Las anomalías en los procesos de adquisición de bienes y servicios y sanción de proveedores por incumplimientos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) resultaron ser más graves de lo anunciado al inicio de la investigación, y un primer informe motivó una denuncia de la Junta Directiva ante el Ministerio Público.
En mayo pasado, ante el hallazgo de graves y numerosas irregularidades, la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, de la Gerencia de Logística de esta institución, fue intervenida para investigación por seis meses.
Como medida cautelar fueron separados cinco cargos de jefatura: el jefe del área de Gestión de Medicamentos, Pablo Cordero Méndez; el jefe del área de Adquisiciones, Maynor Barrantes Castro; el director de aprovisionamiento, Manrique Cascante Naranjo; el jefe del Área de Almacenamiento y Distribución, Eduardo Serrano; y la jefa de subárea de Garantías y Contratos, Olga Rooper. Los funcionarios siguen en la institución con funciones distintas a las que tenían.
Determinar las causas de numerosas fallas en la administración del presupuesto de ¢180.000 millones anuales (alrededor de $320 millones) para la compra de medicinas, reactivos de laboratorio e insumos médicos necesarios para la atención de pacientes en los hospitales de la Caja era uno de los objetivos de la intervención.
La investigación fue ordenada por Gabriela Murillo, gerente de Infraestructura y Tecnología, que asumió el recargo de la Gerencia de Logística mientras nombran reemplazo de la anterior titular, Dinorah Garro, quien cumplió su periodo a finales del 2017.
Además, la pesquisa busca determinar por qué se disparó en un 40% el faltante de medicinas en los hospitales y otros centros de salud de la Caja en los últimos diez meses, el mayor aumento en diez años.
Inicialmente se habló de un faltante de 28 medicamentos, y posteriormente se puntualizó la situación: son 72 productos diferentes, principalmente medicinas (47%) y reactivos (27%).
El desabastecimiento de reactivos para laboratorios se logró reducir en un 50%, pero se mantienen faltantes en unos 34 medicamentos, según la información de la Caja con corte al 30 de junio.
Inicialmente uno de los motivos para la intervención en la Dirección de Aprovisionamiento fue el hallazgo de 247 expedientes de procesos de sanción a proveedores que nunca fueron firmados ni ejecutados, algunos hasta con siete años de antigüedad. Incluso, un solo proveedor tenía hasta 15 procesos inconclusos.
Sin embargo, siguen apareciendo expedientes engavetados y ya suman unos 400; se calcula en $300.000 millones (unos ¢169.000 millones) la pérdida para la Caja por esos reclamos contra proveedores que quedaron inconclusos.
El monto podría ser mayor incluso, porque siguen apareciendo expedientes de sanciones por incumplimiento de contratos a los que nunca se les dio trámite, según informó Murillo en declaraciones de prensa la semana pasada.
No solo se trata de falta de cumplimiento en compras de medicamento y otros suministros, sino también de contratos de servicios cuyo producto no fue satisfactorio.
Será prácticamente imposible cobrar los montos por la vía administrativa, debido al vencimiento de los plazos en los procesos de sanción que no se concluyeron, y habrá que ver qué posibilidades hay de recuperar por la vía penal, indicó la jerarca.
Una idea del desorden con que se ha manejado el mencionado departamento de compras la dan hallazgos como que este no cuenta con un registro o sistema de información que permita dar seguimiento a cada proceso por incumplimiento de los proveedores. Tampoco tiene un historial de cumplimiento de estos con el récord de cada empresa.
Un primer informe de la pesquisa fue presentado a la actual Junta Directiva de la institución que asumió funciones el pasado 5 de julio, y esta decidió enviar la denuncia a la Ministerio Público.
Los directivos ordenaron a la administración modificar los reglamentos internos de compra para actualizar todos los instrumentos internos de contratación, entre otros acuerdos.
Este medio intentó contactar a Murillo para ampliar sobre el desarrollo del caso, pero se informó en la Caja que está ausente de la oficina por motivo de vacaciones.
En relación con la denuncia mencionada, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que investiga la causa 18-000073 – 1218 – PE, por el presunto delito de peculado.
El peculado lo comete el funcionario público que en función de su cargo da a los bienes públicos que administra un fin distinto al previsto en la ley.
