La Asamblea Legislativa aprobó una moción para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico investigue las posibles relaciones del Gobierno con la criminalidad organizada, en medio de un ambiente caldeado que incluyó denuncias de legisladores de la oposición por amenazas recibidas de parte de los diputados oficialistas, en el sentido de que «les iban a pasar la factura».
La moción había sido anunciada desde ayer miércoles por el diputado Danny Vargas del Partido Liberación Nacional (PLN), pero no pudo ser votada por recesos solicitados por el oficialismo y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que hicieron expirar la sesión. Hoy fue presentada nuevamente, esta vez por la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), y obtuvo una contundente mayoría, de 38 votos a favor y únicamente 6 votos en contra, de la bancada oficialista.
«Esta es una moción firmada por muchísimos diputados, que es bastante explícita sobre la necesidad de una investigación profunda sobre posibles nexos del Gobierno con actividades criminales…A los costarricenses que votaron por Rodrigo Chaves, ¿votaron para que los gobierne un narcogobierno? Ya es hora de decir lo que nadie quiere decir», dijo Guillén antes de la votación.
La moción presentó una «respetuosa pero vehemente excitativa» a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que se realice una investigación a profundidad sobre el posible nexo del actual Gobierno de la República con algunas actividades de la delincuencia organizada.
También solicita que se investiguen denuncias periodísticas de posibles negociaciones de funcionarios del Gobierno con «redes mafiosas costarricenses ligadas con los carteles de droga de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación».
La tercer propuesta es que se solicite al Poder Ejecutivo los informes necesarios para aclarar «una serie de hechos sospechosos», que sembrarían la duda de si desde el Ejecutivo existen maniobras para debilitar el combate contra la delincuencia en Costa Rica.
El oficialismo se atrincheró en alegar que estaban dispuestas a que se investigara, pero que no podían avalar una moción que se basaba en información falsa, en relación con las menciones de un posible debilitamiento de la lucha contra la delincuencia y particularmente el narcotráfico desde la llegada de Rodrigo Chaves al poder.
«Es absolutamente falso y ofensivo decir que este es un narcogobierno. No sé como a los que escribieron esta moción no les da verguenza», manifestó Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, quien aseguró que esta administración ha sido constante en su lucha por combatir el narcotráfico, mencionando la instalación de escáneres, y los esfuerzos para pagar más a los policías y contratar más efectivos.
Sin embargo, esta versión fue duramente cuestionada por la oposición. «A nuestros despachos han llegado prácticamente todos los cuerpos policiales a denunciar como este Gobierno les impide realizar su trabajo», dijo Rocío Alfaro, del FA. «Hay una acción blandengue. ¿Saben cuántos pilotos de Seguridad Pública están sentados todo el día, sin poder hacer nada, porque no hay aeronaves? Son 20», aseguró Luis Fernando Mendoza, del PLN. «El 66% de las unidades de Fuerza Pública están fuera de servicio. ¿Saben cuál es la inversión en nuevas patrullas? Cero», afirmó José Pablo Sibaja, de Nueva República. Y Óscar Izquierdo, del PLN, enfatizó las dudas generadas por el desplome de la lucha contra el narcotráfico, a pesar de los escáneres, que apuntan al menor decomiso de cocaína en la década, así como el voto de la fracción oficialista contra el presupuesto que otorgó ₡21 mil millones para la seguridad y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
Amenazas en el aire
Sin embargo, los ánimos se encendieron más con las denuncias de diputados de la oposición sobre amenazas provenientes del oficialismo, en el sentido de que les iban a «pasar la factura».
Primero fue Vanesa Castro, del PUSC, quien mencionó que al salir de una comisión junto con los diputados Guillén y Ariel Robles (FA) y Francisco Nicolás (PLN), la diputada Cisneros pasó en medio de ellos y les dijo: «les va a llegar el momento de pasarles la factura».
Esto fue confirmado por Robles y Guillén, y fue ampliado por Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien indicó que durante el Plenario, había identificado «claramente» al diputado Alexander Barrantes, del oficialismo, indicar que «se las van a cobrar». Esto provocó la censura de Feinzaig. «Quiero saber a quién le van a cobrar, y quién va a cobrar. Esto es preocupante, es inaceptable», dijo.
Esta inquietud también fue resaltada por Katia Cambronero, del PLP, quien retomó las declaraciones del fiscal Carlo Díaz en la mañana, en el sentido de que se están realizando pagos con bitcoin para desacreditar. «No es aceptable que personas en el Poder Ejecutivo y en esta Asamblea Legislativa mientan, amenacen, y se hable de pagar por desacreditar a funcionarios públicos, o utilizar recursos públicos para desacreditar adversarios», expresó.
Cisneros no se refirió a estas acusaciones, pero Barrantes si lo hizo, tratando de matizarlas en una dirección que Nicolás había advertido que posiblemente iban a utilizar: referir la factura a las elecciones del 2026. «Agradezco a Francisco Nicolás que lo haya entendido, lo que dije es que en el 2026 les van a cobrar la factura», manifestó.
Sin embargo, otros diputados como Danny Vargas, del PLN, resaltaron que en el contexto del debate que se planteaba, en el que esa mención de pasar la factura no era nada adecuada.
Pero el oficialismo también externó un profundo disgusto luego de que Katherine Moreira, del PLN, indicara que «aquí la vocera del narcotráfico viene a mentir todos los días a este Plenario».
Esto originó una enérgica protesta de Daniel Vargas, subjefe del Partido Progreso Social Democrático, quien espetó a Izquierdo, jefe de fracción del PLN, que «controlara lo que dicen sus diputados». Izquierdo le respondería posteriormente que su liderazgo de jefe de fracción no se afianza en el autoritarismo.
Fueron necesarios varios llamados a la mesura, incluso desde la presidenta interina Rosalía Brown, y un acuerdo de jefaturas de fracción para que la mayoría de los diputados externaran su posición en este tema,
Probablemente apenas el preludio de lo que se puede venir en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
