A finales de marzo se informaba que el primer trimestre del presente año registraba ya la alarmante cifra de ocho femicidios. Sin embargo, luego de que la Sub-Comisión Interinstitucional para el Registro del Femicidio revisara los casos de homicidios de mujeres que estaban pendientes hasta entonces, más los nuevos casos de femicidios ya comprobados, a junio, son 16 las mujeres asesinadas debido a la violencia machista (ver: “¿Cómo se determina que se trata de un femicidio?”).
La preocupante noticia fue dada la semana pasada por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, del Poder Judicial. En esa misma semana, otro hecho sacudió a la sociedad: el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villata, debió renunciar luego de que su esposa presentara una denuncia por agresión ante los tribunales y solicitara medidas de protección en contra del funcionario.
Para Ana Carcedo, directora del Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina), organización pionera en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, “todo apunta a que este año será particularmente malo. Los 16 femicidios que ya se han cometido se acercan al total del año pasado, que fueron 23. No puede asegurarse que será así, pero espero que no terminemos el año con 32 femicidios. Sin embargo, es lo de esperar si el segundo semestre es tan nefasto como el primero”.
Como muestra el gráfico “Costa Rica. 2007-2017. Femicidios”, de mantenerse el mismo número de estos crímenes por mes, este año se volverían a alcanzar los niveles registrados hace una década.
“Hay periodos cortos en los que la tendencia es a aumentar, como pasó entre 2007 y 2011, y otros en los que ocurre lo contrario. Como tendencia histórica, aún estamos en un periodo de menores tasas de femicidio (la línea de tendencia es aún decreciente) aunque puede haber cambios sensibles de un año a otro como parece que sucederá entre 2016 y 2017”, agregó Carcedo.
Las causas
¿Por qué ocurre un aumento este año? Dixie Mendoza Chaves, coordinadora del Observatorio, no descartó que pueda tratarse de una reacción machista al mayor empoderamiento y autonomía de decisión de las mujeres.
“Más mujeres se atreven cada día a rechazar y denunciar las distintas manifestaciones de violencia de género y es natural que se encuentren con la resistencia de quienes hasta ahora han ejercido el poder sobre ellas. Es muy importante que cuando las mujeres defendamos nuestros derechos a una vida sin violencia, estemos preparadas con los recursos institucionales, familiares y comunales, para que no se nos tome desprevenidas”, dijo.
En esto coincidió Kattia Castro Flores, integrante de la organización feminista católica “Las hijas de la Negrita”.
“Estas cifras ponen en evidencia la persistencia del machismo en nuestra sociedad y la deuda que la sociedad tiene para garantizar la vida de las mujeres. La legislación por sí sola no resuelve los problemas si esta no va acompañada con acciones constantes y sostenidas que lleven al cambio cultural, al pleno reconocimiento de la humanidad de las mujeres. Condenamos enérgicamente todo acto que lesione la integridad y la vida de las mujeres”, expresó.
Castro también sugirió algunas acciones que se podrían poner en efecto para contribuir a ese cambio cultural (ver: “¿Qué puede mejorarse?”).
Para Carcedo, otro factor que puede estar influyendo es la irrupción en el país de un nuevo escenario en el que ocurre la violencia contra las mujeres: el del crimen organizado. Alertó sobre el hecho de que las políticas públicas nacionales no están preparadas para contener lo que se ha convertido en una crisis en países como Guatemala, Honduras y El Salvador (ver: “Cada cambio de gobierno hay que empezar de nuevo”).
Sylvia Meza, directora de la Maestría en Estudios de la Mujer, Géneros y Sexualidades, de la UCR, criticó el hecho de que en nuestra sociedad todavía se registran discursos provenientes del Estado y de los medios de comunicación que terminan justificando la violencia contra las mujeres.
En particular, analizó el mensaje mediante el cual el Presidente Luis Guillermo Solís anunció la renuncia del entonces ministro Villalta (ver: “Hay discursos públicos y mediáticos que justifican la violencia contra las mujeres”).
Finalmente, la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Alejandra Mora, afirmó en un comunicado que “es un deber de toda la sociedad detener los femicidios” e hizo un llamado a la población para “proteger a las mujeres, niñas y adolescentes de la violencia machista”.
¿Cómo se determina que se trata de un femicidio?
La Sub-Comisión Interinstitucional para el Registro del Femicidio es la entidad encargada de establecer cuándo el homicidio de una mujer califica como femicidio.
Está integrada por la Sección de Estadísticas del Poder Judicial, la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, el Inamu, los ministerios de Salud, Educación y Seguridad Pública, la UNED, la Defensoría de los Habitantes, Cefemina y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, del Poder Judicial.
Se reúne cada tres meses para analizar todos los homicidios contra las mujeres y clasificarlos en cuatro tipos: Femicidios según el Art. 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres; Femicidio ampliado (con base en los parámetros de la Convención Belem do Para); homicidios que del todo no son femicidios y homicidios cuyo informe está aún pendiente.
