La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) hizo un llamado a los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que escuchen las opiniones de los sectores que se oponen a la negociación entre el organismo internacional y el Poder Ejecutivo de Costa Rica.
Mediante una nota de prensa, el grupo sindical rechazó nuevamente la necesidad de un préstamo y aseguró que «no se tienen confianza en la clase política del país».
«Instamos a la delegación del FMI a tomar contacto con las representaciones legítimas de los sectores populares que, con total transparencia y vehemencia, hemos venido adversando la maniobra de la camarilla gobernante con la propuesta de este ‘convenio’. ¡No hay alternativa para el pueblo trabajador costarricense que ya no se siente representado por la camarilla política de fanatismo ideológico que está controlando la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa!», publicó.
Anep también señaló que las conversaciones que inician esta semana pueden provocar que «el país se vea inmerso en una nueva confrontación social, misma que podría sobrevenir en fechas próximas».
«Las negociaciones con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el que ya vivimos; estando el país al mando de un grupo ideológico macro-fiscal muy fanático», escribió.
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«En los últimos meses, Hernández Valle escribe artículos de opinión en los cuales ha planteado su visión totalitaria del empleo público, dentro de la cual aboga por la eliminación del principio constitucional de la negociación colectiva», indicaron.
El grupo sindical calificó al proyecto de ley de «inconstitucional» y como «un proceso sumamente viciado».
«Queda claro que se ha estado tramitando al margen de la institucionalidad parlamentaria; que está viciado por ser espurio su proceso legislativo altamente contaminado por la oscuridad de esos pactos políticos muy típicos de la clase política tradicional; que han sido burlados y desechados, completamente, los planteamientos sindicales formulados responsablemente en defensa de la constitucionalidad del empleo público y planteados, con transparencia total, ante la Comisión de Gobierno y Administración», aseguró.
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