El programa Análisis de Coyuntura de la Universidad Nacional presentó una radiografía sobre los aspectos más relevantes de la realidad nacional y dejan un sinsabor algunas de sus conclusiones, las cuales señalan que hay falta de claridad en el rumbo que lleva el país, producto de una carente inversión en política social y altos índices de violencia y criminalidad.
Así lo confirmó el coordinador del programa, Carlos Carranza, quien indicó que la violencia social y estructural es un tema permanente de la sociedad costarricense, con altas tasas de homicidios y violencia callejera, en una dinámica social que es producto de las drogas y sus consecuencias, con curvas cada vez mayores e indicadores que superan a cualquier momento de la historia nacional.
“Hemos visto como se han incrementado los ajustes de cuentas, la lucha por territorios por parte de los grupos criminales, además, hay un elemento que se ha convertido en la constante en el país y es la violencia estructural contra las mujeres, violaciones y femicidios, en la cual no se están haciendo los esfuerzos que se requieren. Además de un alto índice de violencia social con indicadores de homicidios altísimos”, indicó Carranza.
Por ejemplo, en julio de este año las cifras de homicidios, que son superiores un 48% al mismo período del año pasado; se contabilizaron en ese mes 500 asesinatos, un promedio de 2,41 por día y estas estadísticas superaron en 145 a los reportados en a la misma fecha del 2022.
Mientras que el gobierno de Rodrigo Chaves está muy alejado de las propuestas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que establecía la meta de bajar los niveles de criminalidad y homicidios.
“Lo que estamos viendo es que se ha instalado en Costa Rica una violencia de carácter estructural donde no se prevén soluciones integrales a este fenómeno. La violencia estructural tiene un componente de distribución de la riqueza y el capital educativo, que en este país está en detrimento”, añadió Carranza.
Muestra de ello, señaló el análisis de la UNA, es que en la agenda que convocó el Poder Ejecutivo el pasado 2 de octubre del Consejo de Seguridad, ninguno de los puntos se refiere a condiciones de reforma estructural en términos de equidad, educación y trabajo, sino a proyectos de ley vinculados a la contención del crimen.
Y es que justamente, dijo el experto, el tema educativo resulta uno de los temas neurálgicos, y es urgente que el país avance hacia alternativas educativas que le permitan salir del bache en el que se encuentra.
Recordó Carranza que las discusiones públicas sobre el presupuesto nacional en educación pública dejan claro la situación que vive la formación de los niños y jóvenes, además de la falta de equipamiento para brindar un proceso de enseñanza adecuado y ni qué decir del desfase en el aprendizaje de nuevos idiomas. Y la violencia nuevamente se hace presente en el estudio, con los altos índices que se han reportado en centros educativos.