En la reunión de la Subcomisión del 23 de marzo pasado se determinó que, de un total de 19 homicidios de mujeres, 8 calificaban como femicidios: 3 según el Art. 21 y 5 según la Convención.
En la más reciente reunión, del 2 de junio pasado, se revisaron los homicidios que tenían informe pendiente y se agregaron los nuevos casos, para llegar a la conclusión de que, del total de 28 homicidios a esa fecha, 16 son femicidios.
El año pasado se registraron 64 homicidios de mujeres, de los cuales 24 calificaron como femicidios (11 según el Art. 21 y 13 femicidios ampliados), según la cifra validada por la Subcomisión. Sin embargo, esta cifra es aún preliminar, pues se debe revisar un informe que está elaborando el Subproceso de Estadística del Poder Judicial sobre los homicidios aún no aclarados.
Esta revisión puede dar como resultado un aumento en el número final, pero no un descenso.
Fuente: Dixie Mendoza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.
Ana Carcedo, directora de Cefemina:
“Cada cambio de gobierno hay que empezar de nuevo”
UNIVERSIDAD entrevistó a la directora de Cefemina, la organización feminista con más experiencia en estudiar la violencia contra las mujeres, acerca de la cifra de femicidios.
¿A qué puede atribuirse este deterioro?
-No conocemos lo suficiente de los femicidios, más allá del número, para analizar mejor y entender más. Es un gran reto y por eso hay que ir más allá de contar mujeres asesinadas.
Bajo cada administración ocurren tanto años de aumento de femicidios como de descenso, de modo que no parecen tener relación con las políticas públicas. Esto no quiere decir que mejores políticas, dirigidas más específicamente a prevenir el femicidio, no logren realmente incidir. Pero para eso se necesita conocer mejor las dinámicas femicidas en cada escenario.
Sí creo podemos afirmar que la irrupción de nuevos escenarios de violencia femicida, en particular los ligados al crimen organizado, están generando más femicidios que en el pasado y más homicidios de mujeres.
Esclarecer el crimen es más difícil en estos homicidios que en los cometidos por parejas y exparejas. Todavía no se ha desarrollado lo suficiente la capacidad de investigación judicial como para desentrañar las dinámicas de estos femicidios y así saber cómo prevenir. La protección de las mujeres en estos escenarios es también más difícil, los riesgos son más complejos.
Este es el gran reto de los próximos años. Si no queremos que se instale en Costa Rica el mismo patrón que ya domina en Guatemala, Honduras y El Salvador, hay que colocar un foco particular en estos escenarios de violencia femicida, dejar de pensar que los femicidios son cometidos únicamente por las parejas o exparejas. En la región ha hecho mucho mal esa visión chata de considerar que la violencia contra las mujeres es lo mismo que la violencia intrafamiliar.
¿Qué se está haciendo bien y qué mal desde el Inamu y el Estado?
-Lo primero que se hace mal es cargarle al Inamu la responsabilidad por el aumento de los femicidios, porque es una manera muy fácil de que el resto del Estado eluda la suya. Detener los femicidios es tarea de todas las instituciones, de toda la sociedad y en particular del sistema legislativo, judicial y policial.
La Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional impidieron que la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres fuera aplicable en todos los ámbitos en los que somos maltratadas y la restringió al matrimonio y la unión de hecho.
Esta ley, aunque limitada en su ámbito, obliga al Estado a intervenir desde las agresiones menos agudas, precisamente para evitar los femicidios, pero la gran mayoría de las denuncias nunca llegan a juicio, alrededor de 3 de cada 4.
En la Policía, cada cambio de gobierno hay que esperar a ver si van a mantener o no un programa de violencia contra las mujeres. En esta institución aún no han superado la visión de violencia intrafamiliar.
En todas las instituciones que participan en el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (Planovi) hay personas técnicas muy comprometidas y claras, pero las y los jerarcas no siempre están en sintonía. Cada cambio de gobierno hay que empezar de nuevo a ver por dónde se inclinan las nuevas autoridades. Así no hay posibilidad de sostener estrategias de atención y prevención, que es lo que le corresponde al Ejecutivo.
Pronto se aprobará el nuevo Planovi, que tiene como uno de sus ejes centrales la prevención del femicidio. Además, se está poniendo en marcha una iniciativa para estudiar cada muerte violenta de mujeres con una metodología de autopsia social similar a la que se aplica a las muertes maternas, de modo que se pueda aprender de lo que pasó, identificar qué se puede mejorar y cómo apoyar a las mujeres, las familias y las comunidades para que sepan cómo actuar ante los riesgos de femicidio y lograr entornos más seguros para las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Sylvia Meza, directora de la Maestría en Estudios de la Mujer, Géneros y Sexualidades:
“Hay discursos públicos y mediáticos que justifican la violencia contra las mujeres”
Experta de la UCR explica por qué el mensaje del presidente Solís sobre el despido del exministro del MOPT estuvo mal planteado.
