Aprobado en segundo debate proyecto de traslados, despidos y prejubilaciones en Japdeva

Japdeva ahora tendrá que buscar un punto de equilibrio financiero, para lo que deberá reducir en al menos dos terceras partes su planilla.

Tras superar  la consulta de constitucionalidad que presentaron 14 congresistas, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron esta mañana el proyecto de ley que permitirá ejecutar un programa de traslados, despidos y prejubilaciones en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

La idea del Ejecutivo y de la administración de la Junta es disminuir en dos terceras partes la planilla de la institución caribeña, cuyos problemas financieros estallaron en los últimos años y se terminaron de agravar con la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por la concesionaria holandesa APM Terminals.

En los últimos meses, Japdeva registró ingresos que oscilaron entre los ¢700 millones y ¢800 millones; sin embargo, sus erogaciones ascendían hasta los ¢2.500 millones en agosto, de los que un 70% correspondían al pago de remuneraciones.

Este desfaz entre gastos e ingresos fue catalogado como insostenible por la administración portuaria, hecho que motivó la presentación de este proyecto de ley, en mayo pasado.

Desde entonces, los diputados aplicaron un procedimiento abreviado al texto, conformaron una comisión especial para analizarlo y luego, 14 de los congresistas que votaron en contra durante el primer debate, lo enviaron a consulta de la Sala Constitucional. Finalmente el texto pasó su última etapa en el Congreso cinco meses después.

Los magistrados no encontraron vicios de constitucionalidad en lo consultado por los congresistas, aunque remarcaron que cualquier despido que se realice deberá sustentarse en un debido proceso de justificación técnica.

La aprobación de este proyecto es el último paso de cara a su firma y su publicación oficial, acto tras el cual entrará a regir como ley de la República.

El trámite de esta mañana transcurrió sin mayores complicaciones; sin embargo, no faltaron los reproches de diputados como David Gourzong, uno de los dos congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN) electos por la provincia de Limón. El legislador criticó al Gobierno y a la anterior administración por no actuar a tiempo para modernizar Japdeva, a pesar de que ya se conocía el impacto que tendría la entrada en operaciones de APM Terminals en las finanzas de la Junta Portuaria.

Por su parte, la oficialista Nielsen Pérez, jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), indicó que el Congreso realizó un trabajo serio en función de un momento crítico de la entidad: “una realidad financiera muy compleja”.

Por último, Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) destacó que el texto es una solución intermedia entre cerrar la institución o continuar con sus pérdidas de recursos, hecho que celebró como una oportunidad de “reinventarse” para la Junta.

A partir de ahora, los empleados de la entidad tendrán un mes para decidir si se acogen o no a alguna de las medidas de movilidad laboral y, pasado ese período, la institución podrá continuar con su proceso de reestructuración.

Japdeva cuenta hasta hoy con unos mil empleados, de los que planea quedarse con un máximo de 400, para alcanzar un punto de estabilidad financiera.

La aprobación del expediente 21.426 contó con el apoyo de 36 diputados y solo seis votaron en contra en este segundo debate. Los seis opositores fueron Marolin Azofeifa, del bloque independiente Nueva República; Giovanni Gómez, del Partido Restauración Nacional (PRN); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Pedro Muñoz y Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y el independiente Erick Rodríguez.

En el primer debate, también se habían apartado Eduardo Cruikshank ;del PRN; David Gourzong, del PLN; Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), y el resto del bloque independiente.

En Japdeva ahora se enfocarán en implementar el proyecto de ley recién aprobado; sin embargo, la entidad ya habla sobre la posibilidad e “tercerizar servicios” con empleados que deba despedir, en caso de ser requeridos.

Por ahora, el mandato de la ley es buscar “un punto de equilibrio” financiero.

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