Amnistías seguirán vigentes hasta el 4 de marzo

Amnistías tributarias ya registran los ingresos esperados: un 0,5% del PIB

De los bancos del Estado provino el grueso de los recursos recaudados en esta amnistía tributaria, más de ¢140.000 millones, según informaron las entidades.

El Ministerio de Hacienda confirmó que ha recibido ¢193.433,11 millones por concepto de amnistías tributarias, cerca del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este 2019.

El corte dado por Hacienda cerró con la información disponible hasta el 21 de febrero pasado, según la cual casi un 90% de los ingresos habría correspondido a pagos adeudados por parte de personas físicas y jurídicas en materia de renta, y otro 7% a las sanciones.

El monto difundido por Hacienda ya alcanza las expectativas que la cartera tenía cuando presentó la iniciativa, la cual se presentó al Congreso como un transitorio del plan fiscal aprobado en diciembre.

Desde entonces, se abrió el plazo de tres meses para el pago de montos adeudados con las autoridades tributarias, un lapso que empezó a correr con la publicación de la Ley el 4 de diciembre y que cerrará este 4 de marzo.

Específicamente, las amnistías permitían a deudores de impuestos cancelar sus obligaciones con la exención completa de sus intereses; y con rebajas de entre el 80% y el 60% de las sanciones, dependiendo de en cual de los tres meses pagaban. En caso de un arreglo de pago,  de varios meses, el monto perdonado se reducía al 40%.

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El sector que más aprovechó la amnistía  fue el de los servicios financieros y de seguros, el cual giró un 78% de los recursos, según los datos de Hacienda.

De hecho, el principal pagador habría sido el Banco Nacional, que indicó a UNIVERSIDAD, en diciembre pasado, que canceló deudas por $119 millones (¢71.000 millones, o 0,2% del PIB).

Además, el Banco Popular luego indicó a La Nación que cancelaría ¢57.029 millones; mientras que el Banco de Costa Rica hizo lo propio con ¢14.138 millones. Juntos, los tres, pagaron un 0,36% del PIB.

Los bancos podían acogerse por los montos no pagados entre los año 2010 y 2017, periodo en el que habían existido divergencias por algunas interpretaciones legales.

Más abajo habría quedado la industria manufacturara, con un 12% del total (¢25.486 millones); así como la agricultura, con un 6% (¢6.794 millones), y el comercio, los restaurantes y los hoteles, con un 1,8% (¢3.397 millones).

El restante 4% se habría repartido entre otros servicios; el sector de la construcción; las actividades inmobiliarias; los servicios sociales, comunales y personales; el transporte, el almacenaje y las comunicaciones; los servicios de administración pública; la electricidad y el agua; y la extracción de minas y canteras (en ese orden).

De los montos, una tercera parte se recibió a finales de 2018 con el pago del BN, principalmente, mientras que la fracción restante se canceló este 2019.

Recursos frescos

La idea de incluir perdones de intereses y de parte de las sanciones a deudores del Estado se incluyó en el plan fiscal (el entonces expediente legislativo 20.580) como una medida de carácter extraordinario para recaudar recursos frescos en el corto plazo, ante las necesidades financieras del Estado.

Además, Hacienda defendió la idea, tomando en cuenta que muchas de las deudas correspondían a litigios de varios años con bancos y empresas, los cuales podían finiquitarse a más corto plazo de esta manera.

“Es mejor un mal arreglo que una buena pelea”, dijo en su momento el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, quien calificó este movimiento como “una buena oportunidad de construir una salida” a procesos que han desgastado a las partes y que han significado una fuerte inversión de recursos.

No obstante, la idea fue seriamente criticada por algunos opositores, como el diputado frenteamplista José María Villalta, quien opinaba que se trataba de un trato diferenciado irrespetuoso con los buenos pagadores del Estado.

Además, Villalta cuestionó que en el plan fiscal también se incluyeron amnistías para deudores del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); entidades que nada tenían que ver con la recaudación de tributos.

De ellos, recientemente, el IMAS informó que logró una recaudación de ¢586 millones hasta el 26 de febrero, aunque perdonó más en intereses (poco menos ¢790 millones en intereses) producto de la vejez de los casos.

Los principales pagadores, en ese caso, fueron los moteles Fantasy Rooms, que cancelaron ¢570 millones (97%) por cinco deudas distintas.

Disconformidad por los datos

El pasado 12 de febrero, la Sala Constitucional ordenó a Hacienda entregar las listas de posibles beneficiarios de las amnistías tributarias; y declaró de interés público “los montos perdonados en multas e intereses”.

Así lo señaló tras un reclamo hecho por el diputado Villalta; sin embargo, la cartera de Hacienda no girado todavía esas informaciones de forma completa.

“El pasado lunes 25 de febrero se venció el plazo para que Hacienda entregara la siguiente información: potenciales beneficiarios de la amnistía tributaria, la liquidación completa incluyendo lo que se dejaría de percibir por el perdón de multas y sanciones y la lista de quienes se hayan acogido. Este último punto, el más importante, no fue incluido dentro de la información entregada el pasado martes”, informó Villalta en un comunicado de prensa.

Ante esa situación, el congresista anunció que interpuso un nuevo recurso de amparo, de modo que se conozca empresa por empresa, el detalle de los pagos recibidos por el Ministerio.

Al respecto, Hacienda aseguró haber interpretado que la resolución de la Sala sólo pidió dar los datos sobre los potenciales beneficiarios, que fue el dato solicitado por Villalta en noviembre, pero no así el detalle sobre las personas ya formalmente acogidos a esta medida.

En caso de que la Sala Constitucional falle a favor de Villalta, Hacienda debería entregar los datos sobre todas las empresas que se beneficiaron del trato sin excepción.


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