Como uno de los acuerdos tomados en la reunión de Presidentes de los Supremos Poderes la semana pasada, el presidente legislativo Rodrigo Arias informó que se trabaja en una propuesta de ley que concentre temas urgentes, que se deben reformas de manera urgente y entre los que se encuentran el sicariato y la portación de armas de grueso calibre.
Así lo informó Arias a los jefes de fracciones legislativas, durante la reunión de este jueves, en la que rindió un informe del resultado del encuentro de los Presidentes de Supremos Poderes, realizado el pasado 30 de noviembre.
El presidente legislativo indicó que «después de discusiones difíciles», se acordó impulsar reformas en temas indispensables, que requerían de tratamiento urgente para procurar enfrentar la crisis de violencia que enfrenta el país, y se refleja en el explosivo aumento de la tasa de homicidios, más de un 40% con respecto al año pasado.
El consenso de los representantes de los tres poderes fue incluir al menos acciones para sacar las armas de grueso calibre del mercado, y modificar las condiciones para enfrentar el sicariato, en el sentido de que los detenidos por esta materia no pueden recibir el mismo tratamiento que otras personas.
Una comisión de enlace en la que participa la Ministra de la Presidencia Natalia Díaz en representación del Poder Ejecutivo; la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico Gloria Navas por el Poder Legislativo y un asistente de Orlando Aguirre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, deberán preparar una propuesta en un plazo de dos semanas, para que se pueda valorar la posibilidad de darle un trámite rápido.
Arias recordó que la reunión fue una iniciativa que impulsó para recomponer la comunicación para el trabajo en la agenda de seguridad, luego de que las relaciones quedaron rotas «después de la conferencia de prensa del presidente Rodrigo Chaves» el pasado 22 de noviembre, durante el lanzamiento de la política pública para seguridad, en la que volvió a atacar ferozmente al Poder Legislativo y al Judicial, y en la que anunció que retiraba los cinco proyectos de ley presentados por el Gobierno en esta materia.
Les informó a los jefes de fracción que en el encuentro del 30 de noviembre se concluyó que sería un error volver a trabajar con los proyectos del Poder Ejecutivo que recibieron fuertes críticas en el Poder Legislativo, por lo que se cambió el enfoque, para pasar a tratar de identificar los temas en los que existían consenso que se requerían cambios urgentes, para enfrentar la emergencia nacional.
Los jefes de fracción por su parte continuaron con la agenda de seguridad de los proyectos identificados por el Poder Legislativo en primera instancia, de los cuales se aprobó uno (la reforma al Servicio de Guardacostas), y hay un grupo en trámite de mociones. A este conjunto se sumarán los dos textos que dictaminó la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el 23.973 para fortalecer el financiamiento de cuerpos de seguridad mediante el tributo a personas jurídicas, y el 23.806, para fortalecer los juzgados de flagrancia.
