País

ANEP y Colper se oponen a medida que prohíbe a Justicia y Paz referirse a temas penitenciarios

ANEP interpuso recurso de amparo pues considera que se vulneran derechos fundamentales, Colper pidió a la Ministra de Justicia recurrir la medida cautelar pues "atenta contra libertad de prensa".

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó la mañana de este viernes 1 de octubre un recurso de amparo contra la medida cautelar girada por la jueza Mayra Acevedo del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José que impide al Ministerio de Justicia y Paz referirse a temas penitenciarios.

El Colegio de Periodistas, por su parte, emitió un comunicado en que le pide a la Ministra de Justicia que recurra la medida cautelar «que atenta contra libertad de prensa».

Este jueves la ministra de ese ramo, Fiorella Salazar, en un video informó a la prensa que una orden judicial, de la cual no precisó origen, prohibía a la entidad referirse a cuestiones relacionadas a cuestiones penitenciarias.

En consecuencia y en nombre del funcionariado del Ministerio de Justicia y Paz, de las personas periodistas del país y de la ciudadanía en general, ANEP interpuso el recurso ante la Sala Constitucional pues consideró que se vulneran derechos fundamentales.

“Nos parece que esta decisión de la señora jueza constituye una acción intimidante, que desincentiva los principios democráticos y republicanos del ser costarricense. Por consiguiente, se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes. Se vulnera la libertad de prensa y los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad”, dijo el Secretario General de la ANEP, Albino Barrantes.

Según ANEP, la juzgadora no indicó precedente alguno que indique afectaciones a los principios de independencia judicial y de juez natural, además de que «no razona por qué considera estos elementos por encima de otros principios y derechos humanos».

En entrevista con UNIVERSIDAD, Vargas indicó que consideran que es muy grave lo que ocurre pues se están violando derechos fundamentales democráticos como la libertad de prensa y expresión, el derecho de petició y otros.

Además, dijo, a la organización le preocupa particularmente que se silencien las «vocerías obreras de ANEP, los dirigentes de base, que han venido denunciando la gravedad de la crisis del hacinamiento carcelario, porque cada vez hay más privados de libertas y menos funcionarios. Ahora tratar de sensibilizar a la opinión pública sobre el tema no se puede, porque podría desobedecer este mandato judicial».

Consultado sobre la posibilidad de que Justicia estuviera emitiendo presión sobre el sistema judicial, tal y como lo señaló la jueza, Vargas indicó que es evidente que entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Paz hay grandes desacuerdos que han resultado en la debacle del sistema penitenciario. «Además debe haber una constante pugna de recursos a causa del recortismo, que también ha impactado en las cárceles»; dijo.

El sindicalista además criticó a ambas entidades pues considera que se han dejado «arrinconar» y la gran presión que reciben ha resultado en decisiones «lamentables», como esta. «A punta de recortes y de esa obsesión fiscalista del gobierno, los tienen arrinconados. Hace rato debieron pasar a la ofensiva para defender el presupuesto que necesitan para resolver las necesidades que tienen, dejar esa resignación y asumir una defensa militante en pro de la seguridad ciudadana», agregó.

El Colegio de Periodistas, por su parte, exhortó «de manera vehemente» a la jerarca de Justicia a interponer los recursos legales «para que se revoque y se deje sin efecto la medida cautelar atípica dictada por la jueza Acevedo», pues consideran que esta «misma viola los derechos convencionales a la libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información y el derecho de la información».

Además, la entidad indicó que se encuentra estudiando votos de la Sala Constitucional con el fin de interponer también un recurso de amparo, apoyando así las gestiones de la ANEP, para que el tribunal constitucional «apoyándose en la normativa internacional modifique su interpretación y permita dejar sin efecto la resolución judicial que violenta nuestra normativa constitucional y supranacional y lesiona la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, limitando el trabajo de los medios de comunicación colectiva y de los periodistas en general».

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