- El país depositó en 169 áreas de conservación la tarea de resguardar las joyas de la corona: una biodiversidad única e irrepetible que atrae a millones de turistas cada año, pero que está en peligro ante el deterioro del sistema.
Tras casi 50 años de explotación ganadera en la margen izquierda del río Tempisque, la familia Stewart vendió una parte de su extensa finca al gobierno del entonces presidente Daniel Oduber. Corría el año 1975 y el Estado decidió reservar 4.800 hectáreas como santuario para las decenas de miles de aves que arribaban anualmente a la llamada Laguna de Palo Verde y sitios cercanos.
Con los años, el argumento conservacionista pesó y ese refugio creció hasta que, en 1990, se convirtió en el Parque Nacional Palo Verde, una robusta área protegida de 20.000 hectáreas que cubre humedales, bosques secos y bosques de transición y es ahora uno de los sitios más importantes para las aves acuáticas migratorias de Centroamérica.
Asediado desde el norte y el este por monocultivos, Palo Verde es el último recuerdo borroso del ecosistema natural que tenía la cuenca baja del Tempisque siglos atrás, antes del arado y los bueyes, del tractor y de los ingenios que cosechan toneladas cada año. El manchón de bosque que puede verse desde una imagen satelital fue prácticamente arrebatado al mosaico de arrozales y cañales que se extiende río arriba, como una colcha en tonos amarillos y cafés.
“Palo Verde desde 1920 era hacienda ganadera de donde hasta sacaban madera; nosotros lo que estamos haciendo es restaurando el bosque y manejando los humedales para poder tener estas especies de aves de agua”, dice Wlfran Murillo, funcionario del Área de Conservación Arenal Tempisque (ACA-T), donde pertenece el Parque.
En las últimas dos décadas, los guardaparques que trabajan en Palo Verde han mermado en número y tienen las mismas carencias de equipo, recurso humano e instalaciones que sus colegas en el resto del país. Aún así, una verdad perdura: dentro de los linderos del Parque Nacional, en estas 20.000 hectáreas se detuvo el tiempo.
Algo similar podría decirse del resto del país: prácticamente todas las 169 áreas silvestres protegidas que tiene bajo su cuidado el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) funcionan como limbos temporales donde se encuentran ecosistemas que ahora en algunos son casos únicos. Esto, un aparente giro positivo, también tiene su bemoles. Permanecer suspendido en los años implica que (en teoría) no entran latifundistas, aserraderos y cazadores, pero también que estas áreas, las joyas de la corona del sueño verde costarricense, están viviendo de los intereses de glorias pasadas. Para muestras, un botón: desde 1998 no se crean nuevas plazas de guardaparques.
Con la celebración del Día de Parques Nacionales este 24 de agosto, ¿qué puede decirse del mosaico de arrecifes coralinos, humedales costeros, páramos y bosques tropicales húmedos que ocupa poco más del 26% del territorio continental?
Puede decirse que conservan el último reducto de bosque seco de Centroamérica, pero que carece de un adecuado sistema nacional para el monitoreo de su propia efectividad en la conservación; que en 2015 recibió más de 1,8 millones de visitantes nacionales y extranjeros, pero que estos turistas encontraron parques urgidos de más personal; que estas áreas protegidas contribuyeron crucialmente a la reforestación del territorio costarricense en las últimas tres décadas, pero que en muchos lugares vive bajo la sombra del narcotráfico y el crimen organizado.
O, por ejemplo, que contiene tres sitios declarados Patrimonio Mundial Natural y ofrece refugio para especies en peligro de extinción como el jaguar y la tortuga baula, pero que es incapaz de detener la cacería ilegal en sus fincas y que arrastra una deuda histórica de miles de millones de colones con propietarios privados de tierras dentro de sus linderos.
Crucialmente, debe decirse que esas 169 áreas silvestres protegidas son el motor del turismo ecológico de Costa Rica y sustento para decenas de miles de familias en todo el territorio. Su protección es al mismo tiempo convicción conservacionista y realidad económica.
“Los retos son enormes y las capacidades son cada vez más limitadas”, reconoce la viceministra de Ambiente, Patricia Madrigal.
La conservación
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define un área protegida como un espacio geográfico claramente definido, dedicado y manejado mediante medios legales o cualquier otro medio efectivo, para lograr la conservación de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociado en un largo plazo. Es decir, estas zonas geográficas tienen la misión clara de proteger esta biodiversidad en el tiempo.
El concepto de proteger la naturaleza de una zona es antigua y algunas manifestaciones existen desde hace siglos en India, Europa y África. Como realidad concreta, el primer parque nacional del mundo en formalizarse fue el estadounidense Parque Nacional de Yellowstone, creado en 1872.
