La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) aseguró que unos 26.314 docentes y 10.634 trabajadores administrativos, como agentes de seguridad, cocineras y trabajadores misceláneos, ubicados en 737 centros educativos, fueron excluidos del pago de zonaje de parte del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Por su parte, la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) explicó que no se trata de que no se les quiso pagar a estas personas, sino que responde a una limitación jurídica de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que lo imposibilita.
El MEP anunció que el lunes 26 de diciembre de 2022 haría el pago del zonaje a 25.000 funcionarios que laboran en centros educativos de zonas con bajo o muy bajo desarrollo. Para esto destinaría ¢4.990 millones para el pago.
El zonaje es una compensación adicional que reciben los servidores del Poder Ejecutivo e instituciones semiautónomas, que trabajen permanentemente en un lugar distinto al de su domicilio legal.
La presidenta de APSE, Ana Doris González González, indicó a UNIVERSIDAD que los trabajadores de Título I de Estatuto de Servicio Civil, que incluyen agentes de seguridad, cocineras, trabajadores misceláneos y todos los puestos que no son propiamente docentes, no recibían el componente de Zona de Menor Desarrollo, un reconocimiento a quienes trabajan en zonas con un desarrollo bajo o muy bajo y de difícil acceso.
Sin embargo, la III Convención Colectiva del sector educación, que entró en vigencia en el año 2021, amplió la figura del zonaje para incluir a este personal al que antes no le correspondía dicho pago, aclaró González.
MEP se ampara en pronunciamiento de la Procuraduría
De acuerdo con el MEP, a estos funcionarios no se les incluyó en el pago porque la Procuraduría General de la República emitió un pronunciamiento el 14 de diciembre del 2022 (PGR-C-276-2022) advirtiendo que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) restringe la creación de nuevos incentivos, compensaciones o pluses salariales en el sector público.
“La Procuraduría consideró que la modificación de un plus salarial preexistente para incluir a otros beneficiarios que no estaban originalmente contemplados riñe con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, apuntó el MEP en un comunicado.
El ministerio declaró que “mientras se realiza un análisis jurídico más amplio de la población excluida y con el fin de no afectar a la totalidad de la población que se consideró inicialmente en la Convención Colectiva vigente, se giren los recursos a los funcionarios que en este momento puedan percibirlos”.
Sin embargo, a fines de diciembre, APSE denunció que se violentó la III Convención Colectiva en relación al pago de zonaje adeudado y que el criterio de la Procuraduría “no resulta ser vinculante para el caso en concreto, según se indica expresamente en el mismo”.
APSE también calificó de “improcedente, ilegal y sorpresiva” la propuesta del MEP y criticó que se estaba violentando la Convención Colectiva y “el principio de negociación libre y voluntaria, que subordina la III Convención Colectiva del sector educativo a las políticas económicas de turno”.
Según APSE, el monto del pago por zonaje varía de acuerdo a las tablas de puntaje de cada centro educativo y a la categoría salarial de cada puesto. A estas personas se les debería haber pagado el zonaje a partir de abril de 2022, agregó el sindicato.
Se revisará “con lupa”
Por otro lado, Gilda Montero Sánchez, presidenta de ANDE, comentó a este medio que “la entrada en vigencia de la Ley 9635, que limita el pago de nuevos incentivos, no afecta a quienes ya lo percibían, pero sí afecta a quien nunca los han recibido, en este caso a los del título I”, refiriéndose a agentes de seguridad, cocineras, trabajadores misceláneos y todos los puestos que no son propiamente docentes.
“Este tema no debe verse, como que no se quiso pagar, sino por una limitación jurídica, que lo imposibilita”, expresó Montero.
La dirigente también enfatizó que “hay que hacer ajustes, sí hay que hacerlos, porque el resultado esperado no es satisfactorio”; pero agregó que será en la negociación de la cuarta Convención Colectiva cuando se revise este tema del zonaje “con lupa».
