La aplicación de la regla fiscal “asfixia” y pone contra la pared al Ministerio de Educación Pública (MEP), institución que en medio de un importante apagón educativo se enfrenta también a la falta de recursos económicos para mantener a flote varios de sus programas prioritarios.
“Si ya se tiene determinado que becas, comedores y transporte son importantes para disminuir exclusión y mejorar la calidad educativa, y no le doy plata y más bien recorto, ¿cómo le exijo a un sistema que a la vez no de le doy las herramientas para cumplir con los objetivos que se piden?, dijo a UNIVERSIDAD el viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP, Leonardo Sánchez.
“(…) Yo no le puedo decir a los maestros que ellos son los responsables de los principales problemas sociales del país, resuélvanlos, y no darles los insumos para que lo hagan. Me parece que como sociedad no se le da importancia a la educación, pero si le piden que resuelva todos los problemas”, agregó.
La limitación al gasto público que establece la regla fiscal es uno de los elementos que influyen en que el país se mantenga cada vez más alejado de cumplir con el mandato constitucional de invertir un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación estatal.
Según datos proporcionados por el Ministerio, el presupuesto para este año 2022 en educación (incluyendo únicamente al MEP y FEES), llega apenas a un 5,93% del PIB en términos nominales; mientras que al sumarse las transferencias a otras instituciones (Red de Cuido, INA, Cen-Cinai y otras) el porcentaje alcanza tan solo un 6,44%. El porcentaje de este año es el más bajo desde 2011.
Estos números distan de los alcanzados en el año 2021, cuando la inversión del PIB en educación llegó a un 6,39% y 6,95%, respectivamente.
“Si le incorporamos el tema de la inflación, el presupuesto es aún mucho menor. La inflación hasta ahora llega a un 8% y probablemente cierre el año en un 10%”, agregó el viceministro.
Sánchez aclaró también que en el presupuesto de educación las partidas más afectadas son las que se encuentran relacionadas con el MEP (preescolar, primaria y secundaria), pues las otras (FEES y otras instituciones) son transferencias fijas. “La gente piensa que es proporcional, pero no disminuye para todos”.
La regla fiscal pone un límite en el crecimiento del gasto corriente en las instituciones públicas. Para este año el tope es de un 1,96%, pues la deuda casi equivale al 70% del PIB.
Afectación en programas
Con este panorama y fondos “insuficientes”, doce programas del MEP se verían afectados para este segundo semestre, y dependen ahora de la aprobación de presupuestos extraordinarios.
El faltante en cada uno de estos programas es diferente. En el caso de becas corresponde a ₡22.915 millones, para transporte estudiantil ₡16.000 millones y para comedores estudiantiles ₡18.000 millones.
Estos programas que ayudan a mantener a los estudiantes dentro del Sistema Educativo se encuentran en una carrera contra el tiempo, pues sus recursos actuales llegan hasta julio en el caso de transporte estudiantil, a setiembre en cuanto a becas, y a octubre en relación con comedores.
Según datos proporcionados por el MEP, solamente el de comedores beneficia mensualmente a 853 mil estudiantes, de los cuales 150 mil reciben de dos a tres tiempos de comida diarios; el de transporte estudiantil a 180 mil; mientras que el de becas a 171.969.
La Dirección de Programas de Equidad presentó desde inicios del mes de mayo un traslado de partidas y presupuesto extraordinario por ₡34.944 millones (incluye transporte y comedores). Sin embargo, se está a la espera de su aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa.
En cuanto a becas, Sánchez indicó que el anterior ministro del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) había enviado un oficio a las respectivas autoridades.
Los otros programas que también se verían afectados en esta segunda parte del año son remuneraciones y conexos cuyo faltante es de ₡191.378 millones, intereses moratorios y multas con ₡27.884 millones, Fondos a Juntas de Educación y Administrativas con ₡12.600 millones, e infraestructura educativa con ₡9.611 millones.
A estos se suman el faltante de ₡3.000 millones en subsidios para contratación de cocineras, ₡2.604 millones para servicios varios, ₡1.000 millones para equipo y mobiliario deportivo y educacional y proyecto de robótica, ₡1.290 millones para sana convivencia y juegos deportivos estudiantiles, y ₡65,8 millones para Colegios Científicos y Humanísticos.
En los próximos meses, el MEP presentará otros presupuestos extraordinarios para así mantener a flote por el resto del año estos programas que presentan un faltante de dinero.
“Todos estos rubros, independientemente de cuál sea obviamente, tienen una afectación al sistema educativo, porque esto es inversión para el estudiante en el centro educativo”, externó Sánchez.
Días atrás el presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó un decreto, el cual busca flexibilizar la aplicación de la regla fiscal.
Consultado sobre esto, el viceministro del MEP destacó que se encuentran analizando y valorando los alcances técnicos del decreto para determinar las posibles implicaciones que podría tener sobre partidas específicas de la institución.
Regla fiscal es una amenaza
La aplicación de la regla fiscal sobre el presupuesto del MEP es considerada como una gran “amenaza” por los gremios del sector educación, entre ellos el presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Gilberth Díaz.
“La regla fiscal es la amenaza más grande en este siglo de la institucionalidad educativa; es la amenaza más grande de lo que llamamos nosotros educación, que es el motor de desarrollo de un país”, indicó Díaz en un foro organizado por la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) semanas atrás.
En esa misma línea, la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilda Montero, externó también en el mismo Foro que con las posibilidades presupuestarias actuales no es posible realizar mejores capacitaciones a los docentes.
Por su parte, la economista y vicerrectora de Administración de la Universidad Nacional (UNA), Roxana Morales, destacó a UNIVERSIDAD que el sector educación es uno de los que más repercusiones ha tenido en los últimos años por la regla fiscal.
“Es probable que de continuar así se vea limitada toda la capacidad de gestión del MEP tanto de la parte docente como la atención de infraestructura (nuevas o mantenimiento)”, destacó Morales.
Morales señaló que la educación es el motor de desarrollo de un país y que ve necesaria una modificación a la regla fiscal para hacer uso de los recursos u otorgar presupuestos, pero esta acción tiene que ir en paralelo con un plan de acción con objetivos y metas definidos, así como rendición de cuentas.