La sobrevivencia de 30 mil productores, desde los más pequeños hasta algunos más grandes, está en juego ahora que la Asamblea Legislativa pretende dejar por la libre la compra de alimentos que realizan 2.792 comedores escolares del país al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción (CNP).
El PAI, fundado en 1977, creció y se consolidó lentamente y con dificultades a partir de 2008 cuando se legisla la obligatoriedad del Estado de comprar los alimentos que producen los agricultores. En 2013 el programa solamente cubría el 16% de las compras del Estado, pero en 2020 alcanzó a cubrir el 63% y “tiene potencial para alcanzar el 100%”, declara con contundencia Edgar Vargas, ingeniero agrónomo y exgerente general del CNP.
“Encontró voluntad de todas las fracciones en un momento político y una Asamblea muy dividida, con excepción del Movimiento Libertario” contó Vargas.
Ahora el CNP debe hacerle frente a una serie de faltas señaladas por la Contraloría General de la República (CGR) en cuanto a precios, registro de proveedores e irregularidades que se reflejaron en cientos de denuncias acumuladas en la Dirección de los Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP). El Poder Ejecutivo le dio su apoyo al Programa para atacar estas debilidades, pero parte del plenario quiere aprovechar el informe del ente contralor para abrir el jugoso mercado a las grandes empresas.
“Hay comerciantes que pagan muy mal y se aprovechaban de la necesidad del productor, nos presionaban para que vendiéramos al precio que ellos querían. Ahora nos pagan un precio justo (PAI) y salimos con un poco de respiración” Alexander Berrocal, agricultor.
Las ventas al Estado intermediadas por el PAI alcanzaron los ¢92 mil millones en 2020, un crecimiento del 380% con respecto al 2014. Este aumento ha sido posible, principalmente, porque artículo 9 de la Ley 2035 establece que las instituciones del Estado deben comprar exclusivamente al PAI por medio del CNP.
Los diputados Wagner Jiménez y Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), propusieron ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación la modificación de este artículo, con el fin de que sea opcional para las juntas administrativas y de educación del MEP comprar por medio del CNP. En 2020 las compras de los 2.792 centros educativos del MEP que atiende el Programa representaron el 62% de las ventas, según datos del CNP.
“En 2013 ni la Contraloría, ni la prensa, ni los diputados le merecían ni la mínima importancia al PAI, y menos a los sectores privados que en ese momento tenían acaparado al Programa porque solamente se abastecía el 16% de la demanda institucional. Ahora el crecimiento del PAI es una amenaza para muchos actores privados poderosos” aseveró Vargas, quien aclaró que desde que salió el informe de la Contraloría el CNP ha tomado medidas para mejorar las debilidades identificadas.
Citó de ejemplo cuando en el 2014 el Estado prácticamente le compraba todo el pollo y los huevos a Pipasa (alrededor de ¢1000 millones), pero con el proceso de desconcentración del mercado, la empresa fue desplazada por 45 pequeñas organizaciones alrededor del país. De igual manera sucedió con el frijol, antes acaparado por empresas industriales, pero ahora conformados por 12 organizaciones que encadenan a otras 17 más.
“Cuando la producción no alcanza para la demanda y el PAI tiene que seguir operando, ahí se recurre a otras grandes marcas para resguardar el mercado. Eso está permitido en el reglamento bajo esas condiciones extraordinarias” aclaró.
Actualmente el PAI tiene 366 proveedores inscritos: organizaciones comunales, asociaciones y cooperativas que concentran la oferta de más de 30 mil productores que garantizan el alimento en todas las regiones del país en medio de una crisis mundial de suministros provocada por el colapso de buques en Estados Unidos y Reino Unido, y por el acaparamiento de los productos por parte de China.
Algunas actividades agropecuarias, como la producción del frijol, han sobrevivido en el país gracias al mercado cautivo que sostiene el PAI y que sin el apoyo al CNP “estarían destinadas a desaparecer”, aseguró Vargas.
