Con 28 votos a favor y 18 en contra fue aprobado hoy en segundo debate el cuestionado proyecto de ley que reactiva la pesca de arrastre de camarón en el país.
El proyecto “Aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, cuya discusión incluyó conflictivos estudios y una compleja resolución de la Sala Constitucional, fue votado de forma veloz poco antes de las 4 de la tarde por un plenario en alerta ante un preocupante aumento en los casos de COVID-19 en el edificio legislativo.
El diputado liberacionista Roberto Thompson cuestionó esta mañana que el proyecto dice que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) es el que va a estar a cargo de hacer los estudios que deciden si se otorgan o no las licencias semi-industriales de pesca de camarón con redes de arrastre. Esto po cuanto se está decidiendo sobre la base de estudios que no se han realizado y además Incopesca es un ente público integrado solo por una parte de los implicados: el sector pesquero, actor interesado en la reactivación de estas licencias.
“Se estaría delegando en un órgano político, con representación del mismo sector pesquero la decisión de si se reactivan las licencias de pesca”, manifestó. El legislador destacó que en Incopesca no hay representación ciudadana y que el proyecto tendrá un impacto en todos los habitantes de este país, generaciones presentes y futuras, en la suficiencia del recurso pesquero y en la seguridad alimentaria.
El proyecto de ley que se aprobó hoy define como pesca semi-industrial a aquella “realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones, orientadas al aprovechamiento sostenible del camarón con redes de arrastre sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad competente, y de la sardina y del atún con red de cerco”.
El texto indica que “el aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre debe contar con dispositivos excluidores de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino” y que el Incopesca establecerá estas regulaciones.
Y autoriza a todas las entidades del Estado a transferir recursos al Incopesca, “a fin de que realice los estudios técnicos y científicos correspondientes, cuyo fin sea el otorgamiento de licencias para la pesca semi-industrial”. El Incopesca tiene un plazo de un año improrrogable para tener listos estos estudios científicos y técnicos.
Influyente sector camaronero
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, fue dura en sus críticas esta mañana hacia las diputadas que habían decidido cambiar su voto y sobre un eventual tráfico de influencias entre Incopesca y el sector camaronero.
“La ley es un cascarón, que va a engañar a la pobre gente de Puntarenas de una manera tan vulgar. No va a haber plata para pagar los estudios, ni habrá estudios que demuestren que la pesca de arrastre es sostenible”, destacó.
Vega denunció que la diputada de Nueva República, Carmen Chan escribió en un chat de Whatsapp de diputados: “Tranquilos, los estudios no costarán nada porque el sector camaronero va a asumir los gastos”.
Vega arremetió: “Ah bueno. Qué bien. Eso es como decir que los estudios para ver si la explotación petrolera le va a hacer daño al ambiente los van a pagar los petroleros. Que van a talar el bosque y le van a dar el estudio de los madereros para que nos digan si talar el bosque es malo o no”.
¿Cómo la diputada Carmen Chan sabe esto si ayer Incopesca nos envió una nota diciendo que no tiene plata para pagar los estudios y que no avancemos con esto sin contenido presupuestario? Y resulta que los diputados defensores de la pesca de arrastre ya saben que el sector camaronero va a pagar los estudios”, cuestionó Vega.
Ante esto la diputada Chan respondió que estaban tergiversando lo que dijo. “El Incopesca es el que tiene que gastar, invertir en los biólogos pesqueros, en los estadísticos. Manda que ni siquiera sepan cuál es la función de Incopesca, que es una institución de su propio gobierno”, señaló.
En octubre del año pasado, los legisladores Mario Castillo (PAC); Paola Valladares (PLN) y Zoila Rosa Volio (Integración Nacional) entregaron un dictamen de minoría sobre el proyecto en la Comisión de Agropecuarios. Este era un exhaustivo análisis con consultas a más de 20 instituciones públicas, municipalidades, cámaras, universidades, pescadores y sector bancario. Concluía que el proyecto de ley ponía en riesgo la seguridad jurídica de la normativa pesquera, la estabilidad de los recursos marinos, los ecosistemas y el equilibrio del océano.
