El plenario legislativo aprobó en segundo debate el proyecto de Ley contra la adulteración, imitación y contrabando de bebidas con contenido alcohólico, después de un trámite de más de tres años.
La iniciativa básicamente “prohíbe la adulteración, la falsificación y la imitación del licor y de bebidas con contenido alcohólico, así como su contrabando” y señala que el Ministerio de Hacienda deberá establecer un mecanismo tecnológico de identificación y control que identifique la importación y producción legal de bebidas con contenido alcohólico.
Dicho mecanismo deberá permitir la trazabilidad fiscal y la identificación por parte de los consumidores y las autoridades competentes, de las bebidas con contenido alcohólico de origen o fabricación legal.
Sin embargo, el proyecto no pudo avanzar en la corriente legislativa y superar su bloqueo con mociones en el plenario hasta que no introdujo el cambio que se apunta a continuación: “El Ministerio de Hacienda exceptuará, de la aplicación del mecanismo establecido en el presente artículo, las bebidas con contenido alcohólico de producción nacional y las bebidas obtenidas de la fermentación de los cereales, así como bebidas con un volumen de alcohol menor al nueve por ciento (9%)”.
El texto fue presentado en agosto de 2018 por los legisladores liberacionistas Roberto Thompson, Daniel Ulate y María José Corrales, y por los socialcristianos Erwen Masís y María Inés Solís,
En su momento, el diputado Daniel Ulate (PLN) explicó a UNIVERSIDAD que presentaron la iniciativa porque Hacienda no tiene controles sobre los volúmenes reales de la producción nacional y las ventas, ni sobre las importaciones y si éstas pagaron o no impuestos. Inicialmente el proyecto proponía que Hacienda implementara un mecanismo para tener un control cruzado entre lo que se produce, lo que se importa, lo que se distribuye, lo que se vende y lo que paga impuestos. Es decir, que tuviera datos en tiempo real para saber cuál es el volumen real de ventas de los productores formales de bebidas alcohólicas.
Sin embargo, diversas cámaras empresariales se opusieron, entre ellos la Asociación de Productores e Importadores de Bebidas Alcohólicas de Costa Rica (Apibaco), la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
Previo a la votación de esta tarde, la diputada Paola Vega (PAC) declaró: “Creo hay maneras en que el lobby se vuelve un lobby transparente, que construye de manera pública, y otra forma de hacer cabildeo que lo que hace es actuar por debajo de la mesa, de una manera poco sana para los espacios democráticos; y creo que este proyecto ha sido un fiel reflejo de esta segunda forma. Ha habido un lobby escondido, sin dar la cara”.
Por su parte, Luis Ramón Carranza (PAC) dijo que hay una frustración porque mucha de la esencia del proyecto se quedó en el camino, producto de los grandes intereses que se movieron a través de él.
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El proyecto de ley propone dar una herramienta al Ministerio de Hacienda para dar trazabilidad fiscal a las bebidas con contenido alcohólico, uno de los productos que más se contrabandea en el país.
Con la voz entrecortada, Daniel Ulate manifestó: “Estos tres años han sido muy difíciles, lo he vivido en carne propia, he sentido las cosas más tristes que se pueden imaginar por este tema del lobby; pero eso no me ha dejado caerme y me ha hecho ser más fuerte”.
El diputado José María Villalta (FA) comentó que pensó que no vería este día. “Esta es la historia de un proyecto contra la evasión, donde sin duda alguna estuvo presente la mano de los intereses de las élites económicas”,
Villalta recordó el papel jugado por Hacienda -en ese momento bajo el mando de Rocío Aguilar-. En setiembre de 2019 el entonces viceministro de Hacienda Nogui Acosta “presentó a la Comisión de Asuntos Económicos datos falsos sobre el costo-beneficio de la implementación del mecanismo que se proponía en el proyecto, infloó casi cinco veces el costo del sistema y omitió los efectos positivos del proyecto para impedir que prosperara”.
El legislador afirmó que tras una consulta de su despacho, Hacienda tuvo que reconocer que dio datos erróneos.
“Uno esperaría que a los productores formales de bebidas alcohólicas les resultara beneficioso el combate a ese contrabando; sin embargo, no fue así”, criticó Villalta.
“Fifco, la Cervecería de Costa Rica, salió a oponerse al proyecto de ley, el lobby corporativo La Nación S.A. impulsó una fuerte campaña contra el proyecto y hubo diputados impulsores de la iniciativa que también fueron duramente atacados por atreverse defender esta iniciativa, especialmente el diputado Ulate Valenciano. Le llovió por todo lado por atreverse a plantear la implementación de este mecanismo”, denunció el legislador frenteamplista.
“Los contrabandistas tienen razones para oponerse a este proyecto y también la tendrían aquellos productores formales que subfacturen mintiendo a Hacienda sobre sus verdaderos ingresos por las ventas de las bebidas alcohólicas. Y esa es una de las principales interrogantes sin duda alguna. ¿Por qué tanta insistencia en frenar una iniciativa que podría tener tantos beneficios para el fisco?”, cuestionó Villalta.
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