Felipe Arauz: “Las grandes cadenas de supermercados son las interesadas en el mercado del PAI”
El actual Decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR calificó al proyecto de apertura del mercado institucional como ‘peligroso’ para la seguridad alimentaria del país y considera que fortalecer al PAI encaminaría al país a un modelo agrícola local con menor impacto en el medio ambiente y mayor beneficio en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por esta razón, ahora el Colegio de Ingenieros y Agrónomos se posicionó en contra de la apertura del mercado institucional del PAI alegando que, aunque requiere de mejoras, ha cumplido su principal misión: invertir de forma solidaria en el micro, pequeño y mediano productor nacional, y así incidir en los niveles de pobreza de todas las regiones del país. En su lugar, proponen trabajar en una intervención y ofrecieron su apoyo técnico al plenario.
Este semanario conversó con las personas administradoras de siete organizaciones que representan a más de 1000 familias productoras suplidoras del PAI para conocer su experiencia dentro del programa: Asociación Productores Agropecuarios El Águila de Pejibaye (Asopro El Águila, 276 afiliados), Asociación de Productores Valientes de la Zona Norte (Avizon, 33 productores directos y auxiliares), Cooperativa de Productores Agropecuarios de la Estrella del Guarco (36 asociados), Frutylac del Sur (7 familias productoras directas), Asociación Cámara de Ganaderos de San Carlos (600 productores afiliados aproximadamente), Acareos Avícolas Arfujos (20 familias productoras), y la Cooperativa Agropecuaria Regional de Productores de Leche (Coopeleche, 70 familias productoras).
Las personas consultadas coincidieron en que el Programa requiere de mejoras, como la prontitud del pago, pero que la apertura no solo no ayudaría a mejorar las debilidades del programa, sino que dificultaría fiscalizar aún más la calidad de los productos que llegan a las escuelas. Asimismo, abriría la posibilidad de que las juntas del MEP reciban dádivas a cambio de garantizar las compras a sectores interesados.
Micro y pequeñas organizaciones crecen de la mano del PAI
Asopro el Águila, en Pérez Zeledón, es una de las ocho asociaciones productoras de granos básicos en la zona sur del país y está conformada por 246 socios productores. Hace cuatro años se inscribieron como proveedores y desde entonces pasaron de 4 a 26 trabajadores directos, incluidas mujeres jóvenes y madres solteras que trabajan separando y empacando frijoles.
La producción en la zona había empezado a desaparecer porque los agricultores no estaban saliendo con los costos, relata Alexander Berrocal, presidente de la Asociación.
“Hay comerciantes que pagan muy mal y se aprovechaban de la necesidad del productor. Nos presionaban para qué vendiéramos al precio que ellos querían. Ahora nos pagan un precio justo y salimos con un poco de respiración” dijo Berrocal.
Los productores pequeños tienen que competir en un mercado en el que las grandes empresas y los alimentos importados tienen ventaja: producciones en masa de forma maquinada, subsidios del Estado, y mano de obra barata y sin garantías sociales.
FAO recomienda proteger el PAI frente a la alta concentración de las cadenas de supermercados
El organismo internacional identificó que el 80% de los establecimientos en el país le pertenecen a tres cadenas de supermercados y que las compras estatales han resguardado a un sector agropecuario vulnerable a los impactos de un mercado altamente concentrado. El PAI es abastecido por más de 30 mil productores por medio de 362 organizaciones, de las cuales el 90% son micro, pequeñas y medianas, según datos del CNP.
También, aseguran que ser proveedor del PAI no es fácil y que deben esforzarse por cumplir altos estándares en sus productos y asumir los costos de viajar cientos de kilómetros para dejar a la puerta de las casas, escuelas, cárceles y hospitales las canastas de productos.
“Están peleando el mercado, pero solo quieren lo grande y lo bonito, no se van a ir a meter a esas escuelas lejanas, y ahí se van a quedar sin suplidores porque ya no va a ser rentable para los que sí vamos hasta allá. Todos los estudiantes son igual de importantes. Es muy bonito ir a la meseta central a entregar, pero los que viven en Los Chiles no tienen por qué comer menos” comentó Pablo Villegas, miembro de Avizon.
