Crisis financiera en organismo de derechos humanos

América Latina empuja a la CIDH a la peor crisis de su historia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos suena todas las alarmas, se queda sin fondos ante el pírrico aporte de los Estados miembros de América Latina.

La pérdida del 40% de su personal y la cancelación de las sesiones de audiencias de julio y octubre son las más inmediatas consecuencias de una severa crisis presupuestaria que se cierne sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aun con la disminución del aporte europeo, la contribución de los Estados miembros no cubrió ni la cuarta parte del presupuesto de la CIDH.
Aun con la disminución del aporte europeo, la contribución de los Estados miembros no cubrió ni la cuarta parte del presupuesto de la CIDH.

La CIDH es una instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargada de velar por la protección y la promoción de los derechos humanos en el continente. Su trabajo ha sido notorio en casos como la emisión de medidas cautelares en favor de la asesinada líder indígena hondureña Berta Cáceres, o en el seguimiento de las pesquisas tras la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México.

El pasado 23 de mayo, las autoridades de la CIDH denunciaron públicamente la grave situación que atraviesa la entidad de derechos humanos mediante un comunicado de prensa en el que calificaban la “crisis financiera extrema” que atraviesan como de “graves consecuencias”.

Concretamente se informó que el ente internacional no cuenta con los fondos “ni con la expectativa de recibir fondos” para renovar los contratos del 40% del personal que se vencen el próximo 31 de julio.

Al mismo tiempo, la CIDH comunicó “con profundo pesar” la suspensión de las visitas previstas para este año, así como de los períodos de sesiones número 159 y 160, programados para julio y octubre.

“La CIDH expresa su profunda aflicción ante las víctimas, los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil que tenían planificado participar en audiencias, reuniones de trabajo y otros espacios previstos para las sesiones de octubre”, añade el texto.

Por su parte James Cavallaro, presidente de la CIDH, expresó en el diario español El País que la Comisión atraviesa “la peor crisis financiera de la historia”, pues sus arcas están “absolutamente vacías”.

El funcionario también destacó que el año pasado los países latinoamericanos y caribeños donaron $13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI), pero solo destinaron $199.000 dólares para la CIDH.

Destacó al respecto que en la CPI no se tramita ningún caso de la región.

“El mensaje parece claro. Algunos países se sienten incómodos cuando la CIDH pone de relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos”, expresó.

Así, sentenció que “nos estrangulan financieramente, quizás para que no podamos cumplir con nuestro mandato”.

Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA el pasado 25 de mayo, el representante de Chile Juan Pablo Lira aseveró que “este no es un problema de financiamiento, es político. Si los Estados consideran que los derechos humanos son prioridad, los recursos aparecerán”.

Al intervenir Luis Almagro, secretario general de la OEA, hizo suyas las palabras del representante de Chile, en el sentido de que la crisis es “un hecho político”.

Añadió que “nosotros mismos hemos permitido llegar a esta situación” y subrayó la necesidad de dotar a la CIDH de “la sustentabilidad financiera, así como la máxima autonomía técnica y la máxima independencia en su trabajo”.

“INCÓMODA” CIDH

La defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, subrayó en primer lugar que desde su fundación en 1959 la CIDH ha sido “la joya de la corona” de la OEA, para luego lamentar que esa Organización destina menos del 10% de su presupuesto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos -también integrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)-, y menos del 7% a la CIDH.

Solano, quien laboró en la CIDH en el 2003 y 2004, destacó que es a esa instancia “donde llegan casi todas las víctimas cuando el Estado no les responde: Ahí es donde llegan las madres a buscar que se investigue el paradero de sus hijos desaparecidos, es donde la gente llega a buscar justicia por temas de tortura, donde se denuncia el abuso de fuerza por parte de la policía, donde se han reivindicado los derechos de los indígenas”.

“En fin -añadió-, es precisamente donde ponemos los ojos cuando el Estado no responde a las necesidades de sus ciudadanos y no respeta sus derechos”.

La Defensora también destacó el papel “central” de la CIDH en el retorno de la democracia en el continente y como ejemplo de ello recordó que durante la última dictadura de la Junta Militar en Argentina, fue la Comisión la que “rompió el silencio de los vejámenes que se cometían, la que le puso un nombre a esa práctica terrible de la dictadura argentina de desaparecer personas. Sin la CIDH  eso hubiera pasado inadvertido”.