Esta mañana la diputada Paola Vega expresó que era vergonzosa la discusión de este proyecto, “por los acomodos y torceduras de brazo entre algunos legisladores o a cambio de algunos proyectos de ley”. Esto por cuanto las diputadas Paola Valladares yZoila Rosa Volio dijeron hoy que estaban a favor de la iniciativa.
Valladares reaccionó: “A mí nadie me tuerce el brazo. Diputada Vega, estoy cansada de que usted siempre de a entender que hay algún chorizo por debajo de las cosas. Dejen de tergiversar la información”. “No creo que el arrastre sea sostenible; pero si la Sala dice que es una ley condicionada esperemos a ver qué pasa en un año”, añadió.
Mientras que Zoila Rosa Volio justificó: “La pandemia nos cambió la vida” y argumentó su decisión en la necesidad de generar empleo ante la pobreza extrema, el hambre y la situación de mujeres empobrecidas.
Sala IV con voto dividido
En agosto de 2013 la Sala Constitucional acogió una acción interpuesta por grupos ambientalistas en contra de esta técnica pesquera argumentado que ponía en peligro los ecosistemas marinos y la reproducción de las especies de camarones. Así, la pesca de arrastre quedó inactiva en el país. La Sala ordenó que no se otorgasen nuevos permisos ni se renovaran licencias hasta que se desarrollaran estudios serios que justificaran una “reapertura” de la actividad económica usando mecanismos menos invasivos en el medio ambiente.
Durante la administración de Luis Guillermo Solís se realizaron estudios que fueron rechazados por la Sala por no cumplir con aspectos básicos y durante el actual Gobierno se realizaron otros parciales en zonas específicas y solo con dos tipos de camarón.
A fines de noviembre del año pasado, los diputados aprobaron este proyecto “Aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica” en primer debate, con 26 votos a favor y 18 en contra y se envió el texto a consulta ante la Sala Constitucional.
El 22 de julio de este año, la Sala resolvió, con una mayoría de cuatro votos, que el proyecto de ley no contenía vicios de constitucionalidad y así permitió que la iniciativa pudiera seguir su trámite para ser votada en segundo debate.
Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garro Vargas resolvieron que el proyecto contiene dos vicios sustanciales del procedimiento legislativo por infracción a los principios de objetivación de la tutela medio ambiental y de desarrollo sostenible democrático; así como de publicidad y transparencia.
Por el fondo, declararon que la reforma propuesta en la iniciativa al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a los principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental.
“Claramente es un voto dividido el de la Sala IV”, apuntó el diputado del Frente Amplio José María Villalta. “Contradice el principio precautorio y principios que ha venido defendiendo la Sala, que ha dicho que ante la falta de certeza científica debe optarse por la protección para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y en este caso cuando hay insuficiencia de estudios no se puede legalizar una actividad”, recalcó.
“Es una cuestión económica, social, de justicia con las próximas generaciones”, destacó Villalta.
Y agregó: “Esta lucha no termina aquí; si esta ley pasa, vamos a ser fiscalizadores”.
Cabe mencionar que al proyecto se han opuesto la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica, las Municipalidades de Nicoya, Hojancha, Carrillo y Nandayure, la Cámara de Pescadores, Armadores y Afines de Guanacaste, la Cámara de Turismo de Guanacaste y otras organizaciones.
Melvin Núñez se defiende
Uno de los principales impulsores del proyecto, el legislador de Restauración Nacional Melvin Núñez, dijo que el nombre correcto es “pesca de redes sobre el fondo” y no “pesca de arrastre” y dedicó unos minutos a aclarar un comentario que hizo el miércoles y que se volvió viral en redes sociales.
“De la fauna de acompañamientos se hacen harinas para consumo humano, alimentos para perros, croquetas para gatitos. Que otros no conozcan eso, ya es otra cosa. Es que muchos desconocen eso; pero gracias a dios podemos aclararlo”, expresó.
El argumento de Núñez a favor del proyecto es la necesidad de “aprovechar” todos los recursos naturales”. “¿Por qué no aprovechar el oro?, ¿por qué no aprovechar el petróleo?, ¿por qué no aprovechar el gas?, ¿por qué no aprovechar las riquezas de todos los costarricenses para salir de esta crisis?”.
