El intentente de Transportes, Edward Araya, y el regulador general, Eric Bogantes, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) consideran que el proyecto que propone el Ejecutivo equiparar condiciones entre taxis y plataformas desprotege al usuario de abusos en el cobro.
La iniciativa la presentó el Gobierno esta semana y es resultado de conversaciones que sostuvieron los jerarcas del Ejecutivo con los taxistas y busca homologar aspectos como la tarifa, periodicidad del seguro, pago de impuestos y revisión técnica entre los taxis rojos tradicionales y los choferes vinculados a empresas como Uber y Didi.
Araya y Bogantes indicaron que las iniciativas que buscan “nivel la cancha” son bien vistas por Aresep, pero que deben considerar a todas las partes y en este caso la perspectiva del usuario se podría estar “menospreciando o dejando de lado”.
El proyecto propone establecer una “rentabilidad bruta mínima”, que el jerarca del MOPT, Luis Amador, niega sea lo mismo que un precio o tarifa mínima, y que en la práctica es un piso de costo que deberá pagar el usuario para garantizar la rentabilidad de los operadores autorizados.
Los taxistas pasarían de ser considerados un servicio público a un “servicio de interés general” y se permitía la variación en el cobro según demanda o, en palabras de Amador, un tipo de tarifa dinámica que haría que el precio suba en horas pico y luego baje, pero no más que la “rentabilidad bruta mínima”.
“A nivel de calidad del servicio, yo creo que se está desprotegiendo el usuario, habría que ver que dicen los diputados, y a nivel tarifario, por supuesto, por que se le está poniendo una tarifa mínima que no sabemos cual va a ser” dijo Araya.
Bogantes apuntó que el servicio de taxis -al tener muchos operadores- tiene características que le permiten abrirse a la competencia, como busca el Ejecutivo, pero solo en las zonas urbanas de alta densidad de población.
“Por ejemplo en las zonas rurales difícilmente vas a encontrar suficiente cantidad de operadores, ya sea taxistas o de plataforma interesados o disponibles para atender la demanda de las personas, entonces posiblemente en estos casos en las donde hay pocos proveedores de los servicios públicos, la tarifa tendería a ser mucho más cara” mencionó.
Actualmente el servicio de taxis es un servicio público regulado por Aresep, mientras que las plataformas son uno considerado ilegal por lo que queda fuera de su competencia. En cuanto al pago del servicio de taxis, Aresep estableció hace dos años un techo tarifario, que busca proteger al usuario de cobros abusivos, contempla los costos del taxista y les permite la negociación de un precio menor por parte del taxista.
El proyecto trasladaría la responsabilidad de la regulación y control de calidad del servicio al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y en relación con esto, Araya apuntó que también se deja de lado que la mayoría de las denuncias presentadas por los usuarios son de los llamados servicios “pirata”, los cuales no contempla la ley.
“De alrededor de 364 expedientes que se abren por año el 10% corresponde a plataformas y taxistas, el otro 90% son piratas y (en esta propuesta) no forman parte de la ecuación, estos son aspectos de fondo que deberán ser dilucidados en la Asamblea Legislativa” comentó Araya.
El expediente 23.736 llamado “Ley de transporte remunerado no colectivo de personas y plataformas digitales” aspira a equipar las condiciones entre taxistas y plataformas digitales como Uber y Didi al dejarlas en manos del “libre mercado”, sin embargo, Bogantes y Araya consideran que el proyecto mantiene las características de un servicio regulado, pero ahora en manos del MOPT.
