mujer expresó que es “demasiado doloroso, muy triste, todo el pueblo bribri, como se ve aquí, llora la muerte de nuestro líder. Son días de oscuridad para nosotros, esperamos que se aclare. El Gobierno dice que va a enviar gente a atender el caso, ya no confiamos en eso, porque nos están devolviendo hoy a nuestro líder muerto, el cuerpo de él nada más”.

Rojas fue asesinado de múltiples balazos la noche del 18 de marzo en su casa de habitación, en la localidad de Yeri dentro del territorio indígena bribri de Salitre, ubicado cerca de Buenos Aires de Puntarenas.

Mario Rojas, hermano de Sergio, declaró a Radio Universidad que “siempre fue una persona que quiso recuperar las tierras que por ley le pertenecen a los indígenas. Siempre dijo que si la ley se hizo era para respetarla y no violarla a cada rato”, como sucede con la usurpación.

Relató además que Sergio “tuvo una vida agitada últimamente, había amenazas por todo lado, disparos por allá, disparos por acá”.

Saneamiento pendiente

El asesinato de Sergio Rojas no constituye un hecho aislado. Como ya se mencionó, desde el 2015 ya UNIVERSIDAD había consignado advertencias sobre el aumento de la violencia en el territorio indígena de Salitre.  Agresiones a personas -incluso un joven llegó a ser marcado con un fierro como si fuera ganado-, quema de viviendas y cultivos y otras formas de violencia han sido la respuesta que usurpadores de la tierra indígena han dado a las acciones de recuperación.

Cabe recordar que el proceso actual de recuperación de tierras inició en el 2010, cuando activistas indígenas fueron desalojados de manera violenta de la Asamblea Legislativa, mientras realizaban una acción de protesta para exigir a las autoridades políticas nacionales una respuesta sobre el futuro de un proyecto de ley que otorgaría mayor autonomía a los territorios.

El año pasado, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) concluyó un informe titulado “El territorio de salitre: derechos, memoria y violencia, 2010 –2017”.

Ese documento detalla que la situación de tenencia de la tierra en Salitre “se ha caracterizado históricamente por el hecho de que el territorio reconocido jurídicamente como propiedad indígena ha permanecido o ha sido ocupado en una gran parte por personas no indígenas”.

Tras apuntar que la Ley Nº 6172 declaró estas tierras como inalienables, imprescriptibles y no transferibles y que estableció la obligación del Estado de garantizar la posesión indígena del territorio, recuerda que el trabajo de “saneamiento” de devolución a las comunidades indígenas de las tierras usurpadas “sigue pendiente, con agravantes, pues la mayoría de las posesiones en manos de no indígenas dentro del territorio de Salitre fueron adquiridas por sus actuales poseedores, después de haber sido aprobada dicha ley en 1977”.

“Las comunidades indígenas costarricenses y en particular el pueblo de Salitre han tenido que soportar este sistemático irrespeto de la legislación y la pérdida cada vez mayor de sus tierras, que continuaron a pesar de la ley, siendo ocupadas por personas no indígenas”, apunta el informe coordinado por Xinia Zúñiga.

Como consecuencia de ese irrespeto, la situación de tenencia de los territorios “se ha vuelto crítica, pues en la mayoría de ellos la ocupación no indígena alcanza un promedio del 50% de los territorios”, según datos del 2011 de la Fiscalía General de la República, “llegando hasta un 80% y más en algunos casos como Altos de San Antonio, China Kichá y Térraba, de comunidades ngäbes, cabécares y bröran respectivamente”.

Añade además que en el caso de Salitre, como en todos los demás, los datos sobre tenencia de la tierra “no han tenido respaldos técnicos que permitan cuantificar la situación con datos reales y actualizados”.

Tradición

El funeral de Rojas inició con una ceremonia preparatoria que tuvo lugar en el colegio de Yeri, donde había sido velado.

Este pequeño junto a su madre hicieron el viaje desde Cabagra para acompañar al pueblo bribri de Salitre en un momento difícil. (Foto: David Bolaños).

