Esta mañana las y los legisladores aprobaron en primer debate un proyecto que reforma la ley de la contribución parafiscal sobre los servicios de telefonía móvil, convencional, prepago y pospago, para aumentar el financiamiento a la Asociación Cruz Roja Costarricense.
El Expediente 21.148 reforma la Ley 8690 de 2008 para que se lea: “Se crea la contribución parafiscal, pagadera por toda persona física o jurídica propietaria de un servicio de telecomunicaciones, entendidos estos como los servicios de telefonía móvil en cualquier modalidad de pago, telefonía tradicional, telefonía VoIP, internet (fijo y móvil), y líneas dedicadas”.
La contribución será del 1% sobre la facturación mensual que pagó el usuario por los servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
Quedarían exonerados de este pago líneas de telefonía pública, servicios de telecomunicaciones de centros de atención de personas con cáncer, de centros de atención de pacientes en cuidados paliativos, de centros de atención integral para el adulto con discapacidad (Caipad), del Cuerpo Nacional de Bomberos, de la Cruz Roja y de la Red Nacional de Cuido y los Cen-Cinai.
El diputado por el Frente Amplio, José María Villalta, explicó que cuando se creó la Ley 8690 en 2008 el objetivo fundamental era garantizar una fuente de financiamiento permanente a la Cruz Roja, que brinda un servicio esencial.
“No es que se está creando un nuevo impuesto; la contribución ya existe, solo se están ajustando los artículos para adaptarlos a la nueva realidad de la telefonía y se corrige una deficiencia en la ley que ha venido debilitando las finanzas de la Cruz Roja”, enfatizó Villalta.
En el 2008 se pensaba que se iba a resolver un problema de larga data; pero con el cambio tecnológico y las nuevas modalidades de telecomunicaciones, “la contribución parafiscal sobre la telefonía tradicional ha venido perdiendo de foma acelerada su efecto recaudatorio porque cada vez menos gente usa el servicio de telefonía convencional”, indicó el legislador.
No obstante, Villalta reconoció que se debió haber incluido un criterio de progresividad que excluyera los servicios de internet y telefonía que usan las personas de más escasos recursos para que esta contribución no encarezca los servicios para ellas.
La diputada liberacionista Yorleny León detalló que los servicos postpago constituyen el 67% de las líneas móviles en Costa Rica y el uso de este servicio es más común entre personas con niveles de ingresos por debajo de los 500 mil colones mensuales. Sin embargo, la diputada reconoció que votaría a favor del proyecto.
León dijo que muchos de esos usuarios hacen un gran esfuerzo para contar con esos servicios y que estaban poniendo un impuesto a familias de clases bajas. “No estoy menospreciando la existencia del impuesto rojo y lo voy a votar afimativamente porque reconozco la importancia de la Cruz Roja; pero me preocupa que no seamos capaces de hacer el mismo ejercicio de responsabilidad con otros proyectos de ley que incluyen impuestos similares”, señaló y puso como ejemplo el caso del IVA sobre la canasta básica.
El proyecto de ley será discutido el jueves 6 de agosto y votado en segundo debate.
