Los diputados corrieron sobre la hora para realizar sus últimos cambios al proyecto de ley 21.248: la iniciativa que busca penar el cohecho y los sobornos transanacionales realizados en nombre de personas jurídicas con castigos de entre entre ¢450 millones y ¢4.500 millones (1.000 y 10.000 salarios base), entre otras medidas.
Para ello, los diputados dieron un paso atrás y realizaron de nuevo la aprobación de la iniciativa en primer debate, un proceso que realizaron de forma fugaz, pues el texto —indispensable para la adhesión de Cota Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)— tendría que aprobarse a más tardar este lunes, según explicó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), este jueves.
No obstante, los diputados decidieron correr para hacer sus cambios de última hora, a pesar de que 43 de ellos habían aprobado la iniciativa este lunes. Ese día dieron primer debate al texto en medio de la conocida premura; sin embargo, más tarde reavivaron sus dudas y con ellas llegaron las propuestas de este jueves.
Entre los cambios al texto, destacó una reducción en las penas para las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las cuales ahora se les reducirán los castigos a montos de entre ¢13 millones y ¢89 millones (30 y 200 salarios base) para diferenciarlas de las grandes entidades. Eso sí, en caso de que el beneficio que obtengan se trate de una contratación administrativa, el castigo también podría ser de hasta un 10% del monto ofertado.
Esta posibilidad había sido defendida por varias fracciones, especialmente la del Partido Liberación Nacional (PLN), según indicaron congresistas que participaron de las negociaciones. Sin embargo, finalmente contó con el apoyo de todo el Congreso.
En esa línea, el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, subrayó que con esta reforma se buscó corregir una sanción que habría sido letal para cualquier pyme, tomando como punto de partida los principios constitucionales de “racionalidad y proporcionalidad”. Según Benavides, dejar el texto como estaba implicaba una sanción similar a la pena de muerte para una persona física, un castigo que está completamente prohibido y que debía equipararse.
Este y otros cambios contaron con el beneplácito de todas las bancadas en el Congreso, incluido el oficialismo.
Esa postura del Partido Acción Ciudadana (PAC) se evidenció en fuertes discusiones durante la sesión del Plenario que luego se atenuaron, pese a las advertencias que había hecho el Ejecutivo de que cualquier cambio a la iniciativa podía no ser avalado por la OCDE y resultar casi tan negativo como no aprobar a tiempo el proyecto.
No obstante, la ministra de Comercio, Dyalá Jiménez, comentó —posterior a la votación— que la OCDE había manifestado que sí le parecía lógico tratar con proporcionalidad a las pymes, aunque sí reconoció que no se comentó con ellos el monto de las penas a tiempo. Lo único que había puntualizado la organización, afirmó la jerarca, era que debían ser cifras “disuasorias” para la realidad de las diferentes empresas.
Ahora, dijo la ministra, “lo importante será transmitir a la organización cuál es la realidad del país”, de modo que logren verificar que la reforma es suficiente para restringir el delito.
Finalmente, los diputados aprobaron el texto en primer debate, tras varias horas de negociaciones y recesos, los cuales se prolongaron desde las 9:00 a.m. hasta eso de las 4:00 p.m.
Lea también: Diputados frenan proyecto contra sobornos de empresas y ponen en riesgo adhesión a la OCDE
Además de ese cambio, los diputados accedieron a modificar la figura del decomiso preventivo de bienes utilizados en la comisión de los sobornos, una medida que cuestionaba parte de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En cambio de esta figura, la ley ahora dirá que se podrá aplicar el “secuestro”, una figura ya establecida en el Código Penal y que se refiere a los activos utilizados directamente para ejecutar el delito.
Por último, los congresistas agregaron parámetros para el establecimiento de las penas, tales como la cantidad y la jerarquía de los colaboradores, la naturaleza y la dimensión del delito, la capacidad económica de la empresa y los daños provocados al interés público.
En materia de penas a personas, solo se modificó la pena del cohecho propio (cuando un funcionario recibe dinero por hacer algo contrario a sus deberes), el cual pasó de una pena cuatro a diez años de prisión, a una de tres a ocho años (con la posibilidad de aplicar la ejecución condicional de la pena).
Ahora el texto deberá ser aprobado de forma definitiva este lunes, fecha que fijó la Presidencia legislativa para ese procedimiento. Con esa segunda votación favorable se cumplirán los tiempos fatales indicados por Comex, que necesita una suma de nueve meses de vigencia de esta ley antes de marzo de 2020.
La aprobación del proyecto, aún con los cambios, fue celebrada por el Ejecutivo y la fracción oficialista, quienes agradecieron uno por uno a los diputados de oposición. “Esta aprobación no es menor”, destacó ante la prensa la diputada Carolina Hidalgo, del PAC.