“Hace unas horas le solicité la renuncia al señor ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villalta, quien estuvo en entero acuerdo conmigo de que tal acción era necesaria para darle mayor tranquilidad a él en los procesos que siguen y también para evitar que el gobierno quede atrapado en una acción que es de orden privado”, Luis Guillermo Solís, Presidente de la República.
¿Qué opina del discurso con el cual el Presidente informó al país de la renuncia del ministro Villalta?
-Yo pensaba que la decisión de pedir la renuncia a un ministro en contra de quien se solicitaron medidas de protección bajo la Ley Contra la Violencia Doméstica estaba basada en el compromiso de esta administración de no tolerar la violencia contra las mujeres, no en una consideración especial hacia un hombre que fue denunciado por intentar estrangular a su esposa.
Cuando el señor Presidente dice que solicitó la renuncia del ministro para “darle tranquilidad a él en los procesos que siguen”, está diciendo que su mayor preocupación es la tranquilidad del señor Villalta, no la posibilidad de mantener en su equipo de gobierno a un hombre que ha sido denunciado por violencia contra su esposa. Es decir, lo importante es la tranquilidad del presunto agresor, no la probabilidad de que haya incurrido en violencia contra su esposa; no la tranquilidad y seguridad de la víctima.
¿Qué implica que Solís afirme que quiere “evitar que el gobierno quede atrapado en una acción que es de orden privado”?
-La violencia contra las mujeres no es de orden privado. Costa Rica ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esta Convención, como todas las que se enfocan en la protección de Derechos Humanos tiene, según lo establecido por la Sala Constitucional, un rango supraconstitucional, lo cual obliga al Estado a tomar medidas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Esto implica que es obligación de los Estados velar porque sus funcionarios no ejerzan violencia contra las mujeres. Costa Rica promulgó la Ley Contra la Violencia Doméstica y la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres. ¿Las acciones del exministro Villalta no son públicas? Parecería que el señor Presidente no quiere nombrar la violencia contra las mujeres, porque al nombrarla, le daría existencia.
La violencia contra las mujeres se naturaliza, tiende a ser invisible y cuando se hace evidente, es minimizada o se desvía la atención de la víctima para centrarla en la buena persona que necesita tranquilidad para enfrentar un proceso, como hace el mandatario.
¿Qué opina de cómo los medios de comunicación informan sobre la violencia contra las mujeres?
-Existe un sistema de representaciones sociales del poder masculino que se manifiesta en todos los espacios culturales, incluidos los medios de comunicación. Esto lleva a que las noticias sobre la violencia contra las mujeres sean un ejemplo incomparable de cómo se justifica la violencia. Para informar sobre los femicidios, se recurre a lugares comunes como “crimen pasional” o, peor aún, se busca justificar de alguna manera la muerte violenta de las mujeres: “cegado por los celos”, “actuó bajo los efectos del alcohol”, “cuando la encontró con otro”, “ella lo había dejado”.
O se hace hincapié, como hizo recientemente un noticiero, en que los hombres también son agredidos, como si fueran problemas comparables, y se busca opiniones de quienes se atreven a decir que las mujeres piden medidas de protección “para poder meter su amante en la casa”.
Nunca dicen que, en Costa Rica, el 58% de las mujeres ha vivido por lo menos una situación de violencia física o sexual después de los 18 años, como se sabe por la encuesta nacional de violencia contra las mujeres. Tampoco se habla de la tortura a que son sometidas esas mujeres, sino de sus ‘pobres’ agresores.
Ese discurso no solo justifica la violencia contra las mujeres y busca la impunidad de los agresores, sino que reproduce una y otra vez las relaciones históricamente desiguales que hacen posible la violencia y valida el pacto social de la masculinidad hegemónica.
¿Qué puede mejorarse?
- Ampliar la difusión sobre la legislación vigente que exige una vida libre de violencia.
- Desde el Ministerio de Educación Pública promover la creación de módulos para trabajar la prevención y para cambiar patrones culturales machistas.
- La respuesta policial debe ser más expedita para evitar que se incumplan las medidas solicitadas por las mujeres víctimas de violencia.
- Disminuir la impunidad en los procesos de denuncia; que se vea con mayor claridad que a los agresores se les castiga con severidad.
- Fortalecer las redes regionales interinstitucionales que coordina el Inamu para que en todos los rincones del país haya una presencia fuerte y vigilante de la legislación.
- Fomentar las campañas televisivas, radiales y visuales para desnaturalizar la violencia contra las mujeres.
- Sensibilizar a los niños para crear nuevas masculinidades.
- Impulsar el empoderamiento de las niñas para que no permitan jamás que se instauren círculos de violencia.
- Formar a los gremios (maestros, policías, jueces, etc.), en la prevención de la violencia contra las mujeres y sobre los patrones mediante los cuales la violencia y el control siguen estando tan presentes en la vida de los hombres.
Fuente: Kattia Castro Flores, integrante de la organización feminista católica “Las hijas de la Negrita”.
