No pocas críticas cosechó la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) este martes durante una audiencia convocada por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, para estudiar el caso de la viabilidad ambiental otorgada a una gasificadora o incineradora de residuos en León Cortés.
En el encuentro participaron Sheila Fallas, en representación de las comunidades de zona Los Santos y Frailes de Desamparados; Efrén Hernández, geógrafo y vecino de León Cortés y Osvaldo Durán, en nombre de las comunidades de la zona Los Santos e integrante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon).
Por parte de la Setena acudieron su secretario Ulises Álvarez, y el ingeniero químico Oscar Umaña.
Cabe recordar que el pasado 22 de junio la Setena otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de incineración de residuos a ubicarse en León Cortés, que sin embargo ha generado amplia oposición en toda la zona de Los Santos, que abarca a los cantones de León Cortés, Dota y Tarrazú.
Gilberth Jiménez, diputado liberacionista que preside esta Comisión, aclaró al inicio que la audiencia se convocó “en razón a la posible instalación de planta gasificadora en León Cortés, que estaría dando afectaciones ambientales a nacientes de agua potable, mantos acuíferos, así como una inquietud fuerte en cuanto a distanciamiento que debe existir de un centro educativo, en este caso el centro del INA”.
Jiménez además expresó que más allá de esas consideraciones, se tiene “una preocupación muy grande, porque en su momento en la resolución se había dicho que no hay oposición”, pero “de un pronto a otro” Setena emitió otra resolución en que “determina que sí hay personas opuestas, no obstante mantiene la viabilidad del proyecto”.
Así, se le concedió la palabra a Ulises Álvarez, quien informó que el proyecto fue sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) en 2020, “cumple técnica y legalmente con el proceso de EIA” de acuerdo a la normativa.
“Este tipo de proyectos, sea cual sea la metodología, siempre genera conflicto. No es la primera vez. Siempre hay oposición para este tipo de proyectos de manejo de desechos sólidos, es una película que yo ya conozco”, aseveró.
Álvarez subrayó que en el expediente del proyecto consta el permiso de ubicación generado por el Ministerio de Salud, así como el uso conforme de suelo de las municipalidades.
“Con respecto a los cuerpos de agua, están fuera del área neta del proyecto, se va a desarrollar en un área que no hay cobertura boscosa, no se traslapa con zonas de protección, eso es importante, y la cobertura donde está le proyecto es de pasto”, afirmó el funcionario.
Dijo además que la parte más importante del proceso es la de gestión ambiental, cuando se le da continuidad y se supone que fiscalización a los proyectos que reciben la viabilidad. Por ello, ante las quejas de que no hubo espacio de participación ciudadana, añadió que “esta parte social en seguimiento va a ser observada, actualizada, igual todo lo que tiene que ver con la parte de gasificación”.
“Indican que no se realizó una audiencia -alegó Álvarez-, pero existen mecanismos de participación pública, el artículo 56 del decreto 31849, le da la potestad a Setena de tomar otros mecanismos y fue lo que se hizo, hubo muchos procesos participativos que se hicieron, también estudios de percepción local”.
Dijo que a raíz del proceso pendiente por los recursos de revocatoria presentados contra la viabilidad, no podía referirse a más detalles.
Cuando llegó el turno a los ecologistas, Sheila Fallas denunció que “están invisibilizando” a la “oposición completa de toda la zona de Los Santos, especialmente la zona más afectada de las nacientes de Frailes (de Desamparados)”. “Se pidió una audiencia a la Setena y tampoco nos fue otorgada”, fustigó.
Por su parte, Osvaldo Durán afirmó que este proyecto de gasificación “entra directamente en contra” de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, que según citó en su artículo 4 establece que se debe dar prioridad a la recuperación de materiales sobre el aprovechamiento energético, así como que se debe promover la separación en la fuente de los residuos y su clasificación.
Durán llamó la atención a que en León Cortés, cantón propiamente donde se instalaría la planta, “no se llega a una generación diaria de cinco toneladas de basura al día”. Añadió que de acuerdo a esa misma ley, para poder quemar basura cada tonelada se reduce a un 15% o menos, pero “el contrato le pide a León Cortés 17 toneladas diarias, en los tres cantones de la zona Los Santos se producen 18,7 toneladas y la planta gasificadora según toda la información técnica, requiere 175 toneladas para funcionar por día”.
Dijo que esos datos son “alarmantes en términos de la demanda que esta empresa necesitaría”.
Por otra parte, criticó la “ligereza de los documentos” con que se tramitó la viabilidad. Al respecto cito un documento -no dijo cuál- en que se menciona a la “población del cantón de Los Santos. ¿Alguien aquí me puede decir en este país donde queda el cantón de Los Santos? Esto es un chiste. Dice “cuya Municipalidad”, eso tampoco existe. Esto es alarmante desde el punto de vista del manejo y la seriedad que debía haber aquí”.
Finalmente Efrén Hernández dijo que en la zona se tramita una declaratoria de monumento natural, que según dijo “sólo hace falta la firma del Ministro”.
Destacó además que sería el primer proyecto de este tipo de Costa Rica, que en toda América Latina sóloi hay uno similar, en Chile y que “nunca se ha tratado este tema en el área tropical, con todas las lluvias, temperaturas y demás”.
Al iniciar la ronda de preguntas de diputadas y diputados, el liberacionista Jiménez notó que el secretario de la Setena dijo que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales,pero añadió que “lamentablemente hemos visto algunos proyectos que también cumplen con los requisitos y hoy tenemos las secuelas de los daños ambientales, las secuelas sociales, lo digo en el caso del relleno que tenemos en Aserrí pero que nos afecta en Desamparados. Hoy tenemos destrucciones de bosques y de zona protegida. Aunado a los problemas que tiene la comunidad, olores, salud, congestionamiento vial”.
Preguntó entonce si la ubicación del centro del INA, a menos de un kilómetro, podría implicar que no se instale la planta. Además admitió que “yo apoyo a la comunidad y a las organizaciones, porque han demostrado que con el conocimiento de ellos y la experiencia y las vivencias que hemos tenido, que han sido desastrosos los procesos en los que Setena ha metido cabeza y ha apoyado proyectos, las secuelas son grandes y muy fuertes, y Dios quiera que no exista actos de corrupción”.
Ante ello, Álvarez reafirmó la transparencia de la institución, y aseveró que “nosotros hacemos lo que dice la Ley, ni más ni menos”.
Respecto a la resolución que obvió totalmente la existencia de oposición comunal, dijo que “hubo un error material cuando se indicó que no había opositores apersonados, que fue corregido ligeramente, porque la plataforma de Setena automatiza las resoluciones, y se dio ese error”.
Además dijo que Setena pidió una ampliación del proceso participativo, pero análisis técnico indica que “se convocó a varias organizaciones, algunas opositoras a un ciclo de reuniones para tratar los temas de preocupación sin embargo prácticamente declinaron la invitación”.
El funcionario insistió en que se respeta radio de protección de las nacientes.
Por su parte Ariel Robles, de Frente Amplio, dijo que es “una falta de respeto para las comunidades rurales” que la Setena pretenda cumplir con el requisito de procesos de participación ciudadana aplicando solo la tecnología.
Propuso que la Comisión abra un expediente investigativa sobre el caso, pues “hay deficiencias técnicas y jurídicas, las observaciones de las comunidades son sumamente válidas”.
