Un análisis de riesgos elaborado por la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advierte que si la junta directiva no declara todos los puestos de la institución como “exclusivos y excluyentes” de la rectoría del Ministerio de Planificación Social y Económica (Mideplan) en la Ley Marco de Empleo Público, se burocratizará la gestión del recurso humano, dilatando los procesos de reclutamiento y selección y generando un impacto directo en la prestación de los servicios de aseguramiento, salud y pensiones.
La Dirección de Sistemas Administrativos de la Caja analizó qué pasaría si la Junta Directiva declarara solamente una parte de los puestos de la institución como “exclusivos y excluyentes”, y que a unos sí se les aplique el régimen de trabajo que establezca el Mideplan y a otros no.
El documento “Escenarios de riesgos puestos exclusivos y excluyentes asociados a la implementación de la Ley N°10159 Empleo Público” fue enviado el pasado 15 de mayo a la Gerente Administrativa de la Caja, Vilma Campos Gómez.
El análisis afirma que “la coexistencia de dos regímenes de condiciones, naturaleza y objetivos diferentes”, generará una alta probabilidad de errores en los trámites, “burocratizando” la gestión del personal, dilatando los procesos de reclutamiento y selección “y más particularmente generando un impacto directo en la prestación de los servicios de aseguramiento, salud y pensiones”.
El documento (DSA- AGCI- 0054- 2023) fue firmado por Sergio Chacón Marín, director de la Dirección de Sistemas Administrativos de la CCSS.
Consecuencias
El documento explica que todo lo relacionado a proyecciones, creación de plazas, desarrollo y proyectos en aquellos puestos que no se declaren “exclusivos y excluyentes”, dependería del modelo de gestión de Mideplan, mientras que los demás puestos sí quedarían bajo las condiciones internas del régimen laboral de la CCSS, lo cual puede conllevar “una parálisis de la planificación de los recursos humanos”.
“La coexistencia de dos regímenes laborales conllevará ineludiblemente una burocratización de la gestión del personal, propendería a la comisión de errores en la administración del personal ante el alto volumen de trabajo y la limitada capacidad instalada, afectando de manera directa la estabilidad laboral y emocional de las personas trabajadoras”, afirma el análisis.
Lo anterior motivaría y recrudecería aún más “los actuales problemas estructurales como lo es la fuga de especialistas y personal técnico y profesionales expertos en los diferentes procesos de la Institución”, se lee en el documento.
El análisis también destaca como riesgo “las afectaciones psicosociales que se puedan dar en las personas trabajadoras”.
“El escenario muestra que la decisión de declarar sólo unos puestos como exclusivos y excluyentes generará dos clases de trabajadores en la Institución, unos con ventajas en las condiciones laborales sobre los otros, motivando la fuga de personal y debilitando el sentido de pertenencia a la organización”, se apunta.
Para elaborar este análisis se tomó como base el criterio técnico emitido por la Dirección de Administración y Gestión de Personal, la investigación normativa asociada a la implementación de la Ley de Empleo Público, el criterio experto y conocimiento de procesos del analista de riesgos y el Mapa de Procesos Institucional, actualizado en enero de 2022, según se indica.
Autoridades deberán decidir
La Ley Marco de Empleo Público, que entró en vigencia el pasado 10 de marzo, establece que, en el caso de la CCSS, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), municipalidades y universidades públicas, aquellas personas servidoras públicas, que desempeñan funciones administrativas, profesionales o técnicas, que sean “exclusivas y excluyentes” para el cumplimiento de las competencias constitucionales asignadas a cada institución, no están sujetas a la gobernanza y rectoría de Mideplan, según lo determine cada institución.
En el transitorio I del Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público y en el artículo 3 de la Ley se indica que el superior jerárquico de las instituciones autónomas deberá definir la categorización de puestos con funciones o labores que sean “exclusivas y excluyentes”.
Más de 63 municipalidades, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones, entre varias otras instituciones, han declarado todos sus puestos “exclusivos y excluyentes” de la rectoría de Mideplan.
La Dirección de Sistemas Administrativos de la Caja señala que si la junta directiva de la CCSS expone a la institución a quedar bajo dos regímenes laborales (Caja-Mideplan), la está exponiendo a un riesgo que “no se asocia con una gestión eficaz y eficiente en la administración de los recursos humanos para la Caja”.
“Es claro que el nivel de apetito al riesgo del tomador de decisión (la Junta Directiva) debería ser extremadamente alto para aceptar el conjunto de efectos que se materializarían y en consecuencia debería haber otros factores -no conocidos por este equipo- para compensar esa vía de decisión. Para fines prácticos, usualmente la Institución no toma vías de alto riesgo ni en el ámbito operativo ni en el financiero”, advierte el análisis.
