La discusión del tercer presupuesto extraordinario con recursos para la mitigar la pandemia de COVID-19 finalizó tras la votación de un acuerdo multipartidario. El presupuesto fue aprobado con 48 votos a favor, 1 en contra (Erick Rodríguez) y una abstención (Dragos Dolanescu). Su segundo debate será el próximo martes, 28 de julio.
Antes de la aprobación, el plenario discutió extensamente una modificación para eliminar un recorte de ¢16.800 millones en la propuesta del Ejecutivo. El dinero que se rescató del recorte está distribuido en ¢2.800 millones para las Asociaciones de Desarrollo Comunal y ¢14.000 millones para el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) que sirve a instituciones de bienestar social, entre ellas al Banco Hipotecario de Vivienda (Banvhi).
El acuerdo multipartidario de estos millones fue consensuado con más de 20 firmas, desde varias curules independientes, el Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional, Frente Amplio y dos diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La votación recibió 37 votos a favor y 12 en contra de las liberacionistas Yorleni León, Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández; las socialcristianas María Inés Solís y María Vita Monge; así como los oficialistas Enrique Sánchez, Nielsen Pérez, Paola Vega, Catalina Montero, Laura Guido, Carolina Hidalgo y Víctor Morales.
El diputado frenteamplista José María Villalta, gestor de la propuesta entre fracciones, explicó que “no se está autorizando un nuevo endeudamiento, se está decidiendo no impactarlas (a las Asociaciones) como si se les hubiera impactando como si esta moción no es aprobada”.
Villalta también reclamó que el Ejecutivo prometió recortes “sin golpear los programas sociales” y no se cumplió, porque precisamente de allí venían importantes recortes.
La subjefa de fracción del PUSC, Shirley Díaz, agradeció que se dejara intacto la “mitad” del presupuesto asignado ordinariamente a Asociaciones de Desarrollo Comunal porque estas organizaciones “van a dar soluciones a infraestructura que, definitivamente, como consecuencia, traerá mayor bienestar para todos los costarricenses”.
Por otro lado, la liberacionista Yorleni León anunció que “desertaría” de vota en la línea de su fracción porque los gastos de esas dos partidas —Fodesaf y las Asociaciones— acrecentará el endeudamiento interno que ya tiene el Estado y advirtió que “vamos a llevar muy pronto al 100% de endeudamiento” (en el trámite del presupuesto, Contraloría advirtió que la deuda total, externa e interna, está en un 62% del Producto Interno Bruto del país).
“Mis compañeros de fracción, en la Comisión de Hacendarios, hicieron un trabajo extraordinario, serio, riguroso, consecuente, el cual yo no me atrevo a desconocer como compañera de fracción”, afirmó León sobre la labor de recorte liderada por su compañera de fracción, Silvia Hernández, quien es presidente de Hacendarios.
“Vamos a tener que endeudarnos más, vamos a tener que vender algunos activos no esenciales”, advirtió Hernández, durante una reflexión sobre su oposición al acuerdo.
La diputada Laura Guido del PAC, secretaria de Hacendarios, también explicó su voto contrario porque es un tema de “eficiencia” y que deja el dinero a la incertidumbre de su colocación de bonos de deuda pública.
“Estamos alcahueteando la ineficiencia del Banvhi”, acusó Guido.
“Estamos hablando de una institución un altísimo superávit y en instrumentos financieros más de ¢20.000 millones de colones (…) Hay capacidad de inversión, hay disposición de recursos, con lo que tienen en las arcas de la exposición podrían trabajar”, sostuvo la legisladora, quien representó el criterio de la fracción oficialista, salvo a los legisladores Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza (ambos firmantes del acuerdo multipartidario).
“Cuando tenemos algún tipo de ideología, de que el Estado lo que hay que hacer es destruirlo, pues cualquier recorte es bueno y podríamos estarle dando recortes muy fuertes a la paz social y el mismo crecimiento de la economía”, dijo por su parte el diputado Ramos. El oficialista destacó la “solidaridad” del acuerdo y pidió “atraer recursos” desde una mejora de recaudación tributaria que sea equivalente a “4 o cinco puntos del PIB de ingresos para el Estado”.
“La inversión social, la inversión productiva es fundamental, en estos momentos”, afirmó Ramos.
En una intervención posterior a la de Guido, el diputado José María Villalta pidió al PAC que le haga control político al Ministerio de Vivienda “ojalá lo hagan puesto que durante seis años de gestionar el Gobierno, ya lo deben conocer bien y lo deben corregir para que sea eficiente”.
La discusión sobre la partida de Asociaciones de Desarrollo mantuvo a los diputados en una extensa discusión entre miércoles y jueves. La contrapropuesta para mantener los recursos de estas organizaciones era liderada por dos diputados independientes, del bloque Nueva República, los cuales proponían mover dinero de universidades públicas hacia las comunidades.
Con las modificaciones aplicadas, el rebajo original que consistía de ¢195 millones ahora sería de ¢177 millones (alrededor de un 10% menos de lo presupuestado por el Poder Ejecutivo).
Mantienen ¢930 millones para municipalidades
Otro punto conflictivo de la discusión sobre recortes fue el dinero designado para los gobiernos locales de Limón y Puntarenas.
Los diputados modificaron los recortes acordados en la Comisión de Hacendarios para salvaguardar recursos para las siguientes municipalidades: Guácimo (¢71 millones); Limón (¢100 millones); Matina (¢277 millones); Pococí (¢111 millones); Guácimo (¢195 millones); Talamanca (¢40 millones); Sarapiquí (¢123 millones); Corredores (¢874 millones); Parrita (¢6,4 millones); y Osa (¢1,7 millones).
Ordenan subejecución del 10% para todo el aparato público
Una norma liderada por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca obliga a una subjecución del 10% para “todos los ministerios y sus entes adscritos, todas las instituciones y los órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones y las entidades que reciben transferencias a través del Presupuesto de la República vigente”.
Este jueves, los diputados también aprobaron una modificación que establece que el Poder Ejecutivo, con aval de Hacienda, podrá “autorizar el incumplimiento de esta norma” siempre y cuando esté verificado la imposibilidad de cumplirla; se “demuestre que su aplicación resultaría en un mayor costo para el Estado” y “se demuestre que ya se ha realizado un rebajo superior al 10% en el ejercicio presupuestario 2020”.
La verificación de Hacienda del cumplimiento de esa normativa deberá ser trimestral, por lo que resta del año, según dice la modificación aprobada.