Nuestro país hizo un primer intento en 1945: mientras se construía la carretera Interamericana Sur, el gobierno propuso proteger los robledales a ambos lados de la vía y propuso un parque nacional que ocupara una franja de dos kilómetros a ambos lados de la carretera, entre Cartago y Pérez Zeledón. A falta de una instancia que lo defendiera, no fue respetado y solo permanece parte de la vegetación original en el Parque Nacional Tapantí, el Parque Nacional Los Quetzales y la Reserva Forestal Los Santos.
Nuevas áreas creadas en 1955 (apenas unas hectáreas alrededor del cráter de algunos volcanes en las cercanías del valle Central) y más contundentemente a partir de 1970 empezaron a darle forma al entonces Servicio Nacional de Parques Nacionales con la misión de conservar la flora y la fauna de importancia nacional.
Cuando en los 90 se crea el Sinac, este hereda estas y otras funciones, lo que plantea la pregunta: tantos años después, ¿en realidad cuánto logra el Sinac de esta tarea?
“No cumple (su función de conservación) como debería, quizás, pero sí cumple una función de conservación muy importante”, explica la viceministra Madrigal.
Los estudios respaldan este valor de las áreas protegidas costarricense y particularmente en temas de cobertura boscosa. Por ejemplo, un estudio publicado en 2008 determinó que cerca del 10% del bosque costarricense que quedaba para 1997 habría sido talado entre en las décadas previas si no hubieran existido estas áreas.
Además de evitar la deforestación, hay evidencia científica de que también contribuyen a la reforestación boscosa. Según otro análisis del 2012, un 13,5% del área sin bosque fue reforestado gracias al establecimiento de áreas protegidas en el país.
“Hemos revertido el proceso de deforestación y hemos protegido la cobertura forestal. Ese es un logro significativo y sin duda el Sinac es el responsable principal de que eso haya sucedido”, señala el exministro del Minae Carlos Manuel Rodríguez.
Otro caso: en 2005, un grupo de científicos determinó que las acciones tomadas para proteger las lapas rojas en el Pacífico Central surtieron efecto, particularmente entre 1995 y 1996, y habían logrado estabilizar la población.
Fuera de los estudios y algunas observaciones de largo aliento en puntos específicos –y a pesar de que estas áreas silvestres protegidas son hábitat de una parte considerable del famoso 4% de la biodiversidad mundial que Costa Rica alberga–, no hay certeza científica del impacto que tiene la protección de estos territorios para estas especies de flora y fauna. ¿Por qué?
Porque Costa Rica carece de un sistema nacional que permita monitorear su biodiversidad.
Esto presenta retos graves para el Sistema: ¿Cómo puede protegerse algo que no se conoce a ciencia cierta? En el 2016, es imposible para el Sinac cuantificar las consecuencias que tiene la cacería ilegal en sus tierras, tampoco con precisión académica cuánto puede recuperarse de una población de árboles en peligro de extinción.
“Me preocupa que no sabemos qué está cambiando, porque nuestro trabajo lo hacemos con modelos. No sabemos el cambio que está ocurriendo ni qué significa para la sociedad”, resume el investigador Pablo Imbach, líder del Laboratorio de Modelado Ambiental (LMA) del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), al hablar sobre sus preocupaciones sobre el cambio climático en áreas protegidas.
Hay ciencia, claro, y mucha. El Área de Conservación Guanacaste, por ejemplo, monitorea la recuperación del bosque seco y sus especies; la Estación Biológica La Selva, en Sarapiquí, es uno de los centros de investigación tropical más famosos del mundo y por todo el país los guardaparques intentan llevarles el pulso a poblaciones clave, como las tortugas baula de Playa Grande o las lapas en Guacalillo. Pero falta una mirada general de monitoreo ecológico.
La propuesta del Estado es la creación del Programa Nacional de Monitoreo Ecológico, que nació mediante decreto ejecutivo en mayo de este año. Ahí se sientan las bases para una esperada Red Nacional de Monitoreo Ecológico.
“Estos son indicadores y criterios que nos permitan identificar si las áreas silvestres protegidas están cumpliendo con sus objetivos de conservación”, explica la viceministra Madrigal.
El establecimiento de esta red permitirá darle un mejor seguimiento a los cambios de flora y fauna en áreas de conservación y mejorará la información para tomar decisiones, una de las recomendaciones recurrentes que la Contraloría General de la República (CGR) hace al Sinac.
Esta es una de las críticas que hacen grupos dentro del mundo de la conservación tica, quienes exigen más compromiso político y alertan que los problemas de gestión y financiamiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación tienen en peligro los avances históricos de las áreas protegidas. .
“Estamos jugando con la gallina de los huevos de oro”, sentencia Mario Boza, el primer funcionario nombrado en el departamento de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, en la década de 1960, y uno de los padres fundadores de los parques nacionales en el país.
Los parques nacionales están bajo ataque, dice Luis Diego Marín, representante de Preserve Planet en el país.
Junto con otras organizaciones, como la Asociación Sindical de Trabajadores del Minae (Sitraminae) y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), Boza presentó un recurso de amparo el pasado 3 de agosto contra tres ministerios (Minae, Hacienda y Salud), la Contraloría y el Servicio Civil.
La Sala Constitucional acogió el recurso para estudio y los demandantes están a espera de su veredicto.
El grupo además alerta por tres proyectos de Ley que actualmente están en corriente legislativa: uno que pretende “agilizar” la acción del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en zonas protegidas (expediente 19.899), otro que permitiría a Acueductos y Alcantarillados (AyA) construir en áreas protegidas (expediente 17.742, artículo 64) y otro que habilitaría al Instituto Costarricense de Electricidad explotar geotermia en parques nacionales (expediente 19.233).
Atrofiado
El 18 de setiembre del 2014, el director del Sinac tomó asiento en la Comisión Permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa, convocado para declarar como parte interesada en un proyecto que pretendía girar al Sistema el 50% de los ingresos que el Estado recauda por el impuesto que se cobra a quienes ingresan al país vía aérea.
Jurado se propuso hacerles una imagen mental a los diputados de la comisión, para que pudieran ver “la dimensión del problema”. Empezó hablando del programa de protección y control, una de las labores icónicas del guardaparques (y del Sinac como un todo), pero que recientemente ha perdido robustez. Jurado la describió como “uno de los talones de Aquiles del Sistema”.
“Hay una deuda importante del sistema con la sociedad costarricense porque las capacidades institucionales en razón de las capacidades financieras son muy bajas ante la magnitud de la tarea”, sostuvo.
El director ofreció números ante los congresistas: las áreas silvestres protegidas contaban entonces con 431 funcionarios dedicados a funciones de control y protección (Sitraminae y otras instancias reclaman esta cifra como inflada) que debían cubrir cerca de 1,3 millones de hectáreas continental y cerca de 1,5 millones de área oceánica.
En un mundo ideal, explicó Jurado, necesitaban al menos un funcionario cada 1.000 hectáreas (ha). Dependiendo del cálculo y tomando todas las áreas marinas, cada uno de los actuales necesita cubrir poco más de 6.000 ha.
“Ustedes se dan cuenta de que el déficit de funcionarios es enorme, es abismal, es decir, la magnitud de la tarea en relación con lo que tenemos nos muestra un abismo muy grande”, explicó el director a los diputados.
En muchas ocasiones, estos mismos guardaparques deben cobrar las cuotas de ingreso a las áreas protegidas, limpiar canoas y bajantes antes de las lluvias y atender a investigadores visitantes, al tiempo que lidian con el narcotráfico o la pesca ilegal con revólveres destartalados o linteras para las cuales no reciben baterías.
Sin importar cómo se vea, el Sinac enfrenta unos retos mayúsculos para garantizar su operación, que van desde quiénes están cuidando los bosques y playas (y con cuál equipo) hasta dónde se toman las decisiones y cuáles recursos destina el Estado para ese 26% del país del que tanto alardea.
Por ejemplo, en el índice de gestión institucional (IGI) que anualmente realiza la Contraloría General de la República, el Sistema aparece en la posición 140 de 162 instituciones analizadas, con deficiencias en gestión financiera, control interno, tecnologías de la información y servicio al usuario.
¿Cómo una institución que administra los elementos más valiosos del patrimonio natural del Estado va a la zaga en eficiencia? Para muchos de los expertos consultados, la respuesta pasa por el desinterés estatal en su financiamiento, un problema interno de gestión y por el modelo de liderazgo fragmentado.
En esencia, el sistema es una confederación de 11 áreas de conservación en las cuales se divide el país y con una multitud de funciones más allá de las áreas silvestres protegidas. Tiene funciones que van desde aprobar los permisos para la exportación de aletas de tiburón, hasta fiscalizar la tala en propiedades privadas. Para contar con esto, el Sistema tenía 1.183 personas en el 2015.
¿Por qué una confederación? Porque las órdenes en el Sinac emanan de un órgano llamado Consejo Nacional de Áreas de Conservación (Conac), que está conformado por el director de cada una de las áreas regionales, un representante de la sociedad civil de cada área, el director del Sinac y el ministro de Ambiente.
“El ministro perdió todo el poder político y un órgano paralelo ganó un poder político desmedido. En el Consejo Nacional de Áreas de Conservación tenés a tus subalternos aprobando o desaprobando las decisiones de manejo o políticas”, señala el exjerarca Rodríguez.
El exministro, quien ahora es vicepresidente de políticas públicas de Conservación Internacional, considera que la intención de descentralizar las decisiones perdió empuje y todo se ha vuelto a concentrar en San José.
Esto se conjuga con políticas nacionales como la congelación de plazas en el sector público, que afectó particularmente las áreas protegidas, y la falta de recursos que gira el Estado al Sinac (vea gráfico “Ingresos del Sinac)
El Estado invierte menos de 22.000 millones de colones anuales en el mantenimiento del sistema que sostiene al 26% del territorio continental y que presta otros servicios en el restante 74% del territorio. Por eso, para la gran mayoría de los líderes entrevistados es urgente que el país tenga una conversación nacional sobre cómo desea financiar su conservación.
Un ejemplo: el actual timbre de vida silvestre lo pagan anualmente miles de conductores cuando pagan su marchamo, pero solo cancelan 20 colones. Otros 50 colones se cobran por la inscripción de vehículos.
Boza, Rodríguez y otros líderes insisten en que urge encontrar nuevas fuentes de ingresos, más creativas, que permitan hacer sostenible el sistema de parques. “Si hubiera estímulo, los parques podrían generar fácilmente $30 millones”, señala Boza.
Pero prácticamente todos los entrevistados coinciden en algo: las ataduras burocráticas del sector estatal limitan la acción del Sinac.
Las joyas de la abuela
No importa la lupa con la cual se mire, las 1,3 millones de hectáreas que están cubiertas en alguna de las siete categorías de protección son un recurso fundamental para el país. Por ejemplo: el turismo.
Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el 69% de los turistas extranjeros que llegaron al país durante el año 2012 visitaron un área silvestre protegida, y si consideramos que este mismo turismo le genera al país el 4,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) en forma directa, ¿dónde está la inversión para sostener los parques nacionales que hacen eso posible?
Solamente Manuel Antonio generó 2.419 millones de colones en 2015, pero el ICT debió intervenir para construir los baños públicos del área protegida más visitada del país, pues pesaba una posible clausura por parte del Ministerio de Salud.
“Si la plata que entra a un parque nacional fuera directamente al parque nacional sería otro gallo el que cantaría, tendríamos parques nacionales de primera calidad, de clase mundial”, dijo el exministro de Turismo, Wilhelm Von Breymann, ante los diputados de la Comisión de Ambiente.
El Minae argumenta que la gran mayoría de los recursos salen a las áreas de conservación. De los 1.183 funcionarios del Sinac, la viceministra de Ambiente señala que solo 130 están asignados a la Secretaría Ejecutiva del Sinac. Los demás están repartidos entre las 11 áreas regionales.
Según el presupuesto del Sinac, 77% de sus fondos se emplean en conservación y uso de la biodiversidad. Visto de otro modo, 55% de sus egresos anuales son para los funcionarios, mientras que el resto se emplea en infraestructura, mantenimiento, materiales y servicios.
Muchas de las estrategias que están cuajándose en diferentes sectores pasa por fortalecer directamente las áreas protegidas sin pasar directamente por el Sinac central.
Por ejemplo, en julio la jefa de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana presentó el proyecto 20.039 que busca permitir a las organizaciones no gubernamentales pagar funcionarios de las áreas protegidas, algo posible durante décadas hasta que un pronunciamiento de la Sala Constitucional a inicios de los 2000 lo detuvo.
Otros llaman por la integración de las comunidades, con el argumento de que “la conservación no es viable si la gente que está alrededor no se integra”, como explica el presidente de Fecon, Mauricio Álvarez.
Boza y el grupo que presentó el recurso de amparo busca sacar las áreas protegidas del Sinac, con el argumento de que tuvo 18 años para aprender a administrar el sistema y no supo hacerlo. Para esto también existe un proyecto de Ley presentado ante el Congreso y que, con la otra larga lista de iniciativas, espera su turno en la corriente legislativa.
Madrigal, Corrales y otros no están de acuerdo. “El Sinac es un sistema visionario”, dice la viceministra de Ambiente, convencida de que el concepto de administrar la conservación a nivel regional es el camino hacia el futuro. En el exitoso resultado del Área de Conservación Guanacaste, el ímpetu del sector académico y la sociedad civil permitió a los guardaparques ensamblar una verdadera red para la protección de la biodiversidad local. Para eso, sin embargo, el país debe definir sus prioridades.
“La sociedad pide y pide, plantea justamente sus denuncias sobre la forma como desea ver gestionado nuestro patrimonio y no se han atendido las condiciones para fortalecer el Sinac”, concluye Madrigal.
