Los diputados aprobaron hoy en primer debate un proyecto de ley que destina ¢85.000 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), provenientes del 10% de algunos empréstitos internacionales y los excluye de la aplicación de la Regla Fiscal.
Se trata del proyecto de Ley de Reforma al inciso B de la ley 10.002 Aprobación del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de la facilidad del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para el programa de apoyo a la recuperación pos pandemia y la consolidación fiscal” (Expediente 23.209).
El proyecto de ley fue construido y empujado por diversas fracciones; sin embargo, la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) fue la única que votó en contra.
Jonathan Acuña, diputado por el Partido Frente Amplio, explicó que este proyecto permitirá al Poder Ejecutivo enviar esos recursos en un presupuesto extraordinario a la Caja para saldar parte de la deuda del Estado con la CCSS y destinarlos a fortalecer la inversión en la seguridad social.
Acuña aclaró que los recursos no habían podido ser incorporados “por el techo máximo que aplica la Regla Fiscal a la totalidad del presupuesto”.
La diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que con esto se busca un mejor funcionamiento de la Caja y recordó que la deuda del Gobierno con la institución es de ¢2.6 billones.
Mientras que la jefa de fracción socialcristiana, Daniela Rojas, declaró: “Desde la fracción de la Unidad celebramos la aprobación de este proyecto de ley”. Señaló que si bien “la Caja ha sido un pilar fundamental” y “debe fortalecerse”, algunas posturas de sus directivos y de sus mandos medios “van en contra del ciudadano y los servicios que brinda la institución”.
No obstante, el legislador Eli Feinzaig dijo que “Esta discusión no es de quién quiere más a la Caja Costarricense de Seguro Social” y afirmó que “los enemigos de la Caja están adentro de la Caja”.
Según Feinzaig. el acuerdo que firmó el Gobierno con la Caja en julio de 2020 dice que el Ministerio de Hacienda transferirá el 10% de los créditos de apoyo presupuestario que se tramiten en adelante y durante el 2020 y que este crédito de Costa Rica con el FMI “no cabe dentro de los supuestos del acuerdo que firmó el Gobierno con la Caja” porque se aprobó en julio de 2021.
También apuntó que la Caja asumió compromisos, como por ejemplo, realizar obras de gran importancia para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud, para implementar planes de aumento de eficacia, calidad del servicio y razonabilidad de costos. Asimismo, otro compromiso fue elaborar en tres meses propuestas para incrementar la formalidad, trabajo decente, aseguramiento independiente y ampliar la base de contribuyentes.
“¿Quién le ha pedido cuentas a los administradores de la Caja acerca de los flagrantes incumplimientos de ese acuerdo?”, preguntó Feinzaig.