El intendente de agua de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), Marco Vinicio Cordero Arce, denunció cómo la falta de planificación de las inversiones de Acueductos y Alcantarillados (AyA) está encareciendo los costos de las obras y citó el caso de la multa de más de $6.7 millones (aproximadamente ¢4.147 millones) que el AyA debe pagar a la empresa española Acciona Agua S.A., después de perder el arbitraje por un contrato suspendido en el 2017.
Cordero hizo estas declaraciones ante la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que analiza el funcionamiento de dicha institución.
Este proyecto, que ejecuta el AyA, se planteó en 2005 con un costo de $250 millones; pero no arrancó en el tiempo establecido, explicó Cordero. En el 2007 se replanteó, se hizo un ajuste y pasó de $250 millones a $490 millones. Eso significa un sobrecosto de $240 millones, que es prácticamente el 96% del valor inicial.
El financiamiento para ese proyecto proviene de entidades financieras como la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA por sus siglas en inglés), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Nacional de Costa Rica y la contrapartida por parte del AyA, que sale del rédito para el desarrollo, que establece la metodología tarifaria. Sin embargo, todavía queda un monto por financiar, importante para la culminación del proyecto, aclaró Cordero.
A julio del año pasado, a principios de la pandemia, se habían ejecutado $181 millones y quedaban pendientes de ejecutar $309 millones, lo cual significa que apenas tenía un avance financiero del 37%, agregó el funcionario.
El reclamo de la empresa Acciona Agua se origina por una decisión que tomó el AyA en 2017 de suspender un contrato de 2015 para la instalación de unas tuberías de alcantarillado sanitario de San José, indicó.
Según Cordero, esto se presentó “dada la inacción del AyA para realizar los reajustes en los planos ante la presencia de rocas de gran tamaño y tuberías clandestinas, que inicialmente no estaban planteadas en los planos”. Eso automáticamente dilató las obras; pero además significó un sobrecosto.
Esa disputa se llevó a un arbitraje y el 8 de mayo de 2020 se emitió el laudo arbitral, que condenó al AyA a pagar $2.4 millones a esa empresa y costos procesales y personales por $2.1 millón derivadas del laudo arbitral. Además, el AyA debe pagar a la empresa $2 millones por eventos compensables y trabajos ejecutados, que todavía le adeuda. En total este enfrentamiento le costó al AyA $6.5 millones, de los cuales están pendientes de cancelar a la fecha $4.5 millones, precisó Cordero.
Falta de planificación encarece las obras
Cordero apuntó que “dentro del proceso de inversiones y la fiscalización que hemos hecho de la planta Los Tajos y de otros proyectos de inversión encontramos una serie de oportunidades de mejora, podemos decirlo de esa forma, pero que también pueden tener implicaciones financieras para la institución y para los usuarios a largo plazo”.
En primer lugar afirmó que la falta de inversiones limitan el crecimiento socioeconómico de comunidades. “Tenemos una serie de comunidades que hoy están esperando un proyecto de AyA que les permita tener acceso a agua o que el agua sea de calidad”, y eso imposibilita reactivar la economía en muchas comunidades del país porque la gente va a solicitar un permiso para construir una casa, comercio, escuela, empresa y no se les da por falta de disponibilidad de agua.
En segundo lugar citó la falta de planificación de las inversiones. “Tenemos inversiones que se empezaron a ejecutar en el 2012 y a la fecha no se han implementado; por ejemplo, un proyecto en Alajuelita, que empezó con un costo de $4 millones y hoy el costo es de $7 millones simplemente por ese retraso en las obras”.
En tercer lugar denunció las deficiencias en la ejecución y control de proyectos. “Tenemos proyectos en que se están haciendo plantas de tratamiento en lugares donde tenemos un informe de la Comisión Nacional de Emergencias de que hay una falla tectónica, por ejemplo, ha ahí no hay ningún seguro que nos pueda resguardar esa actividad. También tenemos inversiones de AyA en zonas donde hay orden de la CNE de que hay que desalojar a la comunidad; es una inversión millonaria para nadie porque todo el mundo tiene que salir de ahí porque la tierra no es apta para vivir”.
