Un total de 36 funcionarios públicos, entre los que hay ex-vicepresidentes, ministros y diputados que no han enfrentado ninguna acusación penal hasta ahora, aparecen involucrados de diversas formas en los “Papeles de Panamá”, la investigación periodística que expone cómo se usaron servicios del bufete Mossack Fonseca en Panamá para evitar el pago de impuestos en distintos países.
La Asamblea Legislativa aprobó esta tarde el informe final de la Comisión Investigadora sobre los Papeles de Panamá -presentado desde 2017 – , con 43 votos a favor, cero en contra y ocho diputados ausentes.
De acuerdo con el informe legislativo, del total de personas vinculadas a Mossack Fonseca sobresalen personas que han desempeñado, anterior o actualmente, cargos públicos: 2 vicepresidentes de la República; 1 diputada y 3 diputados; 4 ministras, 10 ministros, 2 viceministros y 1 director de tributación directa; así como 3 presidentes o directores de instituciones públicas y un cónsul. Además, se contabilizaron 10 personas que desempeñaban cargos relevantes en Bancos, ya fuese como parte de su junta o en puestos de gerencia.
Un 23% del total de las personas citadas están asociadas directamente a partidos políticos: 20 vinculadas al Partido Liberación Nacional (PLN), constituyendo un 64,5%; ocho al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dos al Movimiento Libertario, incluyendo el ex diputado Otto Guevara, y una persona asociada al Partido Acción Ciudadana -el ex canciller de la República, Manuel González Sánz, quien también fue Ministro de Comercio Exterior en el gobierno de Abel Pacheco -.
Durante su intervención en el plenario, el diputado José María Villalta (Frente Amplio) destacó que producto de las audiencias, la comisión legislativa identificó varios mecanismos usados para evadir impuestos. Entre estos están la simulación de créditos de una sociedad en un paraíso fiscal a una sociedad en Costa Rica para deducir grandes cantidades por pago de intereses; el uso de sociedades fantasma para pasar dividendos exonerados; y la venta o alquiler simulado de un activo tangible por parte de una sociedad ubicada en un paraíso fiscal a una sociedad en Costa Rica.
La comisión también identificó 19 vacíos legales que facilitan estas maniobras y se hicieron 18 recomendaciones. Pero solo cinco han sido incorporadas a la legislación.
“Si realmente nos interesa que haya justicia tributaria en Costa Rica y cerrar esos portillos de la corrupción, la evasión y el lavado de dinero, tenemos que entrarle a estas recomendaciones; no basta con desempolvar este informe, aunque es un paso adelante”, exclamó Villalta.
Por su parte, el legislador Walter Muñoz (Partido Integración Nacional) dijo que los ciudadanos están deseosos de que esto no se convierta en otro caso de evasión y elusión con impunidad.
“Bueno, vamos a aprobar el informe, pero ¿qué sigue? ¿Hasta dónde vamos a llegar con las raíces de alguna gente que volvió a la palestra política? ¿Hasta dónde vamos a ramificar el tema de los Papeles de Panamá con bufetes, empresas y grupos que tradicionalmente se han beneficiado con el control político permanente? Aquí hay personas involucradas que deberían tener una responsabilidad en el campo penal por defraudación fiscal”, insistió Muñoz.
Los “Papeles de Panamá” es una investigación periodística sustentada en una de las filtraciones de información más importantes de la historia. Fue publicada en abril del 2016 por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a través de medios de comunicación dedicados al periodismo de investigación alrededor del mundo.
Mostraron la estructura utilizada por el bufete Mossack Fonseca para ofrecer a sus clientes una serie de servicios que posibilitan la elusión y la evasión fiscal, y la legitimación de capitales.
