Estado quedaría sin resarcir daño ambiental por minera

Antes de sentencia, Infinito vendió fincas a un tercio de su valor

Jueza contenciosa rechazó siete solicitudes de ambientalistas para colocar medidas cautelares en fincas de Infinito.

Procuraduría apeló decisión de jueza que desestima incluir al nuevo dueño de las fincas en reclamo ambiental.

A pesar de que la compañía minera junto con el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) aún esperan la sentencia sobre el costo del daño ambiental causado en Crucitas de Cutris, San Carlos, las fincas pertenecientes a Industrias infinito S.A. fueron traspasadas el 1 de setiembre del presente año a un nuevo dueño: Reforestación Industrial Los Nacientes S.A.

La venta de las cinco fincas donde la compañía minera tenía dominio total fue de $445 mil, no obstante, según datos del Registro Nacional, su precio fiscal es de $1.469.502 dólares, es decir un 330% mayor.

Los abogados ambientalistas Álvaro Sagot, Bernal Gamboa de Apreflofas, así como el abogado y diputado del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, solicitaron en reiteradas ocasiones a la jueza embargar las fincas y otros bienes muebles de la minera Infinito, además de anotar la demanda en las fincas ante el Registro Nacional.

Sin embargo, la jueza contenciosa Lorena Ma. Montes de Oca Monge respondió reiteradamente de manera negativa.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una apelación en la que alega que al no incorporar al nuevo propietario de las fincas al reclamo de daño ambiental al Estado se le dificultará reparar el daño.

Venta rápida y barata

Las fincas que pertenecían a Industrias Infinito S.A., donde se esperaba hacer la extracción de 800.000 onzas de oro, fueron traspasadas el 1 de setiembre, pero antes de que esta venta se concretara, una jueza interina había accedido a proteger las propiedades. Sin embargo, al regresar a su cargo la jueza Montes de Oca volvió a liberar las propiedades y cuatro días después las fincas fueron traspasadas a un nuevo dueño.

Para la parte demandante, esto se pudo haber evitado anulando el proceso de inscripción en el registro, o bien anotando las fincas, aun cuando se traspasaran y así dejar claro que son parte de un proceso judicial y podrían culminar respondiendo ante el eventual pago de los daños ambientales.

El diputado por el Frente Amplio Edgardo Araya denunció que la venta se realizó días antes de conocer la sentencia definitiva, la cual estaba programada para el 11 de setiembre, pero fue pospuesta por la jueza.

Esta es la quinta vez que se pospone la lectura de la sentencia, contando la última posposición el pasado 10 de setiembre por razón de la apelación presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Para Araya, se ocasionó un “corto circuito”, pues ya no hay cómo cobrar el daño, ni siquiera por la modalidad de embargo y tampoco se sabe cómo se podría reparar, pues las fincas ya no son propiedad de la entidad demandada.

Según Álvaro Sagot, «una condenatoria de daños ambientales donde no exista una reparación ecosistémica del sitio es algo sin sentido”.

Jueza siempre dijo no

La jueza titular del caso sostiene su decisión de no embargar ni anotar las fincas en la existencia de una garantía ambiental de $600 mil depositada por Industrias Infinito y que, además, aún no existe una sentencia que dicte el total del daño ambiental ocasionado.

El demandante Sagot argumenta a su vez que se trata de una sentencia que, precisamente, esa jueza debe dictar.

Para la Procuradora, Susana Fallas, la apelación presentada no anula ni impide que se dicte la sentencia; sin embargo, la jueza Montes de Oca decidió esperar ya que, en su criterio, “debe valorarse la repercusión, efectos y consecuencias jurídicas que puede tener dictar la sentencia en esta etapa del proceso, ante la posibilidad de que el Superior revierta la decisión adoptada”.

Según Fallas, “las estimaciones y peritajes sobre el pago de daño ambiental van entre los $4 y $10 millones”.

Para la Procuradora, la jueza ha dicho que es suficiente con la garantía ambiental aun cuando los peritajes evidencian una diferencia enorme entre la garantía ambiental y el daño real.


 

 

Álvaro Sagot, abogado demandante:“Procuraduría pudo presentar una demanda por delito de simulación”

La Procuraduría Agrario Ambiental pudo haber presentado una demanda por un delito de simulación al traspasarse las propiedades de Industrias Infinito, justo antes de leerse la sentencia que les obligaría a pagar el daño ambiental ocasionado en el proyecto minero Crucitas.

Este es el criterio del abogado ambientalista Álvaro Sagot, ante la negativa de las anotaciones por parte de la jueza. La única opción que les dio la funcionaria fue presentar un depósito de garantía ante el Poder Judicial.

“Si nosotros queríamos hacer la anotación de un embargo como sociedad civil, debíamos proceder a hacer un depósito de garantía, como lo exige la normativa procesal del caso, pero nosotros como sociedad civil no podemos depositar ni 10 colones”, aclaró.Ante la venta de las fincas y la ausencia de una anotación que impida una evasión de responsabilidades, la única posibilidad será la declaratoria de quiebra de Industrias Infinito y la puesta en duda de las acciones anteriores a 6 meses, posibilidad que según Sagot está contemplada por ley.

“Los permisos de Setena fueron anulados por jueces, quiere decir que los funcionarios que pusieron las firmas hicieron actos total y absolutamente ilegales. No porque lo diga Sagot, lo dice la sentencia», razonó el ambientalista.

«La declaratoria de Conveniencia Nacional de Interés Público, el permiso ambiental, el permiso de geología y minas, el permiso de tala. Todo eso lo firmaron funcionarios costarricenses que en este momento están muy tranquilos en sus casas y a Óscar Arias ni siquiera se le quiso investigar”, acotó Sagot.

El abogado alega que se trata de un eventual acto de mala fe: “Cuando la jueza me dice a mí que aporte las certificaciones, en ese momento todavía estaban a nombre de Industrias Infinito y precisamente dos o tres días después, ya fueron traspasadas, hubo una venta relámpago”.

 

Luis Arturo Salazar, nuevo dueño:“Un comisionista llegó a ofrecernos las propiedades”

Para Luis Arturo Salazar, presidente de Reforestación Industrial los Nacientes S.A., sociedad que compró las fincas a Industrias Infinito, el daño ambiental que se discute no está en sus terrenos.

“El daño que se está discutiendo fue ocasionado no en esas fincas que nosotros compramos, fue ocasionado en otra finca vecina. Las fincas que nosotros compramos, ahí están exactamente igual a como nosotros las entregamos. De las 648 hectáreas que nosotros les habíamos vendido a ellos (Industrias Infinito) hace 22 años, 412 hectáreas están exactamente en las mismas condiciones en las cuales las habíamos entregado”, explicó el empresario”.

Cabe destacar que Salazar en reiteradas ocasiones aclaró que las fincas se compraron en un valor inferior al reportado porque la oferta que ellos emitieron solo contemplaba las zonas de repasto, que es donde se puede reforestar. Según el empresario, en este país, el bosque es un problema para los dueños de las fincas, porque no tiene valor.

“Un comisionista llegó a ofrecernos las propiedades, nosotros le dijimos que no nos interesaba por la cantidad de bosque que tiene esa finca, porque usted sabe que el problema de este país, es que el que tiene bosque no puede hacer nada con él. Una vez me reuní con el señor Ciro Casas, ahí lo conocí y luego me volví a reunir con él para hacer lo de la escritura, solamente, porque la oferta se hizo por correo electrónico”, explicó Salazar.


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