La investigación penal se desarrolla “contra ignorado”, lo que significa que no existen por el momento personas individualizadas como imputadas, indicó la Fiscalía.
El caso “se encuentra en la fase preparatoria de la investigación, que consiste en la recolección y análisis de pruebas y es privada para terceras personas”, según el Código Procesal Penal, añadió.
Valga anotar que la misma Fiscalía tiene abierta una investigación a la exgerente de Logística, Dinorah Garro, por un presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública (expediente 12-0046 – 0615 – PE).
Este delito lo comete el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin.
En este caso, se trata de una denuncia anterior de un funcionario de la CCSS que involucra a un grupo de altos mandos de la Caja acusados de presuntas actuaciones irregulares o faltas al deber durante los años 2010 – 2011, en que el seguro de salud de la CCSS atravesó una crisis de liquidez y no tenía para pagar sueldos y a proveedores.
La acusación tiene que ver, entre otros aspectos, con compras millonarias de bonos del seguro de salud que la institución no había podido colocar en el mercado, las cuales se hicieron con recursos del fondo de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), propiedad de los trabajadores, a fin de inyectar liquidez al seguro de salud, en perjuicio presuntamente de la rentabilidad que los funcionarios están obligados a buscar para las inversiones del IVM. En ese entonces, Dinorah Garro fungía como Gerente de Pensiones.
FENÓMENO REPETIDO
La situación del desabastecimiento denunciado no es nueva, ya que los faltantes de medicamentos e insumos –incluso la desaparición de cantidades en los almacenes de la Caja– ha sido noticia reiterada en los últimos años.
En junio del 2017, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) solicitó al Presidente Ejecutivo de la CCSS, Fernando Llorca, abrir una investigación sobre un presunto faltante de suministros y medicamentos por ¢958 millones en el inventario del 2016, suma que representaba el 84,5% del monto original.
Undeca denunció que la Auditoría Interna de la CCSS pasó por alto la gravedad del asunto, limitándose a sugerir un mayor control, sin profundizar las investigaciones para determinar las causas del faltante, ni señalar a los funcionarios que con sus acciones generaron esa pérdida patrimonial, inadmisible en tiempos en que se habla de dificultades financieras de la institución.
Con ese faltante, según Undeca, la CCSS pudo haber comprado 358.000 frascos de insulina, 359.267 ampollas de vacunas contra la influenza, 7.8 millones de tabletas de acetaminofén, 18 equipos de ecocardiografía o 9 equipos de rayos X Arco en C.
La Gerente de Logística de entonces, Dinorah Garro, aseguró que los faltantes no existían, sino que todo se debió a un “desajuste contable” entre dos sistemas de información: el Sistema de Costos Institucionales (SICS) y el Sistema de Gestión de Suministros (Siges).
Sin embargo, el secretario general de Undeca, Luis Chavarría, dijo la semana pasada tener conocimiento de que, tras su denuncia, la Auditoría estuvo revisando el almacén general de la Caja, donde ocurrió la pérdida, y recomendó a las autoridades de la institución abrir una investigación administrativa.
“A más de un año, que sepamos, no se ha procedido a realizar esa investigación, al menos no nos han comunicado nada”, cuestionó Chavarría, quien dijo que estaba preparando una nota pidiéndole información a la Gerente Murillo.
“Se sospecha que (con los faltantes de medicamentos que se están dando) pudiera haber actuaciones ilícitas de funcionarios con el propósito de que la Caja recurra a las compras de urgencia, a sabiendas de que estas tienen costos altísimos, hasta seis y más veces más caros como se ha comprobado”, agregó.
En abril del 2012, un informe de la Auditoría de la Caja dio cuenta de que la urgencia por adquirir medicamentos desabastecidos provocó que la CCSS pagara hasta diez veces más por un fármaco, en comparación con lo que regularmente paga por medio de una licitación ordinaria.
Eso significó que la institución desembolsara de más por una serie de medicinas contra el cáncer, antidepresivos y para paliar la insuficiencia pancréatica, entre otros.
La variación de precio más pronunciada se dio con el fármaco llamado Oxaliplatino, usado contra el cáncer colorrectal.
En una compra ordinaria del 2011, la Caja pagó $14 por cada unidad de ese compuesto a la firma Gutis S. A.; sin margo, al darse el desabastecimiento, la Gerencia de Logística hizo una compra urgente y adquirió la misma medicina a un precio de $159 la unidad a Farmanova S. A. (1.069% de aumento).
