Mediante un comunicado difundido la noche de este jueves, un nutrido conjunto de organizaciones sociales y grupos de recuperación de tierras condenaron el proceder de la Fuerza Pública el pasado miércoles, cuando lanzó gases lacrimógenos dentro del territorio cabécar China Kichá y además, según denuncian, contra el proceso de recuperación en la localidad de Juwi Senaglö.
Esa comunicación es firmada por cinco grupos de recuperación de tierras en ese territorio, más la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) local; así como Consejos de Mayores y grupos recuperadores de los territorios de Salitre (bribri), Térraba (Bröran) o Conte Burica (ngäbe buglé), así como varias organizaciones campesinas de la zona sur, e iniciativas como Voces Nuestras, la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, el programa Kioscos Socioambientales de la UCR, el programa Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) o la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
La información busca salir al paso de informaciones de prensa y aclara que no tenían conocimiento de que en la casa de habitación reclamada como propia por un sujeto de apellido Vargas, se encontraban la esposa y una hija de éste.
Entre lo más relevante del comunicado se menciona que los representantes del Poder Ejecutivo -Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, y Randall Otárola, Viceministro de la Presidencia-, insistieron en que se encuentra “muy avanzado” un proceso ordinario que se lleva a cabo en el Instituto de desarrollo rural (Inder) para determinar si Vargas es poseedor de buena fe o no. “Sin embargo -continúa el texto- no mostraron ni entregaron ningún documento al respecto”.
Así, las organizaciones firmantes condenan “los dos ataques con gases lacrimógenos” y denunciaron “la actitud engañosa, represiva y de mala fe por parte del Estado de Costa Rica”. Al mismo tiempo , exigen que se realicen investigaciones judiciales y administrativas sobre lo ocurrido y que “el ejecutivo cumpla con los compromisos de setiembre de 2020 y desista de estar sacando e ingresando a Miguel vargas y su familia del terreno y la casa que se encuentran dentro del territorio cabécar de China Kichá”.
Al mismo tiempo, denunciaron que “la única propuesta” hecha por los representantes del Poder Ejecutivo, fue que las personas recuperadoras “se retiraran del terreno que han recuperado desde setiembre de 2020”.
Uso de gases
Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, en declaraciones a UNIVERSIDAD en ocasión de una controversia respecto a una recuperación en Cabagra, el viceministro Solano manifestó que “jamás la policía tiene indicaciones de decirle a los recuperadores que mermen sus recuperaciones”.
Respecto a estos incidentes en China Kichá, el día de ayer Solano confirmó que una turba de gran tamaño de finqueros llegó a ese territorio indígena y que él y Otárola llegaron al sitio a buscar el diálogo, pero “no pudimos encontrar un acuerdo entre las partes”.
Añadió que mientras se realizaban esos esfuerzos “se empezó a dar un enfrentamiento a pedradas en un primer punto de conflicto”, entre indígenas y no indígenas, “lo que ocasionó la necesidad de que tuviéramos que utilizar agente químico para evitar enfrentamiento entre las dos partes”.
Según dijo, cuenta con un video que muestra que fue el sector de las personas indígenas que inició el lanzamiento de piedras. En todo caso, aseguró que cuando se dan situaciones de conflictividad, se atienden “con la dinámica de restablecimiento del orden público ordinaria”, es decir, equipo de anti motines “así como el uso de gas, que es un efecto disuasor no invasivo, que permite que se dispersen las personas sin generar daños ni heridas serias”.
Es notorio que en una página de Facebook, que defiende intereses de personas no indígenas en el sitio, se publicó que “la fuerza pública uso (sic.) gas lacrimógeno para que Miguel Vargas pudiera ingresar a la propiedad y sacar a los invasores. La comunidad esperó al ser las 2 am para que todos los indígenas salieran de la propiedad, en estos momentos agredieron a varios policías de la fuerza pública donde estaban cumpliendo el trabajo de sacar a ese grupo de personas de la propiedad privada”.