En los últimos dos años cerca de 100 organizaciones se han consolidado y/o formalizado para cumplir con los requisitos del CNP e inscribirse como proveedor del PAI. Algunas también se atrevieron a solicitar préstamos y participar en otros programas del Estado para mejorar las plantas de producción, pero ahora temen que los recursos que obtuvieron se pierdan ante la apertura del mercado.
Asopro el Águila presentó un proyecto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que le permitió invertir en una planta para la producción de harina de maíz. Los productores afiliados pasarían de sembrar 300 hectáreas a 900 hectáreas para suplir al PAI y así dejar de comprar estos suministros de Estados Unidos, donde el maíz es transgénico y los precios dependen del comportamiento del mercado internacional.
Durante la pandemia los precios del maíz subieron vertiginosamente y las organizaciones como Avizon y Acareos Avícolas Arfujos dependen del maíz importado para alimentar a los animales, por lo que sus costos de producción subieron.
“Con las políticas del país sobre la siembra de transgénicos ahora todo es importado, y en este momento los chinos están comprando todo lo que viene de Estados Unidos. Yo tenía tiempo de no vivir este aumento en el precio del maíz, estamos saliendo con los costos y si el PAI no ajusta los precios, ni eso tendremos” explicó Villegas.
Jorge Araya, representante de Acareas Avícolas, también aseguró que la producción de huevos actual está saliendo “carísima” porque los costos de la luz, las aves, el maíz y la soya subieron al ser importados o estar en dólares.
El CNP bajó los precios en la compra de los huevos a causa de la denuncia de la Cámara Nacional de Avicultores sobre los precios de los huevos ante la Asamblea Legislativa. En el plenario también se cuestionaron los precios del frijol en comparación con lo que se encuentra en los supermercados.
“Qué desconocimiento tan grande es comparar un producto del PAI con un producto del supermercado. Ser proveedor del PAI tampoco es tan fácil, en ocasiones hay que asumir las entregas, y un precio justo no es necesariamente el más barato porque tiene que tomarse en cuenta la calidad y el servicio que exige el Programa” comentó Ivannia Quesada, Gerente General de Coopeleche.
El año pasado la empresa Lala salió del país abruptamente y el Poder Ejecutivo intervino para que por medio de Dos Pinos el PAI pudiera comprar la leche que los 70 productores de la Cooperativa no podían dejar de producir.
Además, en la zona norte los pequeños productores de leche y queso se sostuvieron durante la pandemia gracias a que las escuelas demandan sus productos, porque en el sector privado no querían pagar precios que cubrieran el costo del producto nacional, contó Quesada.
Grettel Romero, representante de Frutylac, también asegura que de no ser por el PAI su organización hubiera cerrado durante la pandemia, ya que la demanda de pulpas y queso en restaurantes y hoteles cayó drásticamente.
“Cuando vamos a otros lugares quieren el producto regalado sin siquiera pagar los costos o a veces quieren que vendamos sin facturas, y nosotros les decimos que no” dijo Romero, quien agradeció que el Programa la impulsara a formalizar su negocio.
Los productores de la industria cárnica encuentran valor en el programa por su concentración de oferta. Hugo Murillo, administrador de la Cámara de Ganaderos, dice que hay particularidades de los procesos industriales de sus productos que no todos los proveedores pueden cumplir a menos que esten organizados.
“Los productores pequeños no tienen acceso a vender el producto final, muchas veces lo que venden es el ganado, y con el ingreso del PAI la Cámara se vuelve la plataforma para vender esa materia prima con valor agregado y ya procesado” explicó.
Los productores nacionales temen perder el que parece ser el último eslabón de protección al sector productivo y agropecuario por parte del Estado, por deficiencias que reconocen y afirman pueden ser mejoradas, pero que a su criterio nunca superarán los beneficios que se obtienen con un programa de esta naturaleza.