Alrededor del mediodía, una procesión de más de 200 personas llevó el cuerpo del activista asesinado al cementerio de la localidad, donde según la tradición bribri fue “sembrado” bajo un sol implacable y ante la mirada también de muchas personas que llegaron de territorios indígenas Cabagra, Térraba o de Talamanca.

Posteriormente, la ceremonia se trasladó a un río, donde quienes estuvieron en el cementerio debían lavarse de pies a cabeza, para luego seguir el capítulo siguiente de la ceremonia cerro arriba, con un ritual que incluye el uso de cacao.

Desde Térraba acudió a la ceremonia Isabel Rivera, del pueblo Broran. Manifestó en primer lugar que “no sé si puedo explicar con palabras lo que sentí”, cuando su hermana la llamó, poco después de la media noche de ese 18 de marzo.

Rivera contó que su hermana le preguntó “¿te das cuenta de lo que pasó?” y que cuando ella replicó si se trataba de una situación  familiar, le contestó “sí de la familia, pero no de la familia cercana, sino de la familia indígena, me dijo: Mataron a Sergio”. Al repetirlo se le apaga la voz.

La activista dijo que en ese momento quedó “como en shock” y que “cuando reaccioné pensé: lo hicieron, sí lo hicieron. Pero a la vez pensé que con callar a Sergio no van a callar al movimiento indígena”.

Añadió que “la lucha de nosotros no recae solo en la espalda de un compañero, sino que somos muchos en este país que estamos con la lucha indígena y si bien es cierto que callaron a Sergio que era uno de los fuertes, quedan muchos. Además, con los ideales de Sergio la lucha aún sigue más fuerte”.

Sin dudarlo afirmó que el crimen “le da más fuerza a la lucha, para seguir con los ideales que él tenía”, pues “simple y sencillamente buscaba que se cumplieran las leyes que el Estado-Gobierno no ha querido cumplir durante mucho tiempo, desde que se creó la ley en 1977 que dice la tierra es de los territorio indígenas y ha habido una invasión de personas no indígenas”.

Emmanuel Buitrago, bribri de Talamanca y miembro coordinador de Frenapi, manifestó que la criminalización del movimiento indígena, así como “asesinar de esta forma” a una figura como Rojas “significa para nosotros un gran impacto emocional, por supuesto, pero también creemos que las causas por las que hemos luchado históricamente por siglos, son más evidentes”.

Subrayó que el Estado “más evidentemente apuesta a acciones genocidas que a construir con los pueblos indígenas”.

Tras insistir en que el asesinato “ha sido un impacto para todos los pueblos indígenas que estamos en esa línea de lucha”, afirmó que “nos va a fortalecer más”. Además, informó que días antes del crimen sostuvo una reunión con Rojas y otros activistas del Frenapi, pues proyectan la realización de un congreso indígena nacional, “donde todos los pueblos podamos encontrarnos y posicionar nuestra agenda común de los ocho pueblos y los 24 territorios”.

Informó que aún no se definen fecha ni sitio, pero que el congreso se realizará este mismo año y que “en ese congreso y en todos los tiempos se hará homenaje a Sergio como lo merece”.

“El acto cobarde que se ha cometido nos fortalecerá más y evidencia una deuda histórica que tiene el Estado a favor de los pueblos indígenas”, aseveró.

Desde el territorio bribri de Cabagra acudió Clarita Quiel, quien por su parte expresó que la noticia del asesinato fue “impactante”, ya que “no lo esperaba, nunca pensé que estas cosas iban a llegar a ser de esta manera”.

Añadió con pesar que “para nosotros los bribris ha sido una experiencia muy dura y algo que no vamos a poder superar por mucho tiempo, en nuestra vidas no lo vamos a superar”.

Sin embargo, aseveró con convicción que “esto nos va a dar más fuerza y fortaleza para seguir luchando por nuestras tierras, que son de nosotros, no son de ningún usurpador, como hay en todos los territorios. Así tengamos que morir igual como murió Sergio, pero seguiremos adelante, si eso es lo que el Gobierno quiere, pues eso es lo que seguirá pasando”.

Quiel buscó un tono más conciliador al expresar que “lo que yo más quisiera es que el Gobierno resolviera esto sin derramar sangre, ya mis tíos fueron baleados, golpeados, derramaron sangre también en una recuperación y el Gobierno aún así no ha hecho nada ni creo que haga nada”.

El mismo sentimiento

Anselmo Flores pertenece al pueblo Broran de Térraba y forma parte de quienes hace un año recuperaron la localidad de Crun Shurin.

Expresó que como luchadores por la defensa de los derechos indígenas, “nos sentimos muy indignados, sea allá con los bribri o nosotros aquí, los Broran. Es el mismo sentimiento, es la misma lucha”.

Relató que su familia ha recibido llamadas amenazándolo a él de muerte, a pesar de lo cual “no me siento con temor, me da más coraje; no siento ningún temor, porque se que es una lucha propia y justa”.

Al mismo tiempo, lamentó que “los Gobiernos que hemos tenido se hayan olvidado de cumplir con los tratados internacionales con los que ellos mismos se han comprometido y a raíz de eso viene toda esta polémica con la gente no indígena”.

Informó que en Térraba “tenemos un 85% de ocupación no indígena, son los que hoy se reúnen para decir que van a juntar dinero para pagar sicarios, para de esa manera intimidar nuestra lucha, exterminarnos y seguir ellos con las tierras. Son cosas de mucho cuidado, pero sí se da esta clase de intimidación”.

De esa manera, afirmó que “sigue uno luchando, esperando ver qué día le toca. Sé que quien determina el final de mi vida es Dios y no ningún ser humano, bajo esa consigna lucho. Si algo me pasa, nadie nació para ser eterno, alguien tiene que morir y ahí quedan los que siguen luchando. Vemos el ejemplo de Juan Santamaría y muchos otros, Pablo Presbere y ahora Sergio”.

Expresó su confianza en que Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) están “muy conscientes” de todas esas situaciones y reclamó que “deben ponerle orden al Gobierno de Costa Rica”, para que “no sigan poniendo oídos sordos a estas cosas. Ya es muy lamentable lo que está pasando”.


Condena generalizada

El asesinato de Sergio Rojas generó una conmoción que ha llevado a más de 200 organizaciones e instituciones nacionales e internacionales a pronunciarse en condena del hecho.

Recién al día siguiente del asesinato, más de 180 organizaciones nacionales y de países como México, Argentina, Chile, Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Uruguay, Paraguay, El Salvador, España, Panamá u Honduras emitieron un comunicado titulado “Estado costarricense asesinó a Sergio Rojas Ortiz: Bicentenario está manchado de sangre”.

Ese documento apunta que el Estado estaba “perfectamente enterado de las acciones de usurpación de los territorios indígenas y otros actos de asedio, persecución, amenazas y atentados directos contra Sergio y muchos más indígenas”.

Recuerda que se han dado “varios intentos de homicidio” contra Rojas y muchas otras personas de Salitre y otros territorios indígenas de la zona sur, tanto con arma blanca como de fuego, así como quema de viviendas y que, ante todos esos casos,  “el Estado costarricense nunca aplicó protocolos de prevención de la violencia y mantuvo una actitud que sigue propiciando la indefensión y la impunidad. En ninguno de esos casos los agresores fueron condenados”.

El 22 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que manifestó su “repudio ante el asesinato de Sergio Rojas” y recordó que era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 30 de abril de 2015.

Ese comunicado añade que “tras el otorgamiento de medidas cautelares, y teniendo conocimiento el Estado de una situación de riesgo, existe un deber especial de protección por parte del Estado. La implementación efectiva de las medidas constituye un medio de prevención a fin de evitar que el riesgo llegue a materializarse y evitar la eventual responsabilidad internacional del Estado”.


 


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