País

Amplio grupo de organizaciones y personas se pronuncian contra la impunidad ante crímenes contra indígenas

De manera específica denunciaron la filtración a la prensa de información reservada del expediente del asesinato de Sergio Rojas.

Unas 75 organizaciones nacionales e internacionales, así como más de 120 personas de diversas procedencias firmaron un pronunciamiento que denuncia que el asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz fue “un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial”.

El documento además denunció el hecho de que un medio de comunicación propiedad de banqueros recientemente publicara varias notas con detalles extraídos de un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que figura en el expediente del caso por el asesinato de Sergio Rojas. Ese informe contiene detalles muy importantes, cuya divulgación puede poner en riesgo a los testigos.

Rojas, fue miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y desde el territorio bribri de Salitre, en la zona Sur, fue uno de los más visibles impulsores del proceso de recuperación de tierras en los territorios de los pueblos originarios, hasta su asesinato perpetrado en su casa de habitación el 18 de marzo de 2019, de 15 balazos.

Cabe recordar que el 24 de febrero de 2020 también fue asesinado Jehry Rivera, indígena Bröran de Térraba, durante un proceso de recuperación de tierras. Ambos casos se mantienen impunes. Además, Pablo Sibar, indígena Bröran y también fundador del Frenapi a sufrido hostigamiento, violencia y amenazas constantes contra su vida.

Fin a la impunidad

El documento recuerda antecedentes como pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el hecho de que el Ministerio Público en setiembre del año pasado pidió la desestimación del caso.

Al respecto, apunta que fue “gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país”, que luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires rechazó el 14 de enero la petición del Ministerio Público.

Al mismo tiempo, el pronunciamiento recuerda que una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa hizo un “llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena”.

Así, los firmantes del texto manifestaron su apoyo a la denuncia interpuesta por el abogado de la familia Rojas Ortiz ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la filtración del informe del OIJ. Al mismo tiempo exigieron que se garantice el debido proceso en el caso y subrayaron que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los pueblos originarios.

Tras demandar una solución “conforme a los derechos humanos” a los conflictos de usurpación de territorios indígenas, “causa estructural de la violencia”, las personas y organzaciones firmantes anunciaron su decisión de “mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores”.

Iniciativa colectiva

Entre las ocho organizaciones internacionales firmantes figura Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), México,o el Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), Panamá.

Se puede mencionar entre las nacionales a varios Concejos y grupos de recuperación de tierras de varios territorios indígenas, así como Comité de Lucha por la Tierra de finca Chánguena, Cootraosa R.L., Asociación Nacional de Educadores (ANDE) Programa de Gestión Local, UNED, Ríos Vivos, Bloque Verde, Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, o el Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica.

Individualmente firman más de 120 personas de sectores académicos, activistas y ciudadanía en general.

La divulgación del pronunciamiento hecha por medio de un video transmitido ayer por el programa Kioscos Sociambientales para la Organización Comunitaria de la UCR, y según explicó Mauricio Álvarez, director de esa instancia, es producto de una iniciativa para unificar “esfuerzos de investigación y acción social, articulado por Maros Guevara en apoyo de las comunidades indígenas y sus luchas, un espacio denominado Contra la Impunidad y el Olvido”.

“A pesar de la muerte física de Marcos Guevara -dijo Álvarez al inicio de la transmisión- le damos las gracias por seguir juntándonos, aunque sea espiritualmente y empujando contra la impunidad, no solamente en caso de Sergio Rijas y Jehry Rivera, sino otras diez personas principalmente indígenas y compañeros que los acompañan en sus reivindicaciones que están amenazados de muerte y que ya incluso han sufrido ataques directos hasta de bala”.

Álvarez añadió que es precisamente ante la ocurrencia de esos casos que se lanzó el pronunciamiento y la articulación de todos los sectores, “para que no exista otro compañero más o compañera indígena o activista que vuelva a ser asesinado”.

Detalló que se trata de un esfuerzo realizado desde el Espacio de Estudios Avanzados de la UCR (Ucrea), el Centro de Investigaciones Antropológicas, Kioscos Ambientales, Ditsö, Voces Nuestras, el Centro de Investigación y Cultural del Desarrollo de la Universidad estatal a Distancia (UNED), la Coordinadora de Lucha Sur Sur y el activista Osvaldo Durán con el apoyo de la Rectoría del Instituto Tecnológico.

Precisamente Álvarez y Durán, más la connotada cantautora Guadalupe Urbina hicieron la lectura del pronunciamiento.

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