La Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) advirtió este miércoles vía comunicado de prensa, que a pesar de que su nombre sugiere buenas intenciones, el expediente 21.670 “Ley para el Rescate de las Finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas” no sólo no abaratará las tarifas de electricidad, sino que servirá para abrir portillos a la venta de activos demaniales (de uso público).
La organización indicó que el proyecto -propuesto por la Diputada Silvia Hernández, apoyado por el Partido Liberación Nacional y cictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios- carece de estudios que respalden “los eventuales resultados concretos a los que aspira su nombre”.
Más bien, dijeron, el texto lo que pretende es abrir paso a la venta de acciones y activos de la institución. En el comunicado, explicaron que en la actualidad el Consejo Directivo del ICE, puede vender activos no demaniales (edificios, vehículos o maquinaria, por ejemplo), pero no puede vender los activos demaniales, es decir aquellos de dominio público y destinados a los servicios públicos.
El sindicato alertó que el artículo 2 de la propuesta establece que la venta de activos de cualquier empresa del ICE se podrá autorizar mediante Acuerdo el Consejo Directivo del ICE y agrega esa redacción es un “serio riesgo de apertura de portillos legales” para vender activos demaniales, “o dicho con todas sus letras, privatizar activos que soportan servicios estratégcos y que deben de estar en manos del Estado”.
Ese artículo establece que: “La venta de acciones de las empresas del ICE deberá ser autorizada mediante Acuerdo del Consejo Directivo del ICE, el cual requiere ser ratificado por el Consejo de Gobierno. La venta de activos de cualquier empresa del ICE se podrá autorizar mediante Acuerdo el Consejo Directivo del ICE”.
La organización indicó que desde finales del se reunieron con Hernández y le expusieron con claridad, la forma en que “conceptos jurídicos indeterminados implicarían el riesgo de dar luz verde, a la autorización para la venta indiscriminada de activos, como forma solapada de privatización indirecta”.
“A pesar de ser la diputada Hernández (PLN), integrante de la comisión que analizaba el proyecto y principal impulsora del mismo, no atendió las observaciones de la delegación sindical, por lo que el proyecto lejos de ser corregido, mantuvo y profundizó los riesgos señalados”, concluyeron.