“Supongo que precisamente es eso lo que hace a la CIDH muy incómoda, que sea la que señala a los estados cuando cometen vejámenes a los derechos de las personas y probablemente derechos de personas a quienes no quieren por ser opositores políticos, gente sencilla, los pobres, indígenas que tienen derecho a la tierra”, añadió.

Solano informó además que la Defensoría planeaba solicitar una audiencia ante la CIDH para tratar el tema de la violencia obstétrica, lo cual ya no será posible. Al mismo tiempo, destacó las medidas cautelares que la CIDH determinó respecto al caso de la violencia contra la población indígena de Salitre.

En el pasado, países como Venezuela o Ecuador han sido explícitos en sus críticas a la CIDH. De hecho, Venezuela abandonó de plano todo el sistema interamericano de derechos humanos en setiembre del 2013.

Vergonzosa realidad

El financiamiento de la CIDH proviene de cuatro fuentes. En primer lugar figuran los fondos regulares  provistos por la OEA, que en el 2015 alcanzó poco más de unos $5.427.000, alrededor del 58% del total de $9.235.700 con que operó la CIDH el año pasado.

Los Estados miembros aportaron casi la cuarta parte del presupuesto. De los 35 miembros, solo nueve aportaron recursos a la CIDH, el más notorio de ellos fue Estados Unidos que aportó $2 millones.

Los demás aportes provienen de estados no miembros -europeos esencialmente-o instancias observadoras, como la organización Visión Mundial, o el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef).

El canciller a.í. de Costa Rica, Alejandro Solano, manifestó a UNIVERSIDAD que el respaldo financiero es “fundamental” para que el sistema interamericano de derechos humanos. Añadió que la situación financiera “que viven los órganos del sistema” y particularmente la CIDH es un tema que Costa Rica planteó ante el Consejo Permanente de la OEA, mediante “un llamado para que los Estados puedan apoyar en toda su amplitud el funcionamiento incondicional de cada uno de ellos”.

Requerido sobre el aporte de Costa Rica a la CIDH, el funcionario detalló que el año pasado el país aportó $100 mil a la Corte IDH, pero detalló que el país contribuye de manera voluntaria exclusivamente a la relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la CIDH, lo cual en el 2015 alcanzó $3.167,65.

Añadió que “por el momento no es posible” aumentar ese aporte, lo cual es “prácticamente imposible”, debido a “las restricciones financieras del país”. Sin embargo, “es un tema que se continuará evaluando en cuanto las condiciones financieras del país lo permitan”.

El Presidente de la CIDH explicó que históricamente la Comisión ha sobrevivido gracias a los aportes voluntarios de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza y la Unión Europea.

Sin embargo, explicó que este año la crisis migratoria que ha llevado a cientos de miles de personas a buscar refugio en Europa y ello generó  una reorientación de sus prioridades en asistencia internacional.

“No pudimos responderles cuando nos preguntaron por qué los países americanos no se hacen cargo de su propio sistema de derechos humanos. No pudimos responderles porque nos da vergüenza decir la verdad: América Latina y el Caribe no se han hecho cargo de su propio sistema de derechos humanos”, apuntó.
 
Este 1 de junio el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, concedió una entrevista al noticiero Noticias Universidad, de Radio Universidad.
Álvarez destacó en primer lugar una “debilidad institucional” en el financiamiento de la Comisión, pues recibe sólo el 6% del presupuesto de la OEA lo cual en su opinión es un “contrasentido a una demanda cada vez mayor de servicios por parte de víctimas o de personas del continente y de mandatos que le asignan los Estados”.
También se refirió a la reorientación de los fondos que provenían de Europa y al bajo nivel de los aportes de los Estados miembros.
Señaló puntualmente el caso de Brasil, “que lamentablemente no ha hecho contribuciones monetarias”, así como el de algunos países que “expresamente pudieran tener diferencias con la Comisión”, como Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua, según dijo.


Nota actualizada el 1 de junio, a las 11:30 a.m.


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