El año entrante, las empresas Transportes Unidos Alajuelenses S.A (Tuasa), Inversiones La Tapachula y Autotransportes Desamparados recibirán del Estado costarricense pagos que suman más de ₡37 mil millones, a raíz de demandas que han ganado contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Ante esos montos resulta paradójico que esas empresas, poseedoras de 415 buses entre las tres, se verían beneficiadas como todas las demás del sector si se aprueba la iniciativa de ley que busca ampliar la vida útil de los buses.
El Plan Operativo Institucional Proyecto Cánones 2023 (IN-0009-DGEE-2022), de la Aresep, incluye una estimación de pagos por sentencias judiciales a la empresa Tuasa por ₡32.295.267.459, a Inversiones La Tapachula por ₡3.482.621.609 y a Autotransportes Desamparados por ₡1.714.740.115. Es decir, un total de ₡37.492.629.183.
Esa cifra supera en más del doble la estimación de ingresos para el 2022 de la Aresep, que es de ₡16.463.930.588. En ocasiones anteriores, con motivo de pagos por sentencias similares, la Aresep solicitó al Poder Judicial la realización de los pagos en diferentes tractos, para reducir el impacto.
La principal fuente de ingresos de la institución es el pago del canon que recibe por cada actividad regulada.
Por escrito, desde la Dirección de Asesoría Jurídica y Regulatoria de la Aresep se aclaró que esos montos corresponden a estimaciones para la atención de esas sentencias judiciales, pero que “debe tomarse en cuenta que dichos montos no se encuentran en firme, es decir, no se han resuelto en forma definitiva, por ende brindar detalles específicos en esta etapa, podría resultar impreciso y lesivo al ordenamiento jurídico, lo que le podría ocasionar repercusiones negativas a la institución”.
También se indicó que las sentencias logradas por esas empresas “están relacionadas en parte, con el uso de las denominadas ‘herramientas complementarias’ para la aplicación de la metodología de cálculo de las tarifas de los autobuses, que han sido interpretadas por los Tribunales de Justicia como un ejercicio discrecional excesivo por parte de la Aresep, a pesar de ser suprimidas de la actividad regulatoria en el año 2012”.
Además, esa Dirección apuntó que el riesgo de demandas judiciales al que se encuentra expuesto la Aresep es “inherente” a su trabajo, pues la función de regulación “resulta compleja justamente por el propósito que persigue de conciliar los intereses particulares con el interés general, al supervisar múltiples actores e intereses”.
Miles de millones
De acuerdo con datos del Consejo de Transporte Público (CTP), Inversiones La Tapachula S.A. es concesionaria de tres rutas. La ruta 9, San José – Escazú – Bello Horizonte – San Antonio – Santa Ana y ramales, para la cual tiene una flota autorizada de 160 buses, los más viejos datan de 2007.
También la ruta interlínea I-6, Escazú – Alajuelita – Hatillo y la ruta 1002, Brasil de Santa Ana – Coyol de Alajuela, para cada una de las cuales tiene un bus autorizado. En el caso de la interlínea, el sitio del CTP no incluye información sobre la unidad que la cubre, mientras que la ruta 1002 es cubierta por un bus de 2011.
Transportes Unidos Alajuelenses S.A (Tuasa) tiene la ruta 200, San José – Alajuela y ramales, que implica el expreso y el regular por la radial e INVU Las Cañas; San José – Alajuela por Heredia; San José – San Joaquín de Flores; Alajuela – Aurora de Heredia – San Joaquín; y Alajuela – San Juan de Santa Bárbara. Para ello, cuenta con una flota autorizada de 150 buses, los más viejos son de 2014.
Autotransportes Desamparados S.A. tiene concesión para operar en tres rutas. La ruta 70, San José – Desamparados – Aserrí y sus 15 ramales, que incluyen localidades como Dos Cercas, El Porvenir o Barrio Corazón de Jesús. Para esta ruta tiene autorizada una flota de 98 buses, los más viejos de 2007.
También es concesionaria de la ruta de interlínea I-1, Desamparados – Moravia, con una flota de cuatro buses, uno de los cuales es de 2006; y la ruta 1001, Desamparados – Calle Fallas – San Rafael Abajo – San Juan de Dios, con un bus también de 2006.
UNIVERSIDAD tuvo acceso al legajo de ejecución de la sentencia que Tuasa logró en el Tribunal Contencioso Administrativo contra la Aresep. Por mucho el más oneroso de los tres casos.
Allí consta que fue en noviembre de 2014 que la empresa presentó su demanda para reclamar que no se le otorgó un aumento tarifario.
En julio de 2016 el Contencioso falló en favor de la empresa porque determinó la nulidad de una resolución de Aresep de 2013 “únicamente en cuanto rechazó el aplicar el modelo econométrico para las rutas a) Alajuela – San José por la pista, b) Alajuela – La Aurora de Heredia, c) Alajuela – San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín – San José”.
El modelo econométrico es la forma de medición de ciertas variables como la estructura de costos, para determinar si procede un ajuste de tarifas y por qué monto.
Por ello, se condenó a la Aresep “al pago de los daños y perjuicios” que consideró se causó a la empresa. También, se emitió condena por la “resolución tardía de la ruta Alajuela – Heredia – San José”. En julio de 2020 la Sala I rechazó los recursos de apelación presentados por ambas partes.
Así, la estimación del monto dejado de percibir de parte de Tuasa, más lo intereses, fue de ₡26.827.618.482. A ello se suma el cálculo de las costas en que incurrió la empresa con su asesoría legal, que se fijó en ₡3.037.169.388,24. Ello da un total de ₡29.864.787.870,24.
Sin embargo, aún se debe sumar el reclamo del pago de las costas por el propio proceso de ejecución de sentencia, que suma ₡2.277.890.791,18. Con ello, el gran total solicitado es de ₡32.146.678.661,42. Sin embargo, el principal rubro de los ₡26 mil millones reclamado por Tuasa incluye intereses calculados al 31 de mayo de 2021, pero se añade que al momento de pagar se requiere una actualización.
El monto estimado a pagar por Aresep el año entrante añade a esa cifra ₡151.588.797,58, para alcanzar el mencionado gran total de ₡32.294.267.459.
Al respecto, la explicación de Aresep es que el Tribunal Contencioso Administrativo acogió parcialmente su posición y declaró la nulidad parcial de una fijación tarifaria, “únicamente en cuanto a que la Aresep rechazó aplicar el modelo econométrico para ciertas rutas” y en consecuencia estableció que se debe aplicar el modelo vigente en noviembre de 2009.
La mencionada Dirección añadió que, al encontrarse el proceso en etapa de ejecución de sentencia y que “brindar algún detalle específico en etapas preliminares de los procesos judiciales, podría resultar impreciso y contrario al ordenamiento jurídico”.
Favor a grandes intereses
La diputada frenteamplista Rocío Alfaro, quien ha dado seguimiento al tema de transporte público, consideró que la Aresep “ha sido negligente en defender los intereses de los usuarios y tenemos información de que en estos procedimientos legales se ha actuado sin la precisión adecuada, dejando que el Estado tenga que reponer cantidad de millones a empresas enormes, en algunos casos por no seguir procedimientos adecuados y en otros por ni siquiera presentar defensa razonable a las querellas”
La legisladora apuntó que se trata de empresas que “efectivamente se suman a plantear que están en una crisis económica terrible” y por eso reciben favorecimientos “contra los derechos de las personas usuarias, contra la seguridad y contra la reactivación económica”, al buscar que sus flotillas no se renueven “a pesar de que han recibido cantidades de medidas para solventar cualquier crisis”.
Aseveró que existe “una tendencia a chinear las necesidades e incluso la voracidad de las grandes empresas en contra de los intereses de la inmensa mayoría de la población usuaria”.
La diputada hizo “punto y aparte” ante la situación de los pequeños autobuseros en las zonas rurales, quienes enfrentan realidades como el mal estado de las vías o el desempleo, que provoca que muchas personas se dediquen al transporte ilegal.
Alfaro informó que se intentó modificar el proyecto de ley para que se aumente la vida útil únicamente de las unidades de esas pequeñas empresas que viven en crisis, pero “quienes hacen lobby, se movilizan y ejercen presión son las grandes empresas y han impedido” esa iniciativa.
Calificó ello como contradictorio y criticó que “de parte de quienes favorecen estos proyectos no hay una mirada objetiva de datos reales” y que se busque “el favorecimiento a grandes grupos económicos de este país”.