En el 2012, diputados denunciaron en una comisión legislativa especial, encargada de investigar la crisis financiera de la CCSS, que lotes de reactivos para laboratorio, vacunas y otros medicamentos valorados en casi ¢3.000 millones desaparecieron de las bodegas de la Caja en 2010.
Cerca de 5,4 millones de reactivos para química clínica y biológica, así como vacunas e insumos clínicos se consignaron en los inventarios de 2010 como “faltantes”. Esa cantidad representó el 50% del total de las compras de la CCSS para laboratorio recibidas en sus bodegas en 2010, según un informe del Área de Contabilidad y Control de Activos y Suministros de la CCSS.
Como consecuencia de la falta de reactivos, la Gerencia Médica de la CCSS “emitió directrices verbales para racionalizar los reactivos usados en análisis clínicos”, según denunció entonces en un campo pagado el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS (Siprocimeca), respaldado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, quienes destacaron que los recortes implican “desmejorar la calidad del servicio de salud”.
En mediados de enero del 2013, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la Caja tomar acciones ante la falta de diez tipos de medicamentos de uso diario, los cuales estaban agotados en algunos centros hospitalarios.
Las medicinas eran necesarias para tratamientos de alergias, presión alta, migraña, artritis y otros padecimientos.
El año pasado se informó que la CCSS realizó 335 reclamos a diversas empresas por incumplimiento en la entrega de medicamentos y otros insumos entre los meses de enero y junio.
Uno de los casos fue el incumplimiento del proveedor del medicamento Efavirenz para pacientes con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Tras un atraso de dos meses, la empresa suplidora se comprometió a entregar el medicamento en setiembre, pero volvió a incumplir (por cuarta vez) y solo entregó 150.000 tabletas de las 600.000 que había prometido.
Ante las fallas, la Caja tuvo que recurrir a una compra urgente (a precios elevados) y a préstamos del medicamento que le facilitaron las instituciones de seguridad social de República Dominicana y El Salvador.
Llamativa indiferencia
A cualquiera con un mínimo de responsabilidad ciudadana y preocupación por la paz social del país debería pararle el pulso la noticia sobre el presunto “desorden” en la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, una de las tres dependencias de la Gerencia de Logística de la CCSS, destacó el politólogo Gustavo Araya.
Se trata de una situación que abarca el desabastecimiento de implementos médicos básicos en proporciones nunca antes vistas en la última década y el hallazgo de cientos de expedientes “abandonados” con trámites de sanción a empresas proveedoras aún pendientes de resolver, así como la falta de un protocolo para sancionar a proveedores que incumplen plazos de entrega o la calidad del producto.
Llama poderosamente la atención que, siendo la CCSS una institución medular de este país, con implicaciones relevantes para la salud de la población, esto que es calificado eufemísticamente como “desorden” o “errores” en el manejo del aprovisionamiento de medicamentos e insumos médicos no haya causado revuelo en las tiendas políticas y en los medios de comunicación, señaló el analista en un artículo de opinión.
Resulta incluso sospechoso que, dadas las particularidades del caso, no se tenga una comisión legislativa para investigarlo, o al menos una manifestación desde alguna bancada la Asamblea Legislativa, como sí de manera veloz han surgido vehementes vociferaciones en casos como un tuit “suicida”, la contratación de encuestas, las estructuras paralelas en campaña y hasta un expediente sobre un expresidente relativo a un escándalo de menos de la décima parte del que representa este “desorden” en la Caja, señaló Araya.
Cabe mencionar que, con posterioridad en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó hace un mes una moción para llamar al presidente ejecutivo de la Caja y a la Gerente de Logística a informar sobre la situación con el faltante y la compra de medicamentos.
El presidente de la comisión, Jonathan Prendas (Restauración Nacional), dijo que empezarán por revisar el manejo dado a los ¢180.000 millones del presupuesto de suministros, tema del que se ocuparán una vez terminen investigaciones sobre otros asuntos que ya había iniciado la comisión.
Por su parte, los diputados Walter Muñoz (Integración Nacional) y José María Villalta (Frente Amplio) han abogado por que el congreso cree una comisión especial para investigar toda la situación de la CCSS.
