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Asamblea Legislativa levanta la inmunidad de Celso Gamboa

Por primera vez en la historia, los diputados del Congreso quitan el fuero a un Magistrado de la República.

Los diputados de la República votaron esta tarde el levantamiento de la inmunidad del magistrado Celso Gamboa Sánchez, como lo solicitó la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia a inicios de este mes para que el funcionario de la Sala III pudiera ser juzgado por  tráfico de influencias en favor del alcalde josefino Johnny Araya en 2015.

Los congresistas levantaron el fuero de protección al magistrado en una votación unánime de 45 diputados en relación con el informe que así lo recomendaba, aunque el libertario Otto Guevara no registró su voto pues consideró que la votación violentó el reglamento legislativo por ser pública.

La abstención no es una figura contemplada en el plano legislativo; sin embargo,  sí se contempla que un diputado no vote y no reciba su dieta del día. Sólo dos bancadas no estuvieron presentes; la del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y la de Renovación Costarricense (PRC).

La publicidad de la votación fue el mayor punto de debate desde el inicio del trámite, pues una minoría de los congresistas analizó el voto secreto como un recurso que debía defenderse desde su interpretación del reglamento legislativo. Algunos incluso plantearon que hacer la votación pública podría concluir en su nulidad tomando como referencia el artículo 101 de ese documento.

Como parte del proceso, cada uno de los diputados debió ponerse de pie y responder “sí” o “no” a la aprobación del informe.

Gamboa fue acusado por la Fiscalía de la República a finales de enero por eliminar el nombre del entonces aspirante por la Alcaldía de San José y excandidato presidencial, Johnny Araya Monge, de una causa judicial. El nombre de Araya figuraba, junto con el de otros alcaldes, en una causa por tráfico de influencias contra la Hacienda Pública.

Al respecto, el magistrado reiteró el martes anterior en su descargo de 30 minutos ante los diputados —como lo hizo vía documentación ante la comisión legislativa que ya había recomendado el levantamiento de su inmunidad—  que visualizaba una posible persecución contra Araya, por la forma en que el caso se filtró el caso al periódico La Nación y por posibles intereses en tiempos de efervescencia política.

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Al respecto, Gamboa detalló que “la propia persona denunciante” había retirado la denuncia contra el alcalde josefino, aunque nunca defendió directamente sus gestiones realizadas para borrar el nombre del alcalde del registro de causas penales pendientes previo a las elecciones municipales de 2016.

No obstante, la decisión ya estaba casi por completo definida e incluso ya varios diputados habían adelantado que votarían favorablemente el levantamiento del fuero, motivo por el que Gamboa incluso quiso recusar a los congresistas de votar su informe. Finalmente, el Directorio de la Asamblea indicó que ese procedimiento (la recusación) no existía en la dinámica del Congreso.

Gamboa es el primer Magistrado de la República al que se le levanta la inmunidad en la historia de nuestro país; aunque ya se había realizado un procedimiento de separación contra Óscar González en 2014 por la solicitud de la Corte, relacionada con un proceso disciplinario.

Precisamente, la Corte recientemente anunció el pasado 22 de febrero que pedirá la destitución de Gamboa por los hechos ocurridos en su viaje a Panamá con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, una “falta gravísima” según dictaminó el caso instruido por el magistrado Orlando Aguirre.

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Gamboa se contradijo en distintas ocasiones sobre su viaje y su relación con el importador cementero, hasta que el exembajador de Costa Rica en Panamá, Rodrigo Rivera, develó que el magistrado y Bolaños viajaron, se hospedaron y compartieron reuniones en territorio canalero.

Sobre estos hechos, Gamboa primero había dicho UNIVERSIDAD que sólo había viajado para comprar ropa de bebé, pero finalmente afirmó que había viajado por una supuesta relación extramarital y negó rotundamente haber planeado el viaje junto a Bolaños, aunque los tiquetes aéreos se pagaron con la misma tarjeta.

Una vez que la Asamblea reciba la solicitud de revocatoria de la Corte, el magistrado podría ser despedido en un nuevo procedimiento legislativo.

Además de las mencionadas, contra Gamboa también corren varias otras causas disciplinarias y judiciales por sus presuntos nexos con el caso del cemento chino y por su comportamiento en una terminal aérea mexicana en una misión oficial.

Ahora, el informe aprobado deberá ser remitido a la Corte Plena para que continúe con sus procesos internos.

La votación

Finalmente, la votación se realizó de forma nominal, a pesar de los comentarios de varios diputados contra ese procedimiento, alegando que se estaba violentando el Reglamento Legislativo, como señalaron el libertario Otto Guevara (ML) y el socialcristiano Jorge Rodríguez (PUSC).

Específicamente se refirieron al artículo 101 y al 104 del documento, en el que se establece que la votaciones que deban ser privadas no podrán aceptar mociones para revertirse ese hecho.

Este argumento ya había sido manifestado por el propio Gamboa la tarde de este mismo jueves, solicitando “respeto a sus derechos fundamentales”.

También se habían manifestado antes en contra de la votación pública congresiatas como el oficialista Ottón Solís, quien dijo apenas el martes pasado que  “el voto secreto es esencial en la democracia, para que no hayan venganzas ni represalias”. De cualquier manera, Solís dio su voto favorable.

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Para evitar el procedimiento secreto se votó una moción especial en un pulso que requería apenas de una mayoría simple y, finalmente, fue ganada por 31 de 45 diputados que impulsaron el proceso abierto.

Para llegar a la votación, el PLN ya tenía preparada una moción para extender la sesión hasta las 9:30 pm; sin embargo, esto no fue necesario.

Finalmente la votación ocurrió pasadas las 6:00 p.m., tras dos días de debate, pues el miércoles toda la sesión fue acaparada por la discusión de la vía rápida para el proyecto fiscal (expediente 20.580).

El magistrado Gamboa ya había manifestado en sus redes sociales que, de hacerse pública la votación, pediría la nulidad del proceso.

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