Aprueban en segundo debate presupuesto nacional sin reducción de la deuda política

Se aprobó el dictamen de minoría con un plan de gastos que ronda los ₡9,3 billones: 44% provenientes de deuda y 56% de ingresos corrientes.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate el expediente 20.506 del Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del 2018, en el que se estableció un plan de gastos que ronda los ₡9,3 billones, ₡4,1 billones (44%) por endeudamiento y ₡5,2 billones (56%) por ingresos corrientes (según los datos de Hacienda).

El presupuesto se aprobó con votación de 35-6, en la que sólo se opusieron los diputados libertarios, el independiente Carlos Hernández, la frenteamplista Ligia Fallas y el presidente del congreso, Gonzalo Ramírez.

La votación fue casi idéntica a la del primer debate, cuando se votó afirmativamente el dictamen de minoría sin la reducción en la deuda pública del 50% (₡10.600 millones) propuesta en el documento de mayoría para hacer frente a los estragos que dejó la tormenta tropical Nate.

Esa propuesta fue rechazada por 24 diputados, que vencieron la oposición de la fracción del Frente Amplio (FA), la diputada independiente Carmen Quesada, el diputado Mario Redondo (del PADC) y la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), con excepción del diputado Javier Cambronero, jefe de la agrupación.

Tras este movimiento, la oposición fue por mucho menor con la propuesta de minoría, definida por la diputada liberacionista Paulina Ramírez como una documento «casi idéntico», con excepción de la exclusión de ese detalle.

Las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) fueron los principales propulsores del acuerdo de minoría, única opción que quedaba tras la negativa al primer documento.

En primer debate, la votación del documento de minoría resultó en un 43-9 en el que sólo mantuvieron su voto en contra la bancada del FA, Gonzalo Ramírez, Carmen Quesada y Mario Redondo y la oficialista Marcela Guerrero, quien tomó esa decisión como una medida de protesta, pero finalmente dio su voto positivo en el segundo debate.

«Yo he votado en contra de un dictamen, no del presupuesto, para llamar la atención de que estamos tomando pocas acciones para un problema que tenemos en las narices y que cada vez se hace más apremiante”, señaló en esta línea tras la primera aprobación del proyecto.

“Casi un 50% lo estamos financiando con ingreso corriente, y yo sí creo que esta Asamblea Legislativa tenía que dar una señal y bajar la cantidad de dinero que se desperdicia en campaña (…) Los costarricenses saben bien por quien van a votar, no hacen falta campañas millonarias , sí hace falta dinero para atender la emergencia de Nate”, subrayó.

Por su parte, la verdiblanca Paulina Ramírez, quien además preside de la Comisión de Asuntos Hacendarios, señaló que el proyecto aprobado simplemente «incorpora la deuda política» completa, algo que responde al pedido del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en esa materia.

El presupuesto

En términos generales, el Gobierno ha asegurado en distintas ocasiones que se trata de un presupuesto «austero, pero suficiente», en el que se contempló un crecimiento «mínimo» cercano al 3,2%, explicado por obligaciones en materia de pensiones, deuda y compromisos estatales.

En esta línea, esta administración ha sostenido que tiene un 95% del dinero comprometido, específicamente un 34% por mandato constitucional (Educación, PANI, sistema judicial), un 54% por mandatos legales y demás transferencias, y un 7% correspondiente a gastos rígidos, como es el caso de los salarios. De todo el dinero, es un 5% (cerca de ₡500.000 millones) lo que quedará «libre» para el próximo año.

El presupuesto fue girado por el Gobierno bajo el concepto de «Estado de Necesidad», declaratoria que realizó el 1 de agosto pasado, cuando incluso aseguró que pasaba por una «crisis de liquidez» para enfrentar sus obligaciones.

Con esta decisión, el Estado se declaró incapacitado de cumplir la totalidad de obligaciones legales y constitucionales, ante los problemas financieros que enfrenta el país, incluida una deuda que sigue creciendo y ya alcanza el 50% del Producto Interno Bruto (PIB).

En este contexto, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que el déficit fiscial alcance un 6,1% del PIB al finalizar este año, cifra que podría aumentar a un 6,6% de la producción en 2018 si no se realizan reformas.

Para enfrentar esta situación, el Gobierno ya presentó a los diputados un proyecto de ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas que, entre otras medidas, plantea la sustitución del impuesto de ventas por uno de valor agregado del 13%.

Esto permitiría gravar mayor cantidad de bienes y servicios, y sería complementado con medidas como una regla fiscal, cambios en el cobro del impuesto de renta y algunas modificaciones en el campo de empleo.

Según el presidente del congreso, Gonzalo Ramírez, el proyecto no encontraría mayor resistencia de los diputados.

Sobre estas declaraciones, el primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, asegura que no sería una solución definitiva, pero serviría como un respiro para acometer nuevas mejoras regulatorias.